La paradoja del Servel en caso Lavín: Fiscalía pide aclarar platas no declaradas de candidatos UDI

Las instrucciones enviadas por el diputado Joaquín Lavín León, reunidas en un correo electrónico enviado a sí mismo el 8 de octubre de 2019, son elocuentes respecto del vínculo entre SocialTazk –una web dedicada al marketing político a través de mensajes de texto– y el partido donde entonces militaba, la UDI. “Hemos estado trabajando con la directiva del partido, para armar listas a concejales competitivas y con tiempo suficiente para implementar esta estrategia”, explicaba en dicho mail.

“Cada un@ deberá subir a esta aplicación los datos (nombre, rut, dirección, teléfono, cumpleaños) de cada persona que esté dispuest@ a apoyar su candidatura, creando su propia BB.DD. (base de datos)… y como contraprestación, nosotros buscaremos mantener el contacto y fidelizar a estas personas, financiando campañas de mensajería (SMS)”, detalló en el mismo correo electrónico, dando cuenta que el negocio era intercambiar bases de datos por mensajes de texto, contenido que habría sido financiado con recursos del Congreso Nacional.

La tesis de la fiscalía, planteada en los argumentos esgrimidos para solicitar el desafuero del diputado, no tiene dobles lecturas. “Los antecedentes investigativos demuestran que el imputado Lavín León se encontraba desarrollando una base de datos de electores para su partido político, Unión Demócrata Independiente (UDI), con fines expresamente electorales”, dice el documento al que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador.

Entre los antecedentes esgrimidos figura un correo electrónico, enviado el 20 de agosto de 2020, por Jorge Manzano Gouet –responsable electoral de la UDI durante el caso Penta y recién elegido consejero del Servel hasta 2035–, solicitándole a Lavín León un usuario y clave para acceder a la plataforma. El responsansable de administrar la billetera electoral del partido, según reportó un reportaje previo de este medio, habría sido el encargado de manejar la cuenta de la UDI en SocialTazk.

La revisión de los correos electrónicos del diputado Lavín León, imputado por la Fiscalía Oriente por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, dan cuenta que el parlamentario gestionó la creación de usuarios de la plataforma a más de 70 candidatos de la UDI, con el propósito de “contar con este recurso principalmente para las primarias del 2021”. O sea, para la campaña política de su padre, Joaquín Lavín Infante, quien también hizo uso de la plataforma.

Según antecedentes de la indagatoria, existen 362 facturas emitidas por Modo 74 –la empresa que administraba SocialTazk y donde Lavín León figura como “impulsor y financista–, por un total de $190.743.262. Los documentos tributarios están repartidos entre 20 clientes, entre ellos los entonces diputados Jaime Bellolio, Sergio Gahona, Juan Antonio Coloma, Javier Macaya, Joaquín Lavín Infante –precandidato presidencial en ese tiempo– y hasta la propia UDI, entre otros contribuyentes.

Si bien los diputados que aparecen en el listado rindieron esos gastos debidamente en el Congreso, existe un amplio número de candidatos de la UDI en las elecciones municipales del año 2021 que, a pesar de figurar como usuarios de SocialTazk en los registros internos del diputado Lavín, no rindieron los servicios asociados a la plataforma en el Servel, ni como gastos ni como “donación”.

Oficio al Servel

En su declaración a la Fiscalía Oriente, el 5 de mayo de 2025, Joaquín Lavín León aseguró que desde 2019 su equipo parlamentario ha trabajado en la obtención de base de datos de candidatos fuera de su distrito, situación que realizó en virtud de su cargo como diputado de la República.

En el listado confeccionado por el parlamentario, aparecen 27 candidatos de la UDI para las elecciones municipales del año 2021, de diversas comunas del país, entre ellas Malloa, Calera de Tango, Mulchén, Torres del Paine, Mante Patria, Cartagena, La Granja, Pitrufquén, Estación Central, Los Sauces, Maullín y Melipilla.

Según antecedentes de la indagatoria, existe un intercambio de correos electrónicos entre Lavín León y Arnaldo Domínguez, estrecho colaborador del parlamentario, donde “gestionan la carga en el sistema de las bases de datos obtenidas por los concejales y candidatos individualizados en la planilla en la plataforma SocialTazk”.

Entre los nombres de los candidatos figuran Carolina Saavedra, Edelmira Silva, Joseph Careaga, Beatriz Lagos, Patricia Arriagada, Luis Barría, Osvaldo Román, Ivonne Poblete, Lidia Silva, Jorge Kellendonk, Marie Jeanne Lyon, Eduardo García, Carmen Serón, José Lizana, Mónica González y Abigail Acosta, entre otros aspirantes a alcaldes y concejales.

