Como si 2008 no hubiera ocurrido: el giro intelectual que el debate chileno debe incorporar

“El economista neoclásico es un peligroso consejero en tiempos turbulentos, porque promete cosas que unos mercados incontrolados no pueden ofrecer” (Robert Skidelsky)

En ciertos círculos de la derecha chilena persiste un automatismo ideológico. Ante cualquier problema económico —inflación, deuda pública, bajo crecimiento, déficit fiscal— reaparece la misma receta de los años ochenta —menos Estado, más mercado, baja de impuestos y desregulación. Ese programa enfrenta dos objeciones distintas, y conviene no confundirlas. La primera es política. Resulta legítimo preguntarse cómo podría implementarse en una democracia cuya ciudadanía ya expresó con fuerza su malestar frente a la desigualdad y los abusos. La segunda es más profunda y menos discutida en el debate público chileno. Ese recetario carece hoy de sustrato intelectual sólido porque fue cuestionado desde adentro por la propia disciplina económica, especialmente tras la crisis financiera global de 2008. Defender la economía de la oferta asociada a Ronald Reagan y Margaret Thatcher o el llamado consenso de Washington equivale, en química, a reivindicar la alquimia. Esa imagen, sin embargo, no exime a quienes la critican de sostener sus argumentos con el mismo rigor que exigen al adversario.

La crisis del paradigma económico dominante

En ¿Qué falla en la economía? (Deusto, 2022), Robert Skidelsky desarrolla una crítica erudita al pensamiento económico dominante que dio sustento teórico al proyecto neoliberal. Su argumento central sostiene que la economía académica fue abandonando gradualmente su condición de ciencia social, enraizada en la historia, la filosofía moral y el estudio del poder, para transformarse en una disciplina crecientemente formalista que confundió elegancia matemática con rigor científico. Skidelsky sitúa el origen de ese proceso en la revolución marginalista de la década de 1870, cuando el foco se desplazó desde la economía política clásica —preocupada por la producción, la distribución y el poder— hacia el análisis del comportamiento individual, la utilidad subjetiva y el equilibrio matemático. Ese desplazamiento fue relegando progresivamente las preguntas sobre si la distribución es justa, qué constituye el bienestar o qué fines debe perseguir una sociedad, hasta convertir la economía neoclásica en ideología bajo apariencia de neutralidad científica.

El resultado fue una doctrina incapaz de anticipar la crisis financiera global de 2008, que subestimó sistemáticamente los efectos de la desigualdad y que construyó buena parte de sus modelos sobre supuestos empíricamente débiles. Entre ellos destacan el agente perfectamente racional, la tendencia espontánea de los mercados al equilibrio y la idea del Estado como obstáculo. Cuando esos supuestos chocan con la realidad —y lo hacen una y otra vez— la reacción ortodoxa suele consistir en preservar la teoría y ajustar los parámetros.

El fin del agente racional

La economía conductual representa en este punto una corrección que el propio Skidelsky subestima en su análisis. Los trabajos de Daniel Kahneman, Richard Thaler y otros demolieron empíricamente el supuesto del agente racional mostrando, con evidencia experimental sistemática, que las decisiones humanas se apartan de manera predecible y persistente de lo que los modelos presuponen. No se trata de excepciones anecdóticas, sino de patrones recurrentes que la disciplina convencional tardó décadas en incorporar y que aún no ha asimilado del todo.

Incertidumbre, complejidad y los límites del diseño económico

Hay una dimensión de la crítica de Skidelsky que el debate público suele pasar por alto y que resulta quizás la más incómoda para cualquier corriente política. La economía neoclásica no falla únicamente porque su agente sea irreal o sus mercados imperfectos. Falla en un nivel más profundo, al confundir incertidumbre con riesgo. El riesgo es calculable; puede asignársele una probabilidad y modelarse matemáticamente. La incertidumbre radical, en el sentido que Keynes le dio al término, describe situaciones donde no existe distribución de probabilidad conocida porque el futuro no es una repetición estadística del pasado. Los sistemas económicos pertenecen a esa segunda categoría. Son sistemas complejos, con retroalimentaciones no lineales, comportamientos emergentes y puntos de quiebre que ningún modelo anticipa con fiabilidad. La crisis de 2008 no fue una desviación estadística improbable; fue la consecuencia de haber tratado como calculable algo que no lo era. Reconocer ese límite epistemológico no conduce al inmovilismo, pero sí a una humildad analítica que el debate chileno raramente practica. Toda política económica opera sobre un sistema que no controla del todo y cuyos efectos no puede predecir con precisión. Eso no invalida la acción pública, pero debería moderar la confianza con que cualquier sector político presenta sus recetas como soluciones técnicamente garantizadas.

