Dictan condena contra exmiembros del Comando Conjunto por desaparición de universitario

La Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en el caso que investiga la desaparición de José Edilio Flores Garrido, estudiante universitario y dirigente del Partido Comunista (PC), a partir del 11 de agosto de 1976, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ciudad de Santiago.

De ese modo, se mantuvieron las condenas en contra de tres exintegrantes del Comando Conjunto (organismo represivo encabezado por la FACH), como autores del delito de secuestro calificado de la víctima, quien actualmente figura como detenido desaparecido.

Se trata del coronel de la Aviación Juan Francisco Saavedra, quien fue condenado a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y quien recibió reclusión domiciliaria total, por su edad y condición de vejez. También se condenó al capitán de la Armada Daniel Guimpert Corvalán y al coronel de Carabineros Manuel Muñoz Gamboa, ambos a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, y a Alejandro Sáez Mardones, sargento segundo de Carabineros, a seis años de presidio, todos como autores de secuestro calificado, quienes deberán cumplir penas efectivas.

El máximo tribunal rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados al fallo de segunda instancia dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, pero dejó sin efecto la sentencia respecto de la configuración del delito de asociación ilícita por el cual también venían condenados los exagentes, argumentando la falta de razones en el fallo impugnado.

Francisco Ugás Tapia, jefe Jurídico del Estudio Caucoto Abogados, querellante en la causa, valoró la sentencia señalando que “el año en que se conmemoran 50 años de la desaparición forzada de don José Edilio Flores Garrido, la familia que le sobrevive puede contar con una respuesta jurisdiccional definitiva expresada en esta sentencia de la Corte Suprema, que establece los hechos que sufrió, los que califica como constitutivos del delito de secuestro calificado como crimen de lesa humanidad, y condena a los agentes que participaron en tales hechos y que actualmente se encuentran vivos, a las penas que se indican en el fallo”.

En ese sentido, agrega Ugás que “valoramos positivamente que el transcurso del tiempo no haya sido un obstáculo fáctico y jurídico para juzgar y sancionar este crimen”, pero al mismo tiempo lamentó “la desestimación de la configuración de un delito de asociación ilícita conformada para cometer este secuestro calificado, y la consecuencial sanción de tal delito. Creemos que se satisfacían todas las exigencias legales para entender que sí existía este delito, como lo expresó la Corte de Apelaciones de San Miguel”.

Por su parte, Roberto Flores Garrido, hermano de la víctima, agradeció a quienes después de cinco décadas los acompañaron y ayudaron a buscar justicia, pero se mostró desilusionado con que uno de los condenados no cumpla la sentencia en la cárcel.

“Lamentamos que la reciente sentencia de la Corte Suprema vuelva a representar una forma de impunidad encubierta. El fallo —que permite a uno de los responsables cumplir condena en su domicilio y descarta la existencia de asociación ilícita— no es proporcional a la gravedad del crimen de lesa humanidad cometido sobre la persona de mi hermano. Según antecedentes judiciales, agentes del Comando Conjunto siguieron a José Edilio hasta su hogar y lo secuestraron utilizando varios vehículos, sin que hasta hoy se conozca su paradero. Esta resolución vuelve a negarnos la verdad: cómo murió, quiénes lo asesinaron y dónde están sus restos”, sostuvo.

De acuerdo a la investigación encabezada ministra Cifuentes se pudo establecer que el 11 de agosto de 1976 en la tarde agentes del Comando Conjunto, que se movilizaban en un Peugeot, 404, de color celeste, y en un automóvil marca Renault, de color crema, detuvieron a José Edilio Flores Garrido, militante del Partido Comunista, en la intersección de Avenida Club Hípico con calle Lago Pirihueico. Luego, la víctima fue trasladada al centro de detención clandestino ubicado en calle Dieciocho (en Santiago centro), denominado “La Firma”, lugar que se encontraba a cargo del teniente de la Armada Daniel Guimpert Corvalán y del teniente de Carabineros Manuel Muñoz Gamboa, entre otros, desde donde se perdió todo rastro de
José Edilio Flores Garrido.