Pablo Zeballos: la caída de Maduro puede ser un “multiplicador regional del crimen organizado”

Luego de varios años estudiando el sistema político y criminal en Venezuela –íntimamente ligados, como lo evidencia en Chile el homicidio del exteniente Ronald Ojeda–, el experto en crimen organizado plantea que no solo existe un gran riesgo de que se fragmenten los grupos criminales que de algún modo u otro tenían vínculos con el régimen que encabezaba Nicolás Maduro, sino que además parte de las armas automáticas que están en manos de los “colectivos chavistas”, las milicias de autodefensa formadas por civiles (armados por el Gobierno), comiencen a ser traficadas hacia los demás países de la región, como ha sucedido en conflictos anteriores.

Por cierto, no es el único riesgo asociado a dichas organizaciones paramilitares, las cuales –según reciente reportaje de Insight Crime– se han convertido en grupos criminales, “aprovechando sus conexiones con el poder para delinquir”.

En dicho sentido, Zeballos indica que para comprender a cabalidad la situación en lo que respecta a los “colectivos” y el crimen organizado es necesario entender que “Venezuela se estructuró durante años sobre una fuerte centralización política que, en la práctica, convivía con una descentralización real del poder territorial. Mientras el discurso oficial proyectaba un Estado cohesionado, soberano y con una línea ideológica nítida, amplias zonas del país –fronteras, corredores logísticos, áreas mineras y periferias urbanas densamente pobladas– comenzaron a operar bajo lógicas autónomas, donde el control efectivo no dependía de Caracas, sino de ciertos actores locales con capacidad de coerción, financiamiento y gobernanza informal”.

Debido a ello, relata el exoficial de inteligencia de Carabineros y consultor internacional, se fueron creando varios estados dentro del Estado: “Gobernadores, mandos militares regionales, jefaturas policiales, colectivos armados y estructuras criminales se articularon en ecosistemas de poder local, sostenidos por economías ilícitas como el contrabando de combustible y alimentos, el control de trochas migratorias, la extorsión, el tráfico de drogas y la minería ilegal. Estos liderazgos no competían abiertamente con el poder central: lo complementaban, actuando como operadores territoriales que garantizaban orden, lealtad política y flujo de rentas. En varios casos documentados, estas alianzas eran bastante frágiles y transaccionales”.

-¿Y el chavismo fue funcional a este diseño?
-La ideología bolivariana fue mutando progresivamente en la élite dominante y la emergente, primero bajo el chavismo y luego en el madurismo, hasta convertirse en un marco cada vez más sincrético e instrumental. Hoy opera más como un antiimperialismo discursivo que como una línea doctrinaria efectiva. Es una especie de cáscara simbólica que ordena el relato, pero no la conducta que permitió alinear intereses profundamente pragmáticos.

Bajo ese paraguas ideológico se protegieron negocios privados, se blindaron economías criminales y se consolidaron redes de poder local que tenían poco de revolucionarias y mucho de patrimonialistas. Este esquema produjo una unidad aparente, sostenible mientras el poder central podía arbitrar disputas y garantizar protección “desde arriba”. Sin embargo, esa cohesión era frágil. No descansaba en una jerarquía sólida ni en convicciones compartidas, sino en equilibrios transaccionales.

-¿La detención de Maduro y Cilia Flores fue el quiebre de ese diseño?
-Pareciera que el quiebre de la cúpula no es un fenómeno repentino, sino que venía gestándose hace años y tuvo hitos claros, como la detención en 2024 de Tareck El Aissami, uno de los hombres más poderosos del círculo original de Chávez. Lo ocurrido posteriormente con Maduro terminó de romper la ficción de la cohesión. Al desaparecer –o erosionarse– el garante superior, la ideología pierde su función instrumental y los liderazgos locales pueden sentirse liberados para priorizar su supervivencia y sus intereses propios, potenciando la competencia, la fragmentación y la disputa.

En ese escenario, cada territorio podría replegarse sobre sí mismo, reforzando controles, redefiniendo alianzas y, en muchos casos, recurriendo a mayores niveles de violencia para asegurar rutas, recursos y poblaciones. La fragmentación es la consecuencia lógica. Creo que ese es el verdadero riesgo geopolítico del momento venezolano, no un vacío de poder, sino, por el contrario, la proliferación desordenada de soberanías criminales dentro de un mismo Estado.

-¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la salida de Maduro de la jefatura de gobierno, en materia de crimen organizado?
-Más que pensar en que ello significa el fin del crimen organizado, representa el colapso –o debilitamiento– de un modelo de protección. Cuando un Estado o partes importantes de él funcionan como plataforma o nodo capturado, su caída no necesariamente elimina las economías ilícitas, probablemente las deja momentáneamente sin un árbitro central. Ese es el riesgo, ya que el crimen organizado como modelo económico no desaparece, sino que se reordena.

