SIN EDITAR
Secretario de Guerra de Trump en la mira por legalidad del ataque a sobrevivientes de “narcolancha”
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, “autorizó” a sus comandantes a realizar un segundo bombardeo que ejecutó a dos sobrevivientes de un primer ataque a una “narcolancha” en el Caribe, ocurrido el pasado 2 de septiembre.
“La orden era matarlos a todos”: esa es la decisión revelada por The Washington Post que pone al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y al Ejército estadounidense contra las cuerdas.
El ‘Post’ informó la semana pasada, citando a funcionarios anónimos, que en el bombardeo del 2 de septiembre, en el que murieron las 11 personas que iban a bordo de una presunta “narcolancha” en el Caribe, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes de aquella primera ofensiva.
La información, desacreditada inicialmente por el propio Hegseth, fue confirmada el pasado lunes 1 de diciembre por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que el secretario de Guerra “autorizó al almirante Bradley (Frank Bradley, comandante a cargo de la operación) a realizar estos ataques cinéticos”.
Ahora, en medio de un intenso escrutinio sobre lo que ocurrió el pasado 2 de septiembre y declaraciones cruzadas, expertos y analistas cuestionan la legalidad de las acciones estadounidenses.
Para Rebecca Ingber, profesora de derecho de la Facultad de Derecho de Cardozo entrevistada por la revista Time, “no hay un conflicto armado real, así que esto es un asesinato”.
Ingber subraya que “declarar que no hay supervivientes o matar a personas fuera de combate constituye un crimen de guerra”, en diálogo con esa publicación estadounidense.
Por su parte, Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito de la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, añade: “No me imagino a nadie, en ninguna circunstancia, creyendo que es apropiado matar a personas que se aferran a un bote en el agua”.
¿Está Estados Unidos en un conflicto armado?
“Eso es claramente ilegal”, sentencia Schmitt, quien añade que “solo se puede usar la fuerza letal en circunstancias de amenaza inminente, y ese no fue el caso”. Por ello, un segundo ataque que matara a sobrevivientes habría sido ilegal bajo cualquier circunstancia, con conflicto armado o no, tal y como puntualiza el experto estadounidense.
A propósito, frente a los señalamientos del Gobierno de Donald Trump de que su país está combatiendo el tráfico de drogas mediante letales embestidas como la que está siendo investigada, Brian Finucane, asesor principal del International Crisis Group y exabogado del Departamento de Estado, estuvo de acuerdo en que Estados Unidos no está en un conflicto armado con los carteles de la droga.
Por ende, “el término para un asesinato premeditado fuera de un conflicto armado es asesinato”, explica Finucane.
Dicho eso, antes de la confirmación de la Casa Blanca de ayer, Laura Dickinson, profesora de Derecho en la Universidad George Washington y experta en derecho de los conflictos armados, sostuvo que si el informe era cierto “Hegseth podría estar expuesto a responsabilidad penal bajo el código de Justicia Militar de Estados Unidos (UCMJ)”, tal y como declaró en diálogo con ‘Time’.
El ataque en cuestión
Se trató de los primeros bombardeos de la campaña de Trump contra las presuntas embarcaciones que trafican drogas en el mar Caribe. El ataque del 2 de septiembre fue llevado a cabo por el Equipo SEAL 6 bajo las órdenes de Hegseth, según la publicación del ‘Post’.
Al respecto, cinco funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato con The New York Times, señalaron que el secretario de Guerra estadounidense, antes del ataque en cuestión, ordenó un bombardeo que matara a las personas a bordo de barco y destruyera la embarcación y su supuesto cargamento de drogas.
En plena crisis, el secretario de Guerra explicó además que Estados Unidosha pausado este tipo de bombardeos porque ahora es difícil encontrar barcos con drogas en aguas caribeñas, a pesar de que los ataques contra los narcotraficantes continuarán, según indicó.
La defensa de la Casa Blanca, en medio del escrutinio bipartidista
Como se mencionó anteriormente, Karoline Leavitt leyó el lunes pasado una declaración que decía que Hegseth había autorizado al comandante de Operaciones Especiales que estaba a cargo de la operación, Frank Bradley, “a llevar a cabo estos ataques cinéticos”.
Sin embargo, la jefa de Prensa de la Casa Blanca puntualizó en que Bradley había “trabajado bien dentro de su autoridad y de la ley que dirigía el enfrentamiento para garantizar la destrucción de la embarcación y la eliminación de la amenaza para los Estados Unidos de América”.
Sus palabras contradijeron al propio presidente estadounidense, quien el 30 de noviembre había dicho que “Pete no ordenó la muerte de esos dos hombres” y que él creía en la versión de su secretario de Guerra. Este martes, sin embargo, matizó que “todavía no he recibido mucha información” sobre el segundo ataque, aunque reiteró su confianza en Hegseth.
Y, mientras la Administración busca desescalar el escándalo que ha provocado este segundo ataque, legisladores tanto demócratas como republicanos exigen una mayor rendición de cuentas por parte del Gobierno; piden que las operaciones en el Caribe sean revisadas.
“Esto alcanza el nivel de un crimen de guerra si es cierto”, dijo el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, mientras que el representante republicano por Ohio, Mike Turner, señaló no tener información sobre el ataque, pero admitió que “obviamente, si eso ocurriera, sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”.
Así las cosas, tanto el Senado como la Cámara de Representantes acordaron una revisión por parte del Legislativo del país de esos asaltos ante la sospecha de crímenes de guerra.
