Cámara aprueba duro informe por fallida compra de casa de Allende y apunta a Boric y al Segundo Piso

Con mayoría opositora, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe de la comisión investigadora que revisó la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja. El documento fue respaldado por 66 votos a favor, 42 en contra —principalmente del oficialismo— y seis abstenciones, cerrando así un capítulo parlamentario de una polémica que sacudió al gobierno a comienzos de 2025.

El informe reúne los antecedentes levantados por la instancia y concluye que el intento de adquisición del inmueble estuvo marcado por una cadena de errores en su diseño y ejecución. Según el texto, el proceso presentó “desprolijidades técnicas y jurídicas”, además de una “grave improvisación institucional” en la administración de los recursos públicos destinados a concretar la operación.

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La comisión también pone el foco en la ingeniería presupuestaria detrás del intento de compra. Inicialmente, los fondos estaban asignados al Ministerio de las Culturas para adquirir la vivienda con fines museológicos, pero posteriormente fueron transferidos al Ministerio de Bienes Nacionales bajo el argumento de su mayor experiencia en materia inmobiliaria. El problema —según el informe— es que ese cambio presupuestario se habría realizado mediante una instrucción presidencial interna, lo que abrió cuestionamientos sobre la forma en que se tomaron decisiones financieras relevantes.

A ello se suma otro flanco: la ausencia de reglas claras para retasar inmuebles cuando existen diferencias entre valoraciones públicas y privadas. La comisión sostiene que no existía un procedimiento estandarizado ni normativamente obligatorio para enfrentar ese escenario, y además acusa falta de documentación formal en varias etapas del proceso. En ese contexto, el informe habla derechamente de una “evidente opacidad con que se adoptaron decisiones cruciales al más alto nivel político y administrativo del Estado”.

Se proponía un proyecto de adquisición, restauración y habilitación de “Guardia Vieja 392, Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens”.

El documento también aborda el trasfondo político de la operación. Más allá del objetivo declarado de preservar el legado histórico del exmandatario, la comisión plantea que la compraventa podría haber implicado “una operación económicamente beneficiosa para su familia”.

La controversia escaló rápidamente porque las beneficiarias de la venta habrían sido dos autoridades en ejercicio: la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández —nieta de Salvador Allende— y la senadora Isabel Allende Bussi, su hija menor. La situación chocaba con una prohibición expresa de la Constitución que impide a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado. La crisis terminó con la renuncia de Fernández y la destitución de la senadora, generando además incomodidad dentro del propio Partido Socialista, donde varios dirigentes cuestionaron la cadena de errores que terminó golpeando a dos de sus militantes.

Informe culpa a Boric de eximirse de su responsabilidad

El informe tampoco deja fuera al Presidente Gabriel Boric. En su respuesta escrita a la comisión, el Mandatario sostuvo que desconocía las eventuales inhabilidades constitucionales asociadas a la compra del inmueble. Para la instancia investigadora, esa explicación no es suficiente: el documento afirma que Boric intentó deslindar responsabilidades políticas y califica su argumento como “inaceptable, comprendiendo su rol de jefe de Estado”.

Otro blanco del informe es el círculo de asesores presidenciales. La comisión cuestiona la calidad de la información que habría recibido el Mandatario y también la que llegó a la División Jurídico-Legislativa de la Segpres. Según el documento, esa instancia no detectó a tiempo un eventual conflicto de interés derivado de la participación de autoridades constitucionales, algo que —según el informe— sí habían advertido organismos como el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el propio Ministerio de Bienes Nacionales.

¿Qué implica la aprobación del informe?

A partir de esas conclusiones, la comisión propone revisar y regular el funcionamiento del llamado Segundo Piso de La Moneda, el equipo de asesores del Presidente. También sugiere establecer mecanismos para que las comunicaciones y recomendaciones de esos asesores queden debidamente registradas.

Finalmente, el informe pide al Congreso acelerar la tramitación de un proyecto que modifica la Ley 18.834 —que contiene el Estatuto Administrativo— con el objetivo de permitir que se puedan perseguir responsabilidades administrativas incluso cuando los funcionarios involucrados ya hayan dejado sus cargos.

Con la aprobación del informe en la Sala, la Cámara cierra su investigación política sobre el caso. Pero el episodio —que mezcló patrimonio histórico, conflictos de interés y errores administrativos— deja instalado un debate incómodo en La Moneda sobre cómo se toman decisiones en la cima del poder.

Revés legislativo en la recta final del Gobierno

La última semana legislativa antes del cambio de mando terminó sin proyectos despachados, pese a que el Ejecutivo buscaba cerrar su periodo con avances. Varias iniciativas quedaron a un paso. Entre ellas, la reforma al sistema político fue aprobada con cambios por la Cámara, pero el Senado no alcanzó a discutirla —aunque habrá una sesión el 10 de marzo que, eso sí, tendrá como objetivo principal despedir a los senadores que dejan el cargo—; la reforma a Gendarmería de Chile quedó lista para votarse en Sala; el proyecto de Sala Cuna Universal siguió entrampado en la comisión de Educación; y la Ley de Incendios deberá resolverse en comisión mixta tras desacuerdos entre ambas cámaras. A ello se suman otras iniciativas que seguirán su trámite en marzo, como el proyecto de penas alternativas —que generó fuertes críticas del ministro Jaime Gajardo— y la propuesta para levantar un monumento al expresidente Sebastián Piñera, cuya discusión también quedó pendiente.