PAÍS
Contraloría aprueba reglamento que permite al Estado querellarse por femicidio o suicidio femicida
El reglamento aprobado por la Contraloría General de la República permite al Estado querellarse por femicidio sin autorización de las víctimas o sus familias.
La Contraloría General de la República de Chile dio luz verde al reglamento que fija los estándares técnicos y requisitos para la representación legal de víctimas de violencia de género, medida que permitirá al Estado presentar querellas por femicidio o suicidio femicida por iniciativa propia. Con esta aprobación, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) podrá iniciar acciones judiciales sin necesidad de contar con la autorización previa de la víctima o de sus familiares.
Hasta ahora, el servicio entregaba asesoría y representación jurídica en casos de violencia de género, pero solo cuando la víctima o su entorno otorgaban formalmente el patrocinio legal. Con el nuevo reglamento, en los casos más graves el Estado podrá intervenir directamente desde el inicio del proceso judicial.
“La violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia”, dijo al respecto la ministra de la Mujer y Equidad, Antonia Orellana.
La normativa también establece criterios técnicos que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas que colaboren con SernamEG en la representación de víctimas, con el objetivo de garantizar una atención especializada y adecuada.
Además, desde el gobierno señalaron que esta medida busca fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género y asegurar que los delitos más graves cuenten con representación judicial oportuna. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, afirmó que la violencia de género constituye una grave vulneración de derechos y que el Estado debe actuar para que estos casos no queden sin justicia.
La regulación forma parte de la implementación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, normativa que establece nuevas obligaciones en materia de prevención, atención y seguimiento de estos delitos, además de contemplar un sistema integrado de información entre instituciones públicas.
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