Tras 40 años el Estado reconoció oficialmente la desaparición forzada de joven ariqueño

Cuatro décadas tuvieron que pasar para que la familia de Luis Alberto Pino Soto (15), desaparecido en julio de 1986 en Arica, lograra que el menor fuera reconocido e incorporado en el registro oficial de las personas desaparecidas que dejó la dictadura de Augusto Pinochet.

Como informó El Mostrador, desde fines de 2024 el caso comenzó a investigarse como un crimen de lesa humanidad, abriendo una nueva etapa para esclarecer penalmente los hechos, conocer la verdad y poder dar con los responsables de su desaparición para que enfrenten a la justicia.
El reconocimiento se concretó tras una sentencia dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó incorporar al menor al listado oficial de víctimas, acreditándose que en su caso hubo dos errores: primero incorporarlo en la lista de casos “sin convicción”, en lugar de incluirlo como víctima en el Informe de la “Comisión Rettig” y que, además, existió un error en la transcripción de su apellido.

Fue así que la oficialización se realizó en febrero pasado en un acto encabezado por el ahora ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, en una ceremonia realizada en la delegación presidencial de Arica y en la cual hicieron entrega a la familia de Luis Pino de la carpeta del caso y del reconocimiento en dicha Comisión.

“Continuaremos acompañando a la familia, buscando verdad respecto del paradero de Luis Pino Soto, y justicia respecto de los responsables de su desaparición. Por décadas el Estado no reconoció su desaparición y muchas autoridades nunca se tomaron la molestia de escuchar a la familia, lo cual incrementó el dolor sufrido. Por lo tanto, el reconocimiento del error contribuye a traer tranquilidad a los padres y hermanos de Luis”, señaló Francisco Bustos, abogado de la familia de la víctima.

El profesional además expresó que “valoramos las palabras del exministro de Justicia y Derechos Humanos, y políticas públicas como el Plan Nacional de Búsqueda que contribuyeron a hacer efectiva su inclusión en la nómina oficial de víctimas del Informe de la Comisión Rettig, una vez detectado el error. Y por lo mismo, esperamos que el nuevo gobierno sepa mantener y apoyar el trabajo en materia de verdad y justicia”, sostuvo.

Las diligencias judiciales en esta causa se retomaron durante el segundo semestre de 2024 a manos del Estudio Caucoto Abogados, la cual a través de Bustos presentó una querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de secuestro calificado consumado (que corresponde a la desaparición forzada), así como de cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación, cometidos en perjuicio del joven.

En la oportunidad también se solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos toda la información relativa al manejo del caso por parte de la Comisión Rettig, quienes en su respuesta constataron que el caso de Luis Alberto Pino Soto sí había sido reconocido como una víctima calificada en la sesión 72 de la Comisión, realizada el 27 de diciembre de 1990, pero que por alguna razón que se desconoce el caso del menor no apareció en dicho documento, quedando “sin convicción”, una de las categorías que se utilizaban cuando no se reunían antecedentes suficientes que evidenciaran una violación a los Derechos Humanos de la víctima.

Dicha acción judicial fue acogida a tramitación por el ministro en visita extraordinaria que investiga causas de derechos humanos Sergio Troncoso Espinoza, de la Corte de Apelaciones de La Serena, para establecer el paradero y suerte corrida por el adolescente.

Un largo camino

Luis Pino Soto tenía 15 años al momento de su desaparición y cursaba el tercer año de enseñanza media en el Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de la ciudad nortina. De acuerdo con los datos que se conocen, su rastro se perdió cerca de las 14 hrs del 1 de julio de 1986, una vez que salió de su hogar con destino a la casa de un compañero de escuela, en vísperas de protestas contra la dictadura.

El periplo de la familia comenzó ese mismo día. Cabe indicar que durante las diligencias realizadas en esos años por sus padres ante las policías y en los tribunales de justicia de la ciudad de Arica, sin resultados, se suscitaron diversas irregularidades en torno a su búsqueda.

La primera acción impulsada por la familia fue acudir a la Tercera Comisaría de Carabineros para dejar constancia de la desaparición del menor, diligencia que no se pudo concretar por las pocas horas transcurridas desde su desaparición.

El 3 de julio de ese año, tres días después de perderse su rastro, los padres de Víctor acudieron a la Policía de Investigaciones, específicamente al Cuartel Belén, donde procedieron a estampar una denuncia por presunta desgracia, iniciándose oficialmente la búsqueda del joven estudiante, operación que tuvo nulos resultados.

A lo largo de estos años, su familia habría recibido dos antecedentes que pudieron ser cruciales para acceder al paradero del menor, uno de ellos es que habría sido visto subiendo a un camión militar en la esquina de la Avenida Tucapel, y que su cédula de identidad habría aparecido en la Tercera Comisaría de Carabineros (ubicada cerca de Tucapel), pero ambas informaciones nunca pudieron acreditarse.

En la época de los hechos sus padres también interpusieron un recurso de amparo y otro de protección, pero pese a presentar los antecedentes requeridos la familia fue amedrentada y amenazada para no seguir investigando.

Solo el 27 de mayo de 1990 hubo una luz de esperanza para sus familiares, ya que ese día en el diario La Estrella de Arica salió publicada una nota con un listado de 10 personas desaparecidas, la cual se titulaba: “Coordinadora de Derechos Humanos entregó lista de desaparecidos”. En dicho listado aparece el nombre de Luis, pero con su primer apellido mal escrito, pues en vez de “Pino” se publicó como Víctor “Pinto” Soto.

Esto llevó a sus padres a acudir a la Comisión Rettig, en donde entregaron todos los antecedentes solicitados, pero al darse a conocer el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) en febrero de 1991, el apellido nuevamente venía errado y esta vez decía “Pinto Soto Luis Alberto”, y se encontraba en la nómina de casos “sin convicción”.

En 2023 la familia recibió en su domicilio una citación y multa del Juzgado de Policía Local de Arica dirigida a su hijo por no haberse presentado a votar a una elección obligatoria, lo que incrementó la angustia de la familia, y llevó a que la organización “Mujeres, Memoria y Derechos Humanos” de esa ciudad presentara el caso a diversas instituciones. Ante la falta de respuesta, iniciaron las acciones judiciales en 2024.