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Se eleva el tono en torno al proyecto de Sala Cuna: Macaya acusa al Presidente de “mentirle al país”
La tramitación del proyecto de Sala Cuna ha derivado en un choque directo entre el Presidente Boric y la UDI. Esta jornada el senador Javier Macaya acusó al Mandatario de “mentirle al país” al responsabilizar al gremialismo del estancamiento de la iniciativa. La ministra Orellana entró al debate.
La discusión por el proyecto de Sala Cuna universal sigue escalando. Ya se está transformando en un enfrentamiento abierto y directo entre el Gobierno y la UDI. Este martes el senador Javier Macaya acusó al Presidente Gabriel Boric de instalar un relato falso respecto al rol del gremialismo en el estancamiento de la iniciativa.
“A esta altura no tengo más que creer que el Presidente Boric ha optado por mentirle al país respecto a este tema, y actuar con muy poca honestidad al instalar que la UDI habría bloqueado el avance de este proyecto de ley”, afirmó Macaya en conversación con Radio Duna.
Las declaraciones surgen tras los dichos del Mandatario, quien acusó públicamente a la UDI de frenar deliberadamente la discusión. “Todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna”, sostuvo Boric, apuntando directamente al partido opositor.
Macaya respondió que el Ejecutivo intenta trasladar responsabilidades en la recta final de su mandato. “Este es el único gobierno en el mundo que tiene 48 meses para despachar un proyecto de esta complejidad y se acuerda cuando ya estamos prácticamente en receso legislativo”, sostuvo.
El senador enfatizó que la oposición no se niega a legislar, pero sí a aprobar una iniciativa sin certezas. “No vamos a firmar un cheque en blanco. Aquí hay problemas de financiamiento, de gestión y de impacto en las pequeñas y medianas empresas. Entre legislar mal y legislar bien, nosotros siempre hemos elegido hacerlo bien”, recalcó.
Según Macaya, universalizar el beneficio sin un diseño sólido implica riesgos fiscales relevantes. “Estamos hablando de casi mil millones de dólares. Eso exige responsabilidad y números serios, no apuro político”, añadió.
Gobierno defiende el proyecto y llama a retomar el debate
Desde el Ejecutivo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió la iniciativa y llamó a reactivar su discusión en marzo, incluso si ello ocurre bajo la próxima administración.
“Si se aprueba con el próximo gobierno, que así sea. Pero sesionemos la primera semana de marzo y retomemos el debate técnico”, señaló en entrevista con Radio Infinita.
Consultada por si el emplazamiento del Presidente pudo haber endurecido posiciones, Orellana afirmó que las críticas no provienen solo del oficialismo. “Académicas como María Olivia Recart, Francisca Jünemann o Andrea Repetto también han cuestionado que no se permita sesionar. Esto va más allá del tironeo político”, sostuvo.
La ministra remarcó que el retraso tiene efectos concretos. “Mientras no resolvemos esto, perdemos la oportunidad de generar 145 mil empleos formales, de que los hombres accedan al derecho a sala cuna, de incorporar a trabajadoras independientes y de crecer hasta un 0,8% del PIB”, afirmó.
Acusaciones cruzadas
El conflicto se intensificó luego de que el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, calificara como “grave e irresponsable” la decisión de no avanzar en la Comisión de Educación del Senado.
En ese contexto, Boric apuntó directamente al presidente de dicha comisión, el senador Gustavo Sanhueza, acusándolo de impedir la votación. “Se fue de Chile y no citó a la comisión cuando debía hacerlo”, sostuvo el Mandatario.
Sanhueza respondió que el Presidente “está mal informado” y recordó que aún existe una sesión pendiente en marzo. “Pretender explicar la falta de acuerdo por una reunión es eludir responsabilidades políticas”, señaló.
Entre los principales puntos en disputa del proyecto está la cotización obligatoria del 0,3% a cargo del empleador, la creación de un Fondo de Sala Cuna con respaldo fiscal automático y la ausencia —según la oposición— de un estudio robusto de sostenibilidad financiera y de demanda real.
Para la UDI, el diseño actual podría generar presión sobre la oferta, gasto fiscal contingente sin control del Congreso y eventuales efectos negativos en la calidad del servicio. El Gobierno, en cambio, sostiene que la reforma corrige inequidades históricas y amplía derechos laborales largamente postergados.
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