-¿Se puede pensar que la salida de escena de quien ejercía la protección a nivel gubernamental implique una reducción de la violencia y del narcotráfico?
-No necesariamente. De hecho, la evidencia comparada indica lo contrario, pues los periodos de transición generan más violencia, ya que se abre la disputa por territorios, rutas, rentas y liderazgos. La incertidumbre es terreno fértil para ajustes de cuentas y fragmentación, y aquí siempre tendrán más chances de ganar quienes realmente controlan territorios.

-¿Qué ocurre al interior de Venezuela cuando desaparece o se debilita la protección política central del crimen organizado?
-Lo esperable es un proceso de atomización criminal. Grupos que antes operaban bajo acuerdos implícitos o explícitos, garantizados por una protección política o estatal, comienzan a competir abiertamente entre sí. Se rompen equilibrios previamente administrados, emergen liderazgos locales más agresivos y se impone una lógica de “sálvese quien pueda”, caracterizada por disputas territoriales, ajustes de cuentas y una mayor volatilidad de la violencia.

Sin embargo, este escenario tiene un efecto paradójico. La fragmentación inicial no conduce necesariamente a un debilitamiento sostenido del fenómeno criminal. Por el contrario, la presión competitiva tiende a depurar el ecosistema, favoreciendo a los actores más violentos, organizados y adaptativos. Con el tiempo, los grupos que sobreviven absorben o subordinan a los más débiles, dando paso a alianzas más grandes, cohesionadas y resilientes, capaces de operar con mayor autonomía y proyección territorial.

-¿Cómo se comportan las economías ilícitas en este escenario?
-Las economías ilícitas son resilientes y funcionan de manera hidráulica, es decir, si se bloquea un canal, buscan otro. Narcotráfico, contrabando, minería ilegal y extorsión no se detienen, sino que cambian de intermediarios y de rutas.

-¿Se puede hablar de un vacío de poder o más bien de una disputa por el poder criminal?
-Más que un vacío, lo que se observa es una superposición de poderes. Cuando el Estado se debilita o pierde el control efectivo, la gobernanza criminal no espera y  ocupa rápidamente ese espacio, imponiendo reglas, administrando conflictos y ofreciendo control y “protección”, a cambio de lealtad y rentas ilícitas. Este no es un fenómeno exclusivo de Venezuela. Es una dinámica recurrente en América Latina, observable allí donde confluyen fragilidad institucional, economías ilícitas rentables y territorios socialmente vulnerables.

-¿Qué tan determinantes son los colectivos armados en la actual arquitectura de poder en Venezuela?
-Desde la perspectiva de lo que hemos venido estudiando desde hace años, los colectivos armados constituyen uno de los nodos más sensibles y subestimados del sistema de poder en Venezuela. Lejos de ser solo organizaciones de base o grupos de militancia ideológica, en la práctica han evolucionado hacia estructuras híbridas, donde convergen activismo político, control territorial, economías ilícitas y capacidades armadas. Su fortaleza no radica únicamente en la violencia, sino en su funcionalidad, ya que actúan como fuerzas de contención social, control de barrios, intimidación política y, en muchos casos, como brazos operativos del crimen organizado local.

La ideología que los recubre cumple, nuevamente, una función más instrumental que doctrinaria. Opera como una cáscara de legitimidad que permite justificar su existencia, su armamento y su acciona. Bajo ese manto ideológico conviven intereses privados, rentas criminales, protección a economías ilícitas y vínculos directos con funcionarios estatales corruptos, fuerzas de seguridad y redes de contrabando.

El riesgo se amplificó de forma crítica a partir de 2025, cuando el régimen hizo pública la estrategia de armar a la población civil para su defensa. No existe información confiable que permita determinar con precisión el alcance de ese rearme, ni si este llegó de manera sistemática a las fuerzas irregulares. Sin embargo, las imágenes posteriores a la captura de Maduro –con colectivos motorizados portando armas largas– refuerzan una preocupación central: la circulación de armamento fuera de todo control efectivo.

En contextos de fragmentación del poder central, esas armas no permanecen confinadas. Se desplazan, se intercambian y se integran a mercados ilegales, con alta probabilidad de desbordar las fronteras venezolanas y alimentar circuitos criminales activos en el Caribe, la región andina y el Cono Sur.

-¿Qué rol juegan organizaciones como el Tren de Aragua en este escenario?
-Estas estructuras ya operan como franquicias criminales transnacionales. La crisis política en Venezuela acelera su autonomía, les permite negociar directamente con actores locales y exportar modelos de extorsión, control territorial y violencia ejemplificadora.

-En ese sentido, ¿qué riesgos concretos enfrenta Chile?
-Chile enfrenta el riesgo de importar conflictos, no solo delincuentes, pues esta posible fragmentación criminal podría generar efectos en disputas no resueltas, códigos violentos y prácticas de control social criminal que tensionan barrios, cárceles y economías informales.

De todos modos, es una oportunidad para anticipar, fortalecer inteligencia y cooperación regional, pero si se responde tarde o solo con fuerza, el riesgo es que el crimen aprenda más rápido que el Estado. Hay que entender que el crimen organizado no depende solo de líderes visibles. Depende de estructuras, economías y vacíos de gobernanza. Cortar la cabeza sin intervenir el cuerpo solo acelera la mutación.