Este artículo nace con el objeto de contraargumentar algunos supuestos que se han planteado en la columna de opinión “Hacia una política demográfica integral”, publicada hace unos días por El Mostrador.
Comenzamos haciendo mención a que tal artículo nos parece descontextualizado, irreal y antojadizo frente a la situación de la inmigración en Chile y en el mundo. Simplemente tomar cifras demográficas no da cuenta del conocimiento necesario para emitir un análisis comparativo entre Chile y Europa respecto a las políticas sociales de cuidado, migratorias y de bienestar. De este modo, vemos que existe una necesidad actual, tanto en Chile como en el mundo, de desmitificar la inmigración y los supuestos ‘problemas’ asociados, y procurar que una discusión respecto a la migración y la nueva ley migratoria en Chile tenga como base ética los derechos humanos, el derecho a la migración y la no discriminación por origen nacional, étnico o de clase social.
En primer lugar, la inmigración en Chile según el Departamento de Extranjería y Migración, corresponde al 2% total de la población del país, la cual se ha caracterizado por residir en la región metropolitana, especialmente en comunas como Santiago Centro, Recoleta e Independencia; provenientes de países vecinos como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. Este porcentaje es considerablemente menor a los países Europeos con los cuales se compara el artículo mencionado. En países como España, Reino Unido y Francia, el porcentaje de migrantes supera el 10% (13.8%, 12.4% y 11.6%, respectivamente, según datos del 2013 del Migration Policy Institute). Por tanto, la comparación directa que hace el artículo entre el contexto migratorio europeo y el chileno evidentemente sale de proporciones.
Segundo, el artículo señala que un argumento de la élite política chilena para aumentar el número de inmigrantes ha sido el envejecimiento poblacional y la necesidad de contar con mano de obra joven (y barata) capaz de mantener la economía del país. Nuevamente al comparar cifras entre ambas regiones, el artículo concluye que no sería necesario que llegaran más inmigrantes puesto que ‘de lo más bien que se las han arreglado los países Europeos sin inmigrantes’.
[cita] Creemos importante destacar que la discriminación y racismo que viven mujeres, hombres, niños y niñas inmigrantes no solo se reproduce en la vida cotidiana, sino que también en la reproducción de artículos desinformados y conservadores que no hacen más que definir a los inmigrantes como mercancías económicas y/u ‘otros’ sin derechos. [/cita]
Cabe preguntarse, ¿entenderá el autor del artículo que los Estados de Bienestar europeos –aunque se encuentra pasando por un período de austeridad– son incomparables con los programas sociales y de cuidado en Chile? En Chile no existe un sistema de cuidado a la infancia y de adultos mayores eficaz, de calidad y completo, por lo que muchas familias deben buscar soluciones ‘privadas’ para solucionar este tema público. A su vez, ¿sabrá el autor que las cifras de inmigrantes realizando labores de servicio quedan invisibilizados por la informalidad de estos tipos de trabajos? Muchos inmigrantes realizan labores que ‘locales’ no desean hacer. Labores de trabajo doméstico, construcción, aseo público, temporeras, son algunas de estas funciones que no aparecen en la cifras que dan cuenta de la labor que muchos inmigrantes realizan en los países de llegada, labores no entendidas como relevantes para el país.
Esto nos lleva destacar un problema más profundo en el texto, el carácter funcionalista de la relación entre inmigración y la economía local. Del artículo se desprende que esta solo debe ser deseable para el país de origen, desechable cuando ya no se requiera y selectiva. En este sentido queremos ser enfáticas en decir que los inmigrantes y sus familias no son “mercancías económicas” que solo tienen valor por su ‘aporte’ económico al país. No son una mercancía que solo se adquiere, transa e intercambia cuando el producto esté de moda o, como describe el texto, ‘atraer mano de obra extranjera durante años dorados no es una buena práctica, porque los trabajadores no se pueden exportar en los años grises o negros’.
Por otro lado, decir que “lo lamentable es que la población siga creciendo, gracias en gran parte a la inmigración desmedida y no selectiva (con los consiguientes problemas). El tipo de crecimiento que necesitamos es intelectual, educacional, moral, ético, etc., no en número de habitantes”, resulta un argumento con falta de humanidad que asusta.
Al parecer, para el autor basta con dividir el mundo en personas de primer y segundo orden. No, señor, todas las vidas, inmigrantes o no, tienen valor por sí mismas. No son medibles y cuantificables. La discusión sobre los ‘aportes económicos’ de los inmigrantes tampoco puede ser ocultada con un discursos de los ‘aportes culturales o sociales’ de los inmigrantes. Eso sería simplemente reproducir un racismo cultural. Los inmigrantes valen porque sí y punto. Por último el artículo afirma que “ninguno de los inmigrantes son refugiados de persecución religiosa o política”, pero esto no concuerda con la realidad en donde Chile alberga a casi más de 2.000 refugiados y personas que piden asilo según datos del ACNUD 2010. Lo cual vuelve a mostrar el poco conocimiento al respecto de quien escribe el texto.
El autor del artículo citado señala que los inmigrantes serán un gasto público para el país. Dicho argumento da cuenta del desconocimiento absoluto de la situación actual en que viven la mayoría de los inmigrantes que se encuentran en Chile. Diversos estudios han mostrado que tanto en acceso de educación, salud y vivienda estamos a años luz de estar entregando servicios básicos de calidad y por ende algo ‘costoso para el Estado’ (OIM et al. 2012). En su mayoría, los inmigrantes no acceden a salud, educación y subsidio habitacional, solo cuando logran la reunificación familiar y mejorar sus condiciones, que es luego de mucho tiempo que llevan en el país. En términos concretos en relación a educación, por ejemplo, el porcentaje total de estudiantes inmigrantes en nuestro sistema educativo para el año 2014, según datos del Mineduc, representa menos del 1%. El punto central es que ‘el costo’ que una persona es para un determinado Estado no puede hacer distinción por nacionalidad, género, orientación sexual, etnicidad o clase social. Somos todos iguales ante la ley.
No debemos olvidar, por otro lado, que Chile ha ratificado la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como la Convención de los derechos del niño/a. Chile está incumpliendo dicho convenio dado que respecto al acceso y a la calidad de los derechos de niños/as existe aún una deuda tanto para inmigrantes como no. Estos servicios son un derecho humano, independientemente de la situación migratoria. No es algo que se pueda poner en cuestión.
Llama la atención los argumentos del artículo donde se relaciona –muy creativamente debemos decir– el calentamiento global con la migración. ¿Cuál sería esta relación? No nos queda claro. Lo que sí sabemos es que el calentamiento global no dice relación con el movimiento de personas, pero sí con el movimiento de capital financiero a través de empresas transnacionales que lucran con el medio ambiente y que no procuran medir sus ganancias con el fin de proteger nuestra naturaleza. A su vez, impacta la relación que el artículo establece entre hacinamiento y problemas de transportes. Si bien sabemos que muchos inmigrantes viven en situación de hacinamiento, así como muchos chilenos también, no podemos pensar que esta situación es culpa de ellos. Se debe a la falta de regulación estatal y políticas públicas que solucionen el problema de vivienda en la ciudad de Santiago. Y con respecto al problema de transporte, ¿le vamos a echar la culpa del Transantiago a los inmigrantes?
Como se ha mencionado antes, los inmigrantes que han llegado las últimas décadas al país comparten la misma lengua, así como aspectos centrales de la cultura (en términos de religión e historia). Sin embargo, la no integración tiene más que ver con una respuesta de la sociedad chilena. Diversos estudios han manifestado la discriminación y estigmatización por parte de los chilenos hacia las familias inmigrantes en diversos ámbitos del espacio social: escuela, trabajo y vida cotidiana (Cornejo et a, 2013; Pavez, 2012; Stefoni, 2008; Tijoux, 2014). Creemos importante destacar que la discriminación y racismo que viven mujeres, hombres, niños y niñas inmigrantes no solo se reproduce en la vida cotidiana, sino que también en la reproducción de artículos desinformados y conservadores que no hacen más que definir a los inmigrantes como mercancías económicas y/u ‘otros’ sin derechos.