Fuentes cercanas a la UDI confirmaron a la Unidad de Investigación de El Mostrador que varios de los nombres que figuran en el listado eran “territoriales” –nombre que alude a operadores en terreno– de Joaquín Lavín Infante, cuya candidatura como precandidato presidencial ya había comenzado a correr de cara a las primarias de Chile Vamos, realizadas el 18 de julio de 2021. “Es gente muy cercana a Lavín, como Beatriz Lagos, Joseph Careaga y Abigail Acosta, que históricamente han trabajado con Lavín”, dice un reconocido exmilitante.

La directiva de la UDI, para entonces, estaba encabezada por Javier Macaya en la presidencia y María José Hoffmann como secretaria general, ambos partidarios de que el candidato a la primaria ese año 2021 fuera elegido por los 488 consejeros del partido, una instancia que según los cálculos preliminares favorecía a Lavín, dejando fuera de carrera a Evelyn Matthei.

“Hay que tener en cuenta que María José Hoffman siempre hizo su carrera política al alero de Lavín y Macaya fue quien bajó a Evelyn Matthei en 2021. Esto demuestra que la carrera de Lavín venía armada de antes y que este no es sólo un negocio familiar, sino una articulación para obtener fondos del Estado para financiar una primaria, la primaria de Joaquín Lavín”, agrega la misma fuente.

Lo cierto es que la campaña de concejales de mayo de 2021 –una elección previa a la de Lavín Infante– habría sido la instancia preliminar para probar el alcance de SocialTazk, plataforma que según la investigación de la fiscalía habría sido financiada con aportes del Congreso Nacional a través de rendiciones realizadas por Joaquín Lavín León.

De todos los candidatos que figuran en los registros del parlamentario, según comprobó la Unidad de Investigación de El Mostrador, sólo dos aparecen rindiendo al Servel facturas de Modo 74. Se trata de Jaime Flores Sierralta y José Francisco Moreno, ambos aspirantes a constituyentes. El primero pagó $1.131.500 y el segundo 3 millones de pesos a la empresa asociada a Lavín León.

De todos los otros candidatos que aparecen, ninguno rindió una factura de Modo 74 por servicios asociados a marketing político o campañas telefónicas y aquellos que consignaron dineros provenientes de la UDI lo hicieron como aportes en “especies” de partido político, sin especificar el alcance de la contribución financiera.

Si los trabajos a favor de los candidatos efectivamente se realizaron, tal como aparece en los registros de Joaquín Lavín León, deberían consignarse en las rendiciones electorales de los candidatos, ya sea a modo de gasto o donación. Si esta gestión no se realizó ante el Servel constituiría una irregularidad de la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

A pesar de los años transcurridos, una modificación a la ley Nº 19.884 que entró en vigencia el 12 de mayo de 2021 –tres días antes de las elecciones de concejales del mismo año– permitió ampliar el plazo de prescripción de los delitos relacionados a gastos electorales en 5 años, desde la presentación al Servel de la cuenta de ingresos y gastos de cada candidato.

Respecto a los delitos asociados, la ley castiga a quien otorgue u obtenga aportes superiores al 40% de lo permitido por la ley, el que utilice fondos obtenidos del Fisco en una finalidad distinta a la destinada y al administrador electoral de un partido que entregue antecedentes falsos.

Sobre estos dos últimos puntos, existen serias sospechas. Respecto de los fondos obtenidos desde el fisco, la acción calzaría con las mensajes pagados por el Congreso, a nombre del diputado Lavín, que habrían sido utilizados por SocialTazk, y las irregularidades en la entrega de antecedentes recaerían en la encargada electoral del partido en ese tiempo, la exdiputada María José Hoffman.

Ante ello, la Fiscal Constanza Encina ofició al Servel para que se revisaran los antecedentes mencionados a la espera de un pronunciamiento del servicio en su calidad de titular exclusivo de la acción penal. O sea, solo el Servel es quien está facultado para emprender acciones penales en contra de los responsables.

Vista de este modo, la “pelota” en esta arista estaría en manos del organismo encargado de supervisar la transparencia de los procesos electorales, donde acaba de asumir Jorge Manzano, el histórico encargado electoral de la UDI que pidió a Joaquín Lavín León las claves de Social Tazk.

Consultada para este reportaje, la UDI no respondió a los requerimientos planteados por El Mostrador. El Servel, en tanto, aseguró que “encontrándose la situación consultada en una investigación llevada por el Ministerio Público, este Servicio debe abstenerse de emitir opinión y/o entregar la información solicitada”. A continuación, añadieron que “en caso de solicitarse información por parte del Ministerio Público, Servel entregará los antecedentes requeridos que obren en poder de la institución”.