PAÍS
Trinidad Steinert: el salto olímpico de la Fiscalía al Ministerio de Seguridad
La ahora exfiscal regional de Tarapacá renunció al Ministerio Público para asumir como ministra de Seguridad. Su nombramiento instala un debate sobre autonomía institucional, eventuales afinidades políticas previas y los límites no regulados entre persecución penal y poder Ejecutivo.
La llegada de Trinidad Steinert al gabinete del Presidente electo José Antonio Kast no solo cerró el diseño del nuevo Ministerio de Seguridad, sino que abrió una controversia inmediata en el mundo judicial: el salto directo desde una fiscalía regional a una cartera política clave en el combate al crimen organizado.
La confirmación de Steinert como futura ministra de Seguridad no pasó inadvertida al interior del Ministerio Público. Por el contrario, generó incomodidad, molestia y un debate jurídico de fondo: el paso directo desde un cargo estratégico de persecución penal a una posición ministerial en un gobierno recién electo.
En círculos de la Fiscalía se resintió especialmente que la decisión no hubiese sido comunicada con antelación y que la información se conociera primero por la prensa. Steinert era considerada una fiscal de confianza del fiscal nacional Ángel Valencia, quien la había designado en Tarapacá a fines de 2023.
Uno de los puntos más comentados entre fiscales fue la aparente contradicción con el espíritu de la Constitución. La Carta Fundamental impide que fiscales regionales y el fiscal nacional postulen al Congreso hasta dos años después de dejar sus cargos, precisamente para evitar incentivos políticos durante su gestión.
Sin embargo, ese resguardo no contempla explícitamente el paso al Poder Ejecutivo. “El espíritu de la norma era evitar exactamente este tipo de situaciones”, señalaba un fiscal de Santiago, apuntando a un vacío legal que hoy queda expuesto. El recuerdo del caso de Manuel Guerra y las controversias por negociaciones políticas previas volvió a circular con fuerza en conversaciones internas.
Aunque no existen antecedentes públicos de militancia o adhesión partidaria, en la Fiscalía también surgieron interrogantes sobre eventuales cercanías ideológicas. Se mencionó, por ejemplo, la contratación de Francisco Chambi como jefe de gabinete en Tarapacá, un exasesor del GORE de Arica con simpatías explícitas por el presidente argentino Javier Milei. Estos antecedentes, aunque indirectos, alimentaron suspicacias sobre la relación previa de Steinert con sectores de la derecha dura, hoy representados en el nuevo oficialismo.
Más allá de la polémica, el Presidente electo apostó por un perfil técnico con credenciales duras. Steinert, abogada de 54 años, ganó visibilidad nacional por liderar investigaciones contra redes de tráfico de ketamina que involucraron a exmiembros del Ejército y por su rol en causas vinculadas al crimen organizado y al Tren de Aragua en el norte del país.
En un contexto donde otras opciones se cayeron —como la del general (r) y diputado electo Enrique Bassaletti, que descartó dejar el Congreso—, su nombre terminó imponiéndose como una señal de mano firme y continuidad en la lucha contra el narcotráfico.
La decisión de Kast no es neutra. Al incorporar a una fiscal en ejercicio hasta hace horas, el mandatario electo refuerza su relato de “gobierno de emergencia” en seguridad, privilegiando experiencia operativa por sobre equilibrios institucionales.