El mercado como arena de poder

Esas críticas encontraron expresión también en el plano curricular. El proyecto CORE Econ, fundado por Wendy Carlin y desarrollado con la colaboración de Samuel Bowles y otros economistas, representa una de las reformas curriculares más influyentes de la enseñanza económica en décadas. Su manual La economía(Antoni Bosch, 2021) ha sido adoptado en cursos de universidades como Oxford, Sciences Po y Columbia, y su segunda entrega, La economía 2.0. Microeconomía, acaba de publicarse también en español bajo el mismo sello. Lo que allí se enseña desmonta varios supuestos del ideario ultraliberal.

Los mercados aparecen como instituciones sociales atravesadas por relaciones de poder. El precio no surge en un vacío abstracto, sino en contextos de contratos incompletos, asimetrías de información y capacidades desiguales de negociación. La desregulación no elimina el poder; lo redistribuye hacia quienes ya poseen ventajas.

Límites ambientales, poder y distribución

La cuestión ambiental expresa además uno de los límites más evidentes del paradigma económico que reducía la regulación a una simple traba para el crecimiento. La literatura contemporánea reconoce cada vez con mayor claridad que el cambio climático, la degradación de ecosistemas y la sobreexplotación de recursos naturales constituyen fallas sistémicas de mercado de enorme magnitud, cuyos costos terminan socializándose sobre el conjunto de la población y las generaciones futuras. La contaminación, la pérdida de biodiversidad o el agotamiento hídrico no son “externalidades” menores que puedan corregirse marginalmente, sino riesgos capaces de afectar la estabilidad productiva, financiera y social de países completos. En ese contexto, la idea de que el desarrollo puede acelerarse mediante una desregulación ambiental amplia representa un retorno a supuestos que buena parte de la economía contemporánea ya comenzó a abandonar. El problema no consiste en oponer crecimiento y regulación como si fueran objetivos incompatibles, sino en construir marcos regulatorios técnicamente eficaces que permitan compatibilizar inversión, sostenibilidad y legitimidad social. En un país como Chile, cuya economía depende fuertemente de recursos naturales estratégicos y enfrenta crecientes tensiones hídricas y climáticas, esa discusión deja de ser ambientalista en sentido estrecho y pasa a formar parte de la racionalidad económica básica.

CORE introduce además, como dimensión que el debate económico chileno suele subestimar, el vínculo entre desigualdad económica y desigualdad política. Los ciudadanos están lejos de influir de manera equivalente sobre las decisiones públicas. Quienes concentran mayores recursos poseen también instrumentos desproporcionados de influencia. Sus decisiones de inversión pueden afectar la estabilidad económica y el margen de acción de los gobiernos; financian campañas electorales y estructuras de poder político; controlan medios de comunicación capaces de moldear la opinión pública; y despliegan redes de lobby profesional que condicionan regulaciones y decisiones legislativas en beneficio de intereses particulares. El resultado es el círculo que la propia literatura contemporánea identifica con claridad. La desigualdad económica tiende a traducirse en desigualdad política, y esta última contribuye luego a reproducir la desigualdad económica. En un país como Chile, donde la concentración económica y mediática sigue siendo elevada, esa discusión posee implicancias particularmente relevantes para la calidad de la democracia.

El mercado laboral tampoco opera como el de bienes homogéneos. El salario depende de instituciones concretas —sindicatos, legislación laboral, seguro de desempleo, negociación colectiva— y su debilitamiento puede traducirse en mayor precariedad sin asegurar aumentos significativos del empleo. La literatura contemporánea identifica además la baja participación femenina como uno de los principales frenos al crecimiento potencial, una dimensión con especial relevancia para Chile, donde esa brecha sigue siendo de las más altas de la OCDE.

En materia distributiva, CORE llega a conclusiones igualmente claras. La alta concentración del ingreso reduce la inversión en capital humano de los sectores más vulnerables, debilita la confianza social y aumenta la inestabilidad política. El argumento del derrame, según el cual el enriquecimiento de los más ricos terminaría beneficiando al conjunto, carece de evidencia robusta. Y cuando el Estado gasta en contextos de capacidad ociosa -no es el caso actual de Chile- , el multiplicador fiscal puede ser significativo, aunque su magnitud varía según el contexto y el tipo de gasto.

La última edición del influyente Macroeconomics. Institutions, Instability, and Inequality, de Carlin y Soskice (aún sin traducción impresa al español), incorpora una unidad sobre cómo la crisis de 2008 impulsó el estudio de la desigualdad y la heterogeneidad económica, convirtiendo la distribución del ingreso y la riqueza en factores centrales del análisis del ciclo económico.

