Rosa Peña de AIDA: “Se piensa en desconectar termoeléctricas, no en lo que pasa después”

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones y comunidades expusieron que décadas de explotación de carbón, petróleo y gas han dejado impactos profundos, y que el cierre de estos proyectos, lejos de resolverlos, podría agravarlos si se realiza sin estándares claros.

• Casos de Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana evidenciaron un patrón regional: operaciones que terminan sin reparación suficiente, responsabilidades difusas y territorios que quedan a la deriva en medio de la transición.

En ese contexto, conversamos con Rosa Peña, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien participó en la audiencia y ha seguido de cerca estos procesos en la región.

-¿Qué patrones comunes identifican en estos conflictos socioambientales asociados a los combustibles fósiles en América Latina?

-Lo principal es que ninguno de los países cuenta con un marco normativo o institucional lo suficientemente sólido para atender esta nueva fase de la transición energética. Tenemos políticas climáticas, pero no se ha pensado en los proyectos concretos ni en cómo se van a cerrar. No es solo cuándo, es cómo: a quiénes se involucra y cómo se atienden los impactos que quedan en salud, ambiente y economía.

-¿Cuáles son hoy los principales riesgos en los procesos de cierre de estos proyectos?

-Estamos viendo un riesgo muy alto de abandono. En varios casos, las empresas simplemente se retiran sin hacer procesos adecuados de cierre ni diálogo con las comunidades. Eso deja impactos sin reparar y responsabilidades poco claras. El abandono, la elusión de responsabilidad corporativa y la falta de identificación de quién debe responder, son tendencias que se repiten en toda la región.

-En el caso de Chile, ¿qué situaciones ilustran estos problemas?

-Un ejemplo es Tocopilla. Cuando se habla de descarbonización, se piensa en desconectar las termoeléctricas, pero no en lo que pasa después. En ese caso, había grandes reservas de carbón y, ante la falta de regulación, se optó por una quema acelerada para deshacerse de ellas. Eso generó más impactos en una comunidad que ya venía acumulando daños, sin ningún beneficio real en términos energéticos.

-¿Qué cambios concretos están solicitando a la CIDH?

-Le pedimos que establezca lineamientos claros para los Estados sobre cómo cerrar estos proyectos con enfoque de derechos humanos. Eso implica participación efectiva de las comunidades, identificación de impactos, responsabilidades claras, planes de remediación y garantías financieras. También es clave definir cómo se crean alternativas económicas en territorios que han dependido por décadas de estas actividades.

-¿Qué ocurre cuando estos procesos no se gestionan adecuadamente?

-Se generan crisis socioeconómicas muy fuertes. Hay pérdida de empleos directos e indirectos, caída de ingresos públicos y un deterioro del tejido social. Muchas comunidades quedan sin alternativas laborales, con problemas de salud no atendidos y con una identidad construida en torno a una actividad que desaparece sin transición. Eso provoca rupturas profundas, incluso a nivel familiar y comunitario.

-Mirando hacia adelante, ¿cómo evitar que la transición energética reproduzca estas mismas vulneraciones?

-Hay que repensar el sistema completo. No basta con cambiar la fuente energética si seguimos con modelos centralizados que usan territorios como zonas de producción. Hay que descentralizar, promover la autogeneración y dejar de ver estos lugares solo como proveedores de energía. Además, necesitamos invertir más en ciencia y tecnología, porque muchas alternativas –como el hidrógeno verde– todavía tienen incertidumbres y riesgos importantes. La transición tiene que ser planificada desde el inicio, incluyendo cómo van a cerrar también los proyectos del futuro.

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