“Bota todas las huevás”: cuando el crimen organizado capturó al sistema penal en Los Ángeles

El año 2022 todos los ojos del país estaban puestos en el norte de Chile, especialmente en las ciudades de Arica e Iquique, en las cuales los índices delictivos estallaron a niveles nunca antes vistos, producto de la colonización a que fueron sometidas por parte de las organizaciones criminales transnacionales Los Gallegos y el Tren de Aragua.

Las cifras son inequívocas. Mientras ese año la tasa de homicidios en el país fue de 4.9 por cada 100 mil habitantes, en Arica fue de 8.3 y en Iquique casi dobló el nivel nacional: 9.6.

Sin embargo, hubo otra comuna de tamaño intermedio, también situada a mucha distancia de las primeras, en la cual la tasa de homicidios llegó a niveles nunca antes vistos: Los Ángeles, capital de la Provincia de Biobío, donde ese año llegó a 8.6, mayor incluso a la de Arica.

Los policías que trabajaban allí tenían muy claro lo que estaba sucediendo: había una guerra de bandas de narcotraficantes, que se estaban exterminando entre ellos. Las dos principales eran la de “Los Corbata” y la de “Los gallineta”. A ellos se sumaban las organizaciones criminales conocidas como “Los no queríos” y los “Carla Banda”.

Pese a los nombres risibles, las actividades de todos estos grupos eran bastante serias, pues consideraban la existencia de puntos de venta de drogas que eran verdaderos búnkeres fortificados con planchas de acero, dotados de túneles para escapar de la policía y de sofisticados sistemas de televigilancia. A diferencia del norte, los líderes y tenientes de todos estos grupos eran chilenos, pero sus sicarios eran, por lo general, integrantes o exmiembros del Tren de Aragua, muchos de ellos con residencia en Concepción, que viajaban más al sur a exterminar a quienes se les encomendara.

Ha habido varios juicios sucesivos en Los Ángeles en torno a los cerca de 15 homicidios que, según fuentes policiales, se cobraron en medio de esta guerra de bandas, y una de las grandes dudas que siempre quedó flotando en el ambiente es cómo los criminales pudieron mantenerse tanto tiempo operando, anticipándose a allanamientos y operativos.

La respuesta quedó en evidencia en la extensa audiencia de formalización que se realizó durante casi toda la semana pasada, en la cual la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, acusó por distintos hechos a dos abogadas especializadas en la defensa de narcos, Susana Cortés y Andrea Romero, así como al esposo de la primera, Patricio Gutiérrez, que fue el defensor jefe de la ciudad, y un funcionario judicial, Nelson Sáez, sindicado como quien acomodaba las audiencias, de tal modo que buena parte de ellas fueran vistas por una sola jueza de garantía, Cherie Palomera.

Esta, junto con el exfiscal de drogas de Los Ángeles, Rodrigo Durán, esposo de la abogada Andrea Romero, serán próximamente objeto de una querella de capítulos, con el fin de despojarlos de su fuero y formalizarlos después. Tras la audiencia, tanto Cortés como Romero quedaron en prisión preventiva, mientras que Gutiérrez y Sáez quedaron con medidas cautelares de menor intensidad.

Accesos indebidos

Como quedó de manifiesto en la extensa formalización, las abogadas tenían un acceso ilimitado, gracias a sus parejas, a los sistemas informáticos reservados de la Fiscalía y la Defensoría, gracias a lo cual sabían quiénes eran detenidos, qué medidas cautelares se pedirían en contra de ellos y qué antecedentes había en las investigaciones al respecto.

Los peritajes realizados a los equipos informáticos de ambas instituciones revelaron cientos de accesos. Como lo explicó la fiscal Mansilla, las dos abogadas “cooptaron las funciones del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública en concomitancia con sus cónyuges”, pero además conseguían que “la agenda de audiencias de interés de las imputadas las dirigiera la magistrada Cherie Palomera Astroza, juez del mismo juzgado, en atención al vínculo de amistad que ambas tenían con ella y para que fallara en favor de sus intereses, principalmente en causas por delitos de la Ley 20.000 (antidrogas) en que ellas actuaban como defensoras”.

Además –indicó la persecutora–, tanto Durán como Gutiérrez se habían concertado con ambas abogadas “para atentar contra la correcta administración de justicia”.

De ese modo, ambas estaban en ventaja respecto de otros defensores particulares, pues no solo sabían cuáles eran sus opciones de negociación con los fiscales, sino que además “dicha información obtenida indebidamente les permitía decidir cuánto dinero cobrar a futuro clientes, generando ganancias sustanciosas que se incorporaron al patrimonio familiar de los cuatro imputados”.

Según la Fiscalía, en el caso de Cortés, las ganancias que obtuvo de este modo ascienden a los 461 millones de pesos, mucho más que Romero, a quien le imputan 41 millones obtenidos gracias a la información espuria.

Al respecto, Romero, quien prestó declaraciones en la audiencia, reconoció que ingresaron a “causas de drogas desformalizadas de la ciudad de Los Ángeles”. Del mismo modo, dijo que no era amiga de la jueza Palomera, aseverando que de ella “tengo la mejor apreciación, respeto como profesional, pero no soy de ninguna forma amiga íntima ni me relaciono más allá de la forma que me pudiera implicar que ella no pudiera resolver causa alguna en que yo estuviera involucrada”, afirmando también que “creo que dejé pasar muchas señales que debieran haberme advertido de los inconvenientes que estaban presentándose, principalmente por mi relación por el hecho de yo ser casada con un fiscal”.

“Bota todas las huevás”

Sin embargo, en el caso de las dos abogadas las acusaciones fueron mucho más allá, puesto que, a juicio del Ministerio Público, ambas no solo accedían a información reservada, sino que además, gracias a ello, protegían a sus clientes –algo que no compartieron sus defensas–, entorpeciendo las investigaciones en forma activa, por lo cual hubo formalizaciones también por tráfico de drogas y tráfico de armas.

Uno de sus clientes más preciados era Luis Corvalán Novoa, líder de “Los Corbata”. En la audiencia se exhibió, de hecho, un audio captado por la policía, en el cual se escucha claramente cómo la abogada lo llamó luego de la detención de un miembro de su banda, diciéndole “bota todas las huevás, porque están pinchados”.

Además, en ese mismo llamado le informó que su adlátere había pasado a control de detención, tras lo cual le insistió: “Ojo con esa huevá, bota los teléfonos completos, porque están pinchados”, para luego decirle “ahora, borra todo lo que te he mandado”.

Asimismo, en julio de 2021, tras un ataque con armas de fuego que sufrió Corvalán Novoa, las abogadas interrogaron a otro cliente del estudio jurídico para ver si estaba relacionado con el atentado, información que entregaron a integrantes de la banda de Corvalán Novoa.

Al año siguiente, el principal sicario del grupo, el venezolano Moisés Bastardo (actualmente condenado a presidio perpetuo), les informó que enviaría armas a un tercero, identificado como Oscar Campos, ante lo cual las abogadas denunciaron a este como autor de tráfico de armas, indicando que Bastardo se había enterado de ello por redes sociales, buscando de ese modo configurar una aminorante de colaboración sustancial para este sujeto, lo que no les resultó (sin perjuicio de que Campos terminó condenado).

La información sobre armas que les entregó Moisés Bastardo.

Homicidio en el centro

Quizá una de las situaciones más brutales en que las dos abogadas se vieron involucradas, y que refleja el mundo de violencia en que vivían, fue que uno de sus clientes fue acribillado en la puerta de la oficina de ambas, en pleno centro de Los Ángeles.

Efectivamente, el 7 de febrero de 2022, Juan Francisco Ortiz (conocido como “El Kal”) acudió a las oficinas de Cortes&Romero, ubicadas en el edificio Manso de Velasco, en la calle homónima, a tres cuadras de la plaza de armas de la ciudad. Líder de la banda de “Los no queríos”, luego de ser atendido al interior de la oficina, a eso del mediodía, “El Kal” salió a la calle, donde era esperado por un sicario también venezolano, miembro del Tren de Aragua, pero parte del grupo de “El gallineta”, quien le disparó por la espalda, iniciando así una secuencia de crímenes que costaron la vida al menos a cuatro miembros de “Los no queríos” y a dos de “Los Gallineta”, por disputas territoriales.

Como autor del crimen de “Kal” fue sindicado el miembro del TDA Gregory Cortés Fernández, quien luego de los hechos, y al darse cuenta de que había sido identificado por la policía, huyó a Estados Unidos, donde fue detenido a mediados del año pasado, tras lo cual fue extraditado a Chile, a junto a otros miembros del Tren de Aragua.

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