El giro del mainstream económico

Daron Acemoglu y James Robinson, galardonados con el Nobel de Economía en 2024, habían dedicado años antes dos obras mayores —¿Por qué fracasan los países? y El pasillo estrecho, ambas disponibles en español— a mostrar que las instituciones son determinantes del desarrollo y que la calidad del Estado importa tanto como los incentivos de mercado. Con ello, uno de los núcleos del consenso de Washington queda severamente cuestionado. Conviene precisar, sin embargo, que Acemoglu es ante todo un crítico de las instituciones débiles y del Estado subordinado a intereses particulares, no del mercado en sí. Su argumento no valida cualquier forma de intervención pública, sino aquella que fortalece capacidades estatales genuinas y reduce la apropiación privada de rentas.

A ello cabe agregar que las instituciones inclusivas y robustas no operan en el vacío. Requieren también del capital social que las sustenta, esto es, los niveles de confianza interpersonal, el asociativismo y la capacidad de funcionar en red que permiten que las reglas formales se traduzcan en cooperación efectiva. Chile muestra déficits importantes en todas esas dimensiones.

La autocrítica al pensamiento económico dominante tras la crisis de 2008 es, en todo caso, más amplia que los libros aquí citados, seleccionados en parte porque cuentan con traducción al español y algunos están disponibles en acceso abierto. Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, reconoció públicamente que las recetas de austeridad impuestas a Europa descansaban en una subestimación grave de los multiplicadores fiscales, con consecuencias reales devastadoras sobre el empleo y el bienestar. Paul Krugman denunció que la macroeconomía dominante había confundido elegancia matemática con comprensión real de los fenómenos económicos. Joseph Stiglitz, otro Nobel, venía cuestionando el consenso de Washington desde la economía de la información mucho antes de la crisis, pero fue ella la que validó empíricamente sus advertencias.

En esa misma línea, Thomas Piketty aportó con El capital en el siglo XXI (2014) la evidencia empírica más sistemática disponible sobre la concentración de la riqueza en el largo plazo. Su tesis central es que cuando la tasa de retorno del capital supera persistentemente al crecimiento económico, la desigualdad patrimonial se amplía de manera estructural, no coyuntural. Sus datos sobre herencias y acumulación intergeneracional resultan especialmente incómodos para quienes atribuyen la desigualdad al mérito individual, pues la evidencia sugiere que la cuna importa con frecuencia más que el esfuerzo.

Lo notable es que estas voces no provienen de los márgenes heterodoxos de la disciplina, sino de su núcleo institucional. Son economistas que operaron dentro del sistema y concluyeron que algo profundo había fallado. Cuando el propio FMI publica estudios que vinculan desigualdad con menor crecimiento, la OCDE respalda estándares tributarios globales para grandes corporaciones y los bancos centrales incorporan los riesgos climáticos en sus modelos de estabilidad financiera, el ideario ultraliberal pierde sustento también en el plano de los organismos que alguna vez fueron sus principales promotores.

Chile y el laboratorio neoliberal

Todo este giro intelectual adquiere una relevancia particular cuando se examina el caso de Chile, el primer laboratorio global del neoliberalismo. Los Chicago Boys aplicaron aquí, durante la dictadura, una versión particularmente radical del programa que luego Ronald Reagan y Margaret Thatcher adoptarían con matices —aunque la crisis de 1982 obligó a correcciones significativas que moderaron el diseño original antes del fin del régimen. El experimento produjo resultados que sus defensores suelen simplificar. El ciclo de expansión de los años noventa no puede atribuirse de manera lineal al diseño original del régimen militar. Ese diseño incubó o amplificó crisis severas en 1975 y 1982. El crecimiento posterior descansó también en las correcciones institucionales, las políticas sociales y los acuerdos democráticos impulsados por los gobiernos de la Concertación, que combinaron apertura económica con expansión gradual de la protección social.

Lo que el estallido de octubre de 2019 expresó fue una acumulación real de tensiones, no un fenómeno fabricado ni el resultado de un capricho pasajero. Pero tampoco puede leerse como consecuencia directa y mecánica del modelo económico. Chile había registrado avances reales en crecimiento y reducción de la pobreza durante las décadas previas. Esos logros convivían, sin embargo, con tensiones profundas que la mejora de los índices económicos y sociales no alcanzaron a resolver. Chile continúa entre los países más desiguales de la OCDE, la concentración de la riqueza es alta, el endeudamiento de los hogares se expandió masivamente —mecanismo de acceso a bienes y servicios ante salarios insuficientes y provisión pública escasa—, la movilidad social se desaceleró y la calidad de servicios fundamentales sigue dependiendo en gran medida del ingreso. Son tensiones que ningún indicador de crecimiento puede ocultar.

