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Corte de Coyhaique ordena reanudar causa por fraude al fisco contra el diputado Miguel Ángel Calisto PAÍS Agencia Uno

Corte de Coyhaique ordena reanudar causa por fraude al fisco contra el diputado Miguel Ángel Calisto

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La Corte de Apelaciones de Coyhaique resolvió reanudar el procedimiento penal por fraude al fisco en contra del diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto Águila, acogiendo el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Regional de Aysén y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó reanudar el proceso penal por fraude al fisco contra el diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto, tras acoger por unanimidad la apelación de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. El tribunal dejó sin efecto la suspensión decretada por el Juzgado de Garantía, señalando que se aplicó una norma derogada y que el fuero parlamentario no impide continuar la investigación. Calisto fue formalizado el 14 de enero junto a otros tres imputados por delitos reiterados que superarían los $100 millones.
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El tribunal acogió por unanimidad la apelación del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, dejando sin efecto la suspensión del proceso decretada por el Juzgado de Garantía. El parlamentario fue formalizado el 14 de enero junto a otros tres imputados por delitos reiterados que superarían los $100 millones.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones  revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique que el pasado 14 de enero había suspendido el proceso penal tras la formalización de la investigación, argumentando que el parlamentario Miguel Ángel Calisto contaba con un nuevo fuero al haber sido electo senador.

Según informó el Ministerio Público, la decisión del tribunal confirma que el proceso debe continuar respecto de Calisto, quien fue formalizado junto a otros tres imputados por delitos reiterados de fraude al fisco, por un monto superior a los $100 millones. El plazo de investigación fue fijado en 120 días.

Durante los alegatos, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sostuvo que la suspensión decretada por el juzgado carecía de fundamento legal, ya que se basó en el artículo 615 del antiguo Código de Procedimiento Penal, norma derrogada desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en la región.

La Corte coincidió con ese planteamiento y estableció que resulta improcedente aplicar una norma derogada y atribuible a jueces del crimen. Precisó precisó que el fuero parlamentario solo exige autorización judicial previa cuando se solicitan medidas cautelares personales, situación que no se presenta en esta causa.

El tribunal también consideró que Calisto ya había sido desaforado previamente por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y por la Corte Suprema, mediante resoluciones firmes y ejecutoriadas, por los mismos hechos investigados, ocurridos entre 2018 y 2022. En ese contexto, la posterior elección del imputado como senador no suspende ni invalida las resoluciones judiciales adoptadas.

El abogado César Ramos, defensor de Calisto, dijo que “nosotros estamos muy conformes con lo resuelto hoy por la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Es nuestro interés de esta defensa (…) que el procedimiento se reanudara para poder continuar la realización de diligencias de investigación pedidas por nosotros, tendientes a esclarecer estos hechos y demostrar la total inocencia del senador respecto del delito que se le imputa”.

“Era inconveniente para nosotros que el procedimiento se mantuviera suspendido, sobre todo considerando que la razón legal que se invocó por el tribunal para suspender era una norma inaplicable, pues pertenece al Código de Procedimiento Penal antiguo. Nosotros como defensa no nos opusimos a la solicitud del Ministerio Público, toda vez que entendemos que la discusión sobre el fuero del senador no era pertinente, a diferencia de lo que expresó el Consejo de Defensa del Estado”, añadió.

La investigación se relaciona con presuntas asesorías parlamentarias que, según la Fiscalía, nunca se habrían prestado. Las diligencias han contado con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

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