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FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO
Contraloría revisará legalidad de oficio de Steinert a director de la PDI
El organismo fiscalizador evaluará si la ministra de Seguridad excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes en una causa penal en curso, en medio de la polémica por la salida de la jefa de Inteligencia.
La Contraloría General de la República abrió un nuevo frente en la controversia que rodea a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, al iniciar una revisión sobre la legalidad del oficio que envió a la Policía de Investigaciones (PDI) solicitando antecedentes vinculados a una investigación penal en curso.
La acción fue impulsada por el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien ofició al órgano encabezado por Dorothy Pérez para que determine si la actuación de la secretaria de Estado se ajusta a derecho, particularmente en el marco de las facultades que establece la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública.
El requerimiento apunta a un oficio reservado fechado el 13 de marzo —apenas 48 horas después de asumir— mediante el cual Steinert solicitó información detallada sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá, vinculados a la investigación del denominado “Clan Chen”.
Entre los antecedentes requeridos figuraban datos personales de los funcionarios, sus traslados, nuevas destinaciones y eventuales antecedentes disciplinarios o penales, lo que abrió cuestionamientos respecto de si dicha solicitud pudo interferir en una investigación en desarrollo.
El punto central de la revisión radica en los límites legales del rol de la autoridad política frente a causas penales activas. Según plantea el oficio presentado ante Contraloría, si bien el Ministerio de Seguridad tiene atribuciones para requerir información a las policías, existen restricciones cuando se trata de investigaciones en curso, lo que podría configurar una eventual extralimitación de funciones.
La polémica se enmarca en un contexto más amplio, marcado por la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, decisión que fue solicitada por la propia ministra y que generó cuestionamientos tanto políticos como institucionales.
27 DE MARZO 2026 / SANTIAGO
La ministra de seguridad publica, Trinidad Steinert, junto al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, habla en un punto de prensa refiriéndose al ataque que un estudiante habría cometido contra otros alumnos y docentes en un colegio de Calama
FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO
La secuencia de hechos —el envío del oficio, la solicitud de antecedentes y la posterior remoción de la alta funcionaria— ha instalado dudas sobre el alcance de la intervención de la autoridad en materias operativas y de investigación policial.
En este escenario, la intervención de la Contraloría introduce una dimensión institucional clave, al buscar establecer si las acciones de la ministra se ajustaron a la normativa vigente o si, por el contrario, se vulneraron límites legales en el ejercicio de sus funciones.
La revisión del órgano contralor podría tener implicancias tanto administrativas como políticas, en un momento en que el Gobierno enfrenta presiones en el ámbito de la seguridad pública y cuestionamientos por sus primeras decisiones en esta área.
Con el proceso en curso, la controversia se desplaza ahora al terreno jurídico, donde se definirá si el actuar de la autoridad se mantuvo dentro de los márgenes legales o si abre espacio a eventuales responsabilidades.
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