Las ONG advierten que el incumplimiento legal podría constituir un peligroso precedente que socavaría más de 20 años de esfuerzos mundiales
Basel Action Network ONG y Fundación Terram, también se sumaron al llamado a la normativa chilena para que tenga coherencia con las obligaciones internacionales y evite la apertura de las fronteras a las importaciones y exportaciones de residuos peligrosos.
Basel Action Network ONG –de alcance global y que se dedica a vigilar el cumplimiento de los compromisos del Convenio de Basilea de 1992–, FIMA y Fundación Terram emplazaron al Gobierno a cumplir sus compromisos internacionales y desistir de abrir las fronteras para la exportación e importación de residuos peligrosos.
En una carta las organizaciones manifestaron que “nos preocupa que, con la aprobación del texto del nuevo ‘Reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos’, actualmente en consulta pública por el Ministerio del Medio Ambiente, Chile se exponga a violar sus obligaciones legales internacionales nacidas con las ratificaciones del Convenio de Basilea, de su Enmienda Prohibitoria y de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Este desconocimiento de sus compromisos legales permanentes podría constituir un peligroso precedente que socavaría más de 20 años de esfuerzos mundiales, en el marco del Convenio de Basilea, para garantizar la justicia y equidad ambiental, esfuerzo en el que Chile ha jugado un papel vital hasta la fecha”.
Jim Puckett (BAN), Flavia Liberona (Terram) y Ezio Costa (ONG FIMA) señalan que Chile ratificó el Convenio de Basilea en agosto de 1992 y, por lo tanto, debe cumplir con sus obligaciones e implementarlas en su legislación interna. Sin embargo, el artículo 8 de la Ley en relación con el Artículo 4 del Reglamento, así como los artículos 36 y 52 contradicen estas obligaciones.
En relación con la Enmienda Prohibitoria ratificada por Chile en 2009, «con ocasión del ingreso de Chile a la OCDE, y que prohíbe la exportación de residuos peligrosos a Estados fuera de la OCDE y de la Unión Europea desde Estados pertenecientes a estas organizaciones, se hace presente que Chile es ahora un país de la OCDE y, que como tal, no debiera exportar más sus residuos peligrosos a países no OCDE o no Unión Europea, bajo ninguna razón. Aunque la Enmienda Prohibitoria no haya entrado aún en vigencia, conforme a los términos de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados; Chile no debe actuar en perjuicio de los objetivos de un tratado que haya ratificado», informaron.
“Estamos muy sorprendidos de ver que los artículos 36 y 52 contradicen directamente la Enmienda prohibitoria que Chile ratificó y defendió con fuerza”, dijeron desde las ONG que buscan que la normativa chilena mantenga su coherencia con las obligaciones de los tratados.
La carta termina interpelando al gobierno: “Esperamos que estos cambios al texto propuesto lleven a que la legislación doméstica chