PAÍS
Duro revés para fiscalía: tribunal rechaza prisión preventiva para Alberto Larraín por ProCultura
El tribunal determinó que no existían antecedentes que demostraran de manera clara un delito penal ni la participación de los imputados, por lo que solo decretó la cautelar de arraigo nacional y un período de 90 días para que la Fiscalía continúe reuniendo antecedentes.
Durante la noche de ayer, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta contra los imputados en el Caso ProCultura . El magistrado Patricio Álvarez decretó, en su lugar, la medida cautelar de arraigo nacional para los cinco involucrados: Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado.
Tras cuatro jornadas de audiencias, la resolución constituye un revés para el Ministerio Público, por cuanto el tribunal también descartó la cautelar de arresto domiciliario. Estos quedaron en libertad, con la prohibición de abandonar el país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. El tribunal estableció un plazo de investigación de 90 días para que la Fiscalía continúe reuniendo antecedentes.
La causa investiga irregularidades en la adjudicación y manejo de fondos públicos superiores a los $1.600 millones, destinados al programa de prevención del suicidio Quédate, administrado por la fundación. La Fiscalía alega que los recursos del Gobierno Regional Metropolitano fueron manejados de manera indebida, incluyendo inversiones en instrumentos financieros ajenos a los objetivos del proyecto.
Durante la audiencia, el Ministerio Público ―representado por el fiscal Cristián Aguilar― argumentó que la gravedad de los delitos, el rol central de Larraín y el riesgo de entorpecimiento de la investigación justificaban la prisión preventiva. La defensa, en cambio, cuestionó los fundamentos de la acusación. El abogado Cristián Arias sostuvo ante el juez que la acusación carece de precisión jurídica y afirmó que existe una “imputación tan difusa que hace bastante evidente que a la base no es claro que se haya cometido un delito penal”. En relación a los dineros, el defensor enfatizó que “lo que es claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín“.
Sobre la capacidad profesional de la fundación de ejecutar el programa, señaló que ProCultura “tiene 15 años de trayectoria con decenas de proyectos con instituciones privadas y públicas que fueron adjudicados sin ningún inconveniente (…). Es completamente falso que ProCultura, y sobre todo Alberto Larraín, no tuviera la experiencia para tratar temas de salud mental“.
Imputados en el caso ProCultura durante la cuarta jornada de formalizaciones: Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado | Créditos: Lukas Solis / Agencia Uno
En tanto, el abogado Vicente Arias destacó la conducta colaborativa de su representado: “Desde el primer momento ha colaborado en varias oportunidades y de varias formas diferentes”, añadiendo que “desde el 2023 no sale del país, precisamente por la investigación que se está llevando a cabo”.
De este último punto se hizo eco el juez Álvarez en su resolución, estableciendo la ausencia de riesgo de fuga. Además, consideró que la Fiscalía no logró acreditar suficientemente los requisitos legales para la prisión preventiva, pues no observó antecedentes que demostraran de forma clara la existencia de un delito penal ni la participación de los imputados.
A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín se retiró sin responder preguntas de la prensa. Su abogado, Cristian Arias, valoró la decisión, indicando que la resolución está fundada y que la tesis fiscal “carecía de sustento serio”.
“Todos los antecedentes mostraron que no eran proyectos de pantalla, sino que completamente reales, dentro de procedimientos que podrán ser discutibles en cuanto al procedimiento administrativo, pero [el tribunal] no observó nada de naturaleza penal”, señaló.
