Hernán Larraín (UDI) respalda idea de terminar con el indulto presidencial

El exministro de Justicia y presidente de la Fundación Jaime Guzmán, Hernán Larraín, se refirió al debate sobre la facultad presidencial de otorgar indultos a personas condenadas, calificando el proceso como “extraordinariamente complejo y delicado” al interferir en una decisión judicial. 

En esa línea, el también profesor de la Facultad de Derecho UC, comparte la postura de la la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien manifestó estar a favor de eliminar esta potestad constitucional del Presidente. Larraín argumentó que la actuación del jefe de Estado “está en un espacio en que sus decisiones pueden estar presionadas por razones ajenas a lo específico de la solicitud del indulto, es decir, presionadas por razones políticas”. 

“Cuando existe separación de los poderes, si yo quiero que haya independencia judicial, no quiero que el presidente intervenga en los procesos ni que modifique con posterioridad una resolución judicial. (…) Incluso por una razón muy atendible, como es una persona en riesgo inminente de muerte, se está cambiando la decisión de un juez. Eso es una intervención de un poder en otro”, dijo en conversación con La Tercera y en medio de las intenciones del nuevo gobierno de otorgar indultos a militares y carabineros condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, al menos.

“Puede haber un consejo que evalúe y recomiende hacerlo o no”

El exsenador agregó que las diferentes razones humanitarias que sustenten la solicitud de indulto pueden “hacer recomendable que un juez, bajo un proceso rigurosamente ordenado y con todas las cautelas que correspondan, incluso oyendo a las víctimas, pueda determinar la remisión o conmutación de la pena de ese caso”. Argumentó que ese es un proceso que a su juicio “es sano” y responde al “viejo principio jurídico, que las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen”. 

“Esto viene de tiempos monárquicos, de cuando era el rey quien delegaba la administración de justicia, y en ese contexto podía tener sentido. Pero al año 2026 nosotros podemos ir fortaleciendo el Estado de Derecho a través de preservar el respeto a la separación de los poderes”, declaró. 

En esa línea, Larraín insistió que “hay que transferir esa atribución de revisar los efectos de una sentencia condenatoria a un juez y sin limitar el acceso a quienes quieran aspirar a ese beneficio luego de cumplir parte de sus penas”. 

“Lo que la presidenta (de la Corte Suprema) insinuó a título personal, y lo que otros han señalado, es que puede haber un consejo que evalúe y recomiende hacerlo o no. El indulto presidencial tal como está concebido hoy día debe terminar. (…) Lo que no es razonable ni conveniente es que sea una autoridad política, una autoridad unipersonal, la que tome esta decisión”, sentenció.