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Agencia UNO
Caso ProCultura: defensa de Larraín descarta fraude y Fiscalía apunta a vínculo con Orrego
En la cuarta jornada de formalización, la defensa de Alberto Larraín pidió descartar la prisión preventiva por considerarla desproporcionada. La Fiscalía, en cambio, sostuvo que existió un acuerdo concertado con autoridades del Gore Metropolitano para defraudar al Fisco.
La cuarta jornada de formalización del caso ProCultura estuvo marcada por los descargos de la defensa del psiquiatra Alberto Larraín, uno de los principales imputados en esta arista del caso Convenios, acusado de un fraude superior a $1.600 millones en perjuicio del Gobierno Regional Metropolitano.
Durante casi dos horas, los abogados Cristián y Vicente Arias buscaron convencer al juez Patricio Álvarez de que la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público resulta “del todo desproporcionada”. En su alegato, Cristián Arias cuestionó la solidez de la investigación, afirmando que existe una imputación “difusa” y que no es claro que se haya cometido un delito penal. Aseguró, además, que los recursos cuestionados “no están en el bolsillo de Alberto Larraín” y descartó la existencia de un fraude al Fisco.
La defensa también buscó desmarcar a ProCultura de otros casos investigados en el marco del caso Convenios. Según Arias, la fundación cuenta con 15 años de trayectoria y decenas de proyectos adjudicados con instituciones públicas y privadas, negando que careciera de experiencia en materias de salud mental. En tanto, Vicente Arias subrayó la colaboración de su representado durante casi dos años de investigación y recalcó que desde 2023 no ha salido del país. Con ello, solicitó que, de estimarse necesario, se decrete arresto domiciliario total como medida suficiente.
Ministerio Público apunta a la gravedad de los delitos
La tesis de la Fiscalía es diametralmente opuesta. El fiscal Cristián Aguilar ha insistido en que, dada la gravedad de los delitos, los imputados debieran quedar en prisión preventiva. Según expuso en audiencias previas, Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno habrían actuado de manera concertada junto al gobernador Claudio Orrego para que ProCultura se adjudicara un convenio por $1.683.788.000, defraudando al Fisco.
Para sustentar esa imputación, el Ministerio Público detalló vínculos previos entre los coimputados y antecedentes que, a su juicio, dan cuenta de un proceso de adjudicación viciado. Entre ellos, un audio de febrero de 2022 en el que Gómez y Larraín conversan sobre el diseño de un programa que luego sería licitado para que la propia fundación se adjudicara los recursos.
Asimismo, la Fiscalía citó la declaración de Marcial Marín, jefe del Departamento de Planificación Social del Gore, quien afirmó haber recibido instrucciones directas de su jefatura para trabajar con ProCultura en el diseño de los términos de referencia y utilizar una glosa presupuestaria específica como parte de una estrategia definida desde la administración regional.
Con estos y otros antecedentes, el Ministerio Público concluyó que los recursos del proyecto “Quédate” fueron asignados de manera discrecional y arbitraria, sin procesos de selección ni verificación de idoneidad técnica, vulnerando principios de transparencia, probidad y eficiencia. Para la Fiscalía, todo respondió a un acuerdo conjunto entre la fundación y autoridades del Gobierno Regional, bajo la supervisión directa del gobernador Orrego.
El tribunal aún debe resolver las medidas cautelares que pesarán sobre los imputados, en una causa que sigue tensionando el debate político y judicial en torno al caso Convenios.
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