El nuevo escenario internacional

El contexto internacional también cambió. La secuencia de shocks de la última década —la crisis financiera de 2008, la pandemia, la invasión rusa a Ucrania y la transición energética— mostró la fragilidad de economías excesivamente expuestas a perturbaciones sistémicas. El retorno de políticas industriales en Estados Unidos mediante la Ley de Reducción de la Inflación, en la Unión Europea mediante el Pacto Verde y en Asia mediante estrategias de subsidio tecnológico revelan un cambio de época.

Ese giro tuvo su formulación más explícita en el discurso que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, pronunció en 2023, rompiendo abiertamente con la política económica internacional tradicional de su país. Sullivan identificó cuatro desafíos centrales —la erosión de la base industrial estadounidense, la nueva competencia geopolítica, la aceleración de la crisis climática y la desigualdad creciente que amenaza a la democracia— y propuso respuestas que incluyen una nueva estrategia industrial, el fortalecimiento de alianzas y marcos de cooperación económica que van más allá de los tratados de libre comercio.

El retorno de Donald Trump abrió un panorama distinto, pero igualmente disruptivo, con aranceles masivos, retirada de marcos multilaterales y una geopolítica económica que desafía los supuestos del libre comercio desde una lógica abiertamente nacionalista. Ambos giros, tan diferentes entre sí, comparten un diagnóstico de fondo. El consenso de Washington ya no organiza la política económica de ninguna de las grandes potencias. Convertir ese diagnóstico en una validación genérica del intervencionismo estatal sería, sin embargo, un error simétrico al que se critica.

Chile posee activos estratégicos que un enfoque doctrinario difícilmente puede administrar con eficiencia. El litio, el cobre y la biodiversidad del extremo austral son recursos cuya renta económica tiene implicancias colectivas evidentes. La literatura institucional contemporánea subraya que, cuando existen rentas extraordinarias derivadas de recursos naturales y el Estado carece de capacidad regulatoria, la apropiación privada de beneficios públicos tiende a intensificarse. Pero esa misma literatura advierte que capturar esas rentas para el Estado requiere capacidades burocráticas, marcos regulatorios robustos y mecanismos anticorrupción cuya construcción es compleja y no admite atajos.

Las preguntas pendientes de la centroizquierda

Todo lo anterior interpela también a la izquierda y centroizquierda chilena, que tienen preguntas propias que responder con honestidad. ¿Por qué los gobiernos de la Concertación y el Frente Amplio no lograron reducir significativamente la concentración de la riqueza pese a gobernar la mayor parte de los últimos treinta años? ¿Qué garantiza que una mayor intervención del Estado chileno, con sus niveles actuales de capacidad institucional, producirá los resultados que la teoría promete? Esas preguntas no invalidan la crítica al modelo, pero su ausencia en el debate debilita la credibilidad de quienes la formulan.

Una respuesta parcial exige distinguir entre expandir el tamaño del Estado y fortalecer sus capacidades. La literatura institucional contemporánea es clara en ese punto. Lo que determina la calidad de la intervención pública no es su volumen sino su competencia técnica, su autonomía frente a la subordinación a intereses sectoriales y su capacidad de aprender y corregir. Chile requiere un servicio civil profesionalizado con carrera funcionaria real, agencias regulatorias con autonomía efectiva y sistemas verificables de evaluación de políticas públicas. Sin ese piso institucional, el debate entre más o menos Estado resulta estéril.

Crecimiento, legitimidad y responsabilidad fiscal

Esa credibilidad se construye con propuestas. La crítica al recetario ultraliberal solo resulta políticamente eficaz si viene acompañada de una agenda rigurosa de crecimiento que vaya más allá de señalar que el costo del capital es apenas uno de los múltiples determinantes del PIB potencial. Los economistas y políticos de centroizquierda deben ofrecer respuestas consistentes sobre productividad, inversión en capital humano, innovación, calidad regulatoria, infraestructura y desarrollo productivo —dimensiones que la literatura contemporánea identifica como motores del crecimiento sostenible— y hacerlo con la misma exigencia técnica que le reclaman al adversario.

La defensa del gasto público, por su parte, pierde fuerza moral cuando no va acompañada de una disposición real a corregir abusos y despilfarros presupuestarios que la ciudadanía percibe con razón como inaceptables. Y ninguna agenda solvente puede sostenerse sin hacer de la tolerancia cero a la corrupción en el manejo de los fondos fiscales una práctica institucional verificable, y no una declaración de principios para el discurso electoral. Sin ese piso de coherencia, la crítica al automatismo ideológico de la derecha corre el riesgo de convertirse ella misma en un reflejo condicionado de signo contrario. El debate económico que Chile necesita comienza cuando cada sector acepta someter sus propias certezas al mismo escrutinio que exige de sus adversarios.