Investigación
Imágenes: AgenciaUno
La investigación de contrainteligencia detrás de la polémica remoción de jefa de la PDI
Senador Iván Flores explica que la ministra Trinidad Steinert “tiene un especial interés en uno de los funcionarios” policiales removidos de Iquique por sugerencia de la contrainteligencia de la PDI, la cual investiga si existen vínculos entre detectives y miembros del “Clan Chen”.
Un clima enrarecido se vive al interior de la Policía de Investigaciones desde el fin de semana, cuando comenzó a trascender -por medio de la voz del senador DC Iván Flores- que había sido abruptamente llamada a retiro la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, la prefecta general Consuelo Peña, quien asumió ese cargo el 10 de abril de 2024.
A los comentarios al respecto se sumaron todo tipo de otros rumores, incluyendo una supuesta petición de renuncia del gobierno hacia el Director General, Eduardo Cerna (lo que no es efectivo). Recién el domingo en la noche la institución emitió un comunicado en el cual confirmó la salida de Peña y dio a conocer que su sucesor era el prefecto general Ricardo Gatica, sin explicar los motivos de la remoción, algo atípico, dado que lo habitual es que los pases a retiro se efectúan generalmente a fines de año, cuando se conforma el alto mando del año siguiente.
Sin embargo, todas las versiones indican que fue la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien pidió la renuncia de la tercera antigüedad de la PDI, luego de que el 13 de marzo (es decir, dos días después de asumir su cargo) enviara un oficio a Cerna pidiendo explicaciones por la remoción de varios oficiales de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de Iquique.
El documento, dado a conocer por radio Bío Bío, pide la individualización completa de los oficiales de la Brianco que fueron trasladados a otras zonas del país, los “fundamentos del traslado”, las “nuevas destinaciones y funciones” y un detalle no menor, que es el eje del problema de fondo: también pide que se le informe acerca de los “antecedentes disciplinarios o penales” de dichas personas, solicitando al director de la PDI “adjuntar copia íntegra de cualquier denuncia administrativa, sumario interno o denuncia penal que, de existir, hubiere servido como antecedentes para fundamentar la remoción de los funcionarios”.
En otras palabras, la ministra quería saber si existía alguna investigación vigente en contra de los removidos.
El clan Chen
Cabe indicar que los policías trasladados son los mismos que, junto a Steinert, que se desempeñaba en ese momento como fiscal regional de Tarapacá, estaban a cargo de la investigación en contra del Clan Chen, una organización criminal trasnacional de origen chino que lavó cerca de 210 millones de dólares en empresas de papel creadas para ese fin en la zona franca de Iquique, dinero que obtenían estafando a personas de la tercera edad en EE.UU. y que después de ser lavada en Chile enviaban a cuentas bancarias de Hong Kong y Taiwán.
El 9 de enero de este la PDI allanó 73 domicilios en Tarapacá y la Región Metropolitana y detuvo a un total de 49 personas, 43 de las cuales fueron formalizadas por asociación ilícita y lavado de dinero.
Once días más tarde, sin embargo, Steinert renunciaba a la fiscalía, luego de que fuera presentada como nueva ministra de Seguridad Pública por el Presidente José Antonio Kast.
Pese al éxito del operativo, relata el senador Iván Flores (DC) algunos de los funcionarios de la Brianco de Iquique comenzaron a ser observados con atención por parte del personal de la unidad de contrainteligencia de la PDI, conocida al interior de la institución como “La contra”, la cual se dedica a indagar, entre otras cosas, delitos o conductas indebidas de los funcionarios. Esta unidad depende de la Jefatura Nacional de Inteligencia (Jenainpol), la cual a su vez es parte de la subdirección que Peña encabezaba hasta el viernes pasado.
Al respecto, el senador Flores indica que “la contrainteligencia de la propia institución, en sus mecanismos internos de control, definió que había que remover a algunas personas por el bien de la investigación, lo cual motivó la cólera de la ministra Steinert”.
A ese respecto, agrega que “hubo información de que había habido contactos entre estas personas con los sujetos que estaban investigando” y que mientras eso se verificaba se tomó la decisión de mantener a los oficiales alejados del caso. Fuentes policiales consultadas al respecto indican que es normal que en la PDI, así como en Carabineros, cuando existe alguna posibilidad de algún vínculo espurio entre investigadores e investigados, se cambie de unidad a los primeros, como una medida preventiva y sin que ello implique necesariamente que sean culpables de algo. “Siempre se hace mientras se desarrolla una investigación de esta naturaleza”, explicó una fuente policial al respecto.
Sin embargo, indica el parlamentario, Steinert “tiene un especial interés en uno de los funcionarios” removidos, y eso sería lo que la motivó a exigir antecedentes respecto de los cambios de destinación, aunque no es lo único: también, explica Flores, la ministra envió un oficio a Cerna pidiéndole antecedentes relativos a la causa que se sigue en la Fiscalía Local de Valdivia, en la cual el hijo mayor de Peña -que fue jefa regional en esa ciudad- tiene la calidad de testigo, dado que el año pasado la prefecta general descubrió algunos gramos de droga en el acceso a su casa, realizando ella misma la denuncia respectiva.
Luego de una investigación inicial se determinó que eran drogas compradas por su hijo para consumo personal, pero el caso además fue polémico porque la funcionaria de la PDI que inicialmente tenía el caso fue trasladada durante algunas semanas a otra repartición, aunque finalmente fue devuelta a su unidad original, la Brianco de Valdivia.
Las atribuciones
Flores indica que “nos costó mucho crear el Ministerio de Seguridad y fuimos muy precisos, a raíz del caso Monsalve, de las atribuciones que tenían que tener los ministros de seguridad y sus subsecretarios, de tal manera que la relación con investigaciones reservadas, temas relacionados con inteligencia, cualquiera sea, o cuestiones que sean extremadamente delicadas, investigaciones secretas, no podrían pedirse informaciones mientras están en curso y aquí lo que estamos viendo es que la ministra Steinert, a lo menos en sus primeros días, ha faltado a la norma”, en específico, al pedir información relativa a si existe una denuncia o no en contra de los detectives iquiqueños, información que se encuentra radicada en el ámbito de la inteligencia policial y que por ende es secreta.
A ese respecto, agrega que de fondo lo que hay (en referencia al Clan Chen) “es una investigación súper delicada y cuando la PDI, a través de Consuelo Peña, decide hacer el cambio del equipo que trabajaba con la fiscal, fue porque tomó una decisión destinada a asegurar el buen éxito de la investigación”.
Asimismo, el parlamentario por la Región de los Ríos opinó que todo lo ocurrido empaña además el trabajo del actual director de la PDI, del cual dice que “después de Mery, es el que ha hecho la gestión más exitosa” desde el retorno a la democracia.
Otra reivindicación de Cerna, que en las filas de la PDI fue interpretada como un mensaje directo al Gobierno en orden a no tocar al director de la institución, la hizo el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien ayer justamente participó del acto en el cual asumió la nueva fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena.
Consultado sobre lo ocurrido con Steinert y Peña se excusó de opinar, pero sí salió en defensa del oficial: “Quiero resaltar la calidad del trabajo que está realizando hoy día la PDI y la buena salud del vínculo institucional y de trabajo operativo entre la Fiscalía y la PDI en todo el país”. Asimismo, reconoció que “en los últimos años”, en referencia a los mandatos de Sergio Muñoz y Héctor Espinosa “habíamos tenido algunas dificultades”, pero detalló que “con el director Cerna tenemos una excelente relación personal, pero más importante que eso, y es bueno que la ciudadanía lo sepa, una excelente relación de trabajo, tanto con el director general como con la Fiscalía Nacional y con todos los equipos a lo largo del país”.
La versión de Steinert
La ministra, en tanto, acudió ayer en la tarde a la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara baja, donde el diputado Raúl Leiva (PS) le pidió explicaciones por el oficio relativo al traslado de los oficiales de la Brianco Iquique. A ese respecto, la exfiscal respondió que “entiendo que actué dentro de mis competencias sin vulnerar la Constitución”, afirmando que “jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo”.
Del mismo modo, dijo que “si yo no tuviera la posibilidad de pedir a policías y a carabineros determinados antecedentes, entiendo que el Ministerio de Seguridad entonces serviría poco” y afirmando que “lo que estoy haciendo es ejercer mis facultades. A mí me parece, más aún como funcionaria pública, si es que de dicha respuesta pudiese haber parecido que quizás que este cambio se debió a la comisión de un delito, más aún estoy obligada a ver qué es lo que pasó”. Del mismo modo, negó haber sido ella quien pidió la salida de la oficial.
Sin embargo, fuentes allegadas a los hechos señalan que el pase a retiro de la oficial se produjo ante una petición verbal directa, realizada por la ministra Steinert hacia el director Cerna, en la cual se le habría dado a entender a este que la solicitud contaba con el respaldo del Presidente Kast.
El Mostrador solicitó a la PDI información relativa a los motivos por los cuales fue removida la prefecta general Peña, pero la solicitud ni siquiera fue respondida por la institución.
El Ministerio de Seguridad Pública tampoco había respondido, hasta el cierre de esta nota, la solicitud de información que formuló este medio al respecto.
