PAÍS
Se cae Juan Fernández: Gobierno congela protección marina y paraliza agenda ambiental completa
El Gobierno frenó decretos clave —incluida la protección del hábitat del pingüino de Humboldt, tensionado por Dominga— y dejó en suspenso normas de biodiversidad, emisiones y cambio climático, en una señal de giro que paraliza la arquitectura ambiental heredada y abre incertidumbre regulatoria.
El Parque Nacional “Mar de Juan Fernández”, una de las últimas decisiones ambientales adoptadas por el gobierno de Gabriel Boric —firmada en sus días finales—, quedó en suspenso antes de entrar en vigencia. El Ministerio del Medio Ambiente resolvió retirar el decreto desde la Contraloría, frenando su tramitación y, con ello, una de las medidas más emblemáticas en materia de conservación marina.
El gesto no es aislado. Es la puerta de entrada a una decisión de mayor alcance: el retiro masivo de decenas de decretos que sostenían el marco regulatorio ambiental reciente, entre ellos el de la Reserva Pingüino de Humboldt, pieza clave en la protección del recinto donde pretende operar Minera Dominga.
**Lea aquí el documento donde se retiran los decretos**
De Juan Fernández a la institucionalidad ambiental
El caso de Juan Fernández es especialmente significativo. Se trata de una zona de alto valor ecológico, considerada estratégica para la conservación de biodiversidad marina en el Pacífico Sur. Su declaración como parque nacional no solo tenía implicancias ambientales, sino también geopolíticas y científicas.
Pero junto con este decreto, el ministerio de Medio Ambiente que encabeza la ingeniera industrial, Francisca Toledo Echegaray, retiró también piezas centrales de la nueva institucionalidad ambiental. Entre ellas, el Reglamento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, clave para poner en marcha el sistema que debía administrar parques, reservas y especies en riesgo.
A esto se suma la clasificación de especies según estado de conservación y diversos planes de protección ecológica, todos instrumentos que, en conjunto, daban operatividad a la política de biodiversidad.
Termoeléctricas y normas ambientales: regulación en pausa
El retiro no se limita al ámbito de la conservación. También alcanza normas críticas para el control de la contaminación.
Entre los decretos suspendidos destaca la norma de emisión para centrales termoeléctricas, una regulación largamente esperada para endurecer estándares en el sector energético. Junto a ella, quedaron fuera de tramitación la norma de calidad del aire para plomo y regulaciones sobre contaminantes en aguas.
Otro instrumento clave afectado es el Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), esencial para monitorear el impacto ambiental de industrias y actividades productivas.
Cambio climático y planificación: engranajes detenidos
El paquete incluye además decretos que estructuran la gobernanza climática del país. Entre ellos, el Reglamento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático de Biodiversidad.
También se retiraron normas vinculadas a la Estrategia Climática de Largo Plazo y a la Transición Socioecológica Justa, instrumentos diseñados para coordinar políticas públicas frente al cambio climático.
En la práctica, esto significa frenar la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático en varios de sus componentes operativos.
Permisología y evaluación ambiental: señales al sistema de inversiones
El alcance de la decisión también toca el corazón de la relación entre medio ambiente e inversión.
Fueron retirados decretos como el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, normas sobre compensaciones de biodiversidad y regulaciones sobre restauración ecológica.
A ello se suma el Reglamento del Sistema de Certificación de Gases de Efecto Invernadero y uso del agua, clave para estándares productivos y compromisos internacionales.
Este conjunto de normas formaba parte del intento por ordenar la llamada “permisología ambiental”. Su retiro abre interrogantes sobre los criterios que regirán la aprobación de proyectos en adelante.
Más que un ajuste: una revisión estructural
El carácter transversal del retiro —que abarca biodiversidad, cambio climático, emisiones, áreas protegidas y evaluación ambiental— sugiere que no se trata de una corrección puntual.
La decisión implica, en los hechos, detener la implementación de buena parte del marco regulatorio ambiental reciente.
Y más aún: instala la señal de una revisión estructural de la política ambiental en curso, en la que el Ejecutivo parece dispuesto a redefinir prioridades, instrumentos y ritmos regulatorios.
Por ahora, el efecto es claro. Decretos emblemáticos, normas técnicas y piezas clave de la institucionalidad ambiental quedan en suspenso. El futuro de estas regulaciones dependerá de lo que venga: su reformulación, su reingreso o su reemplazo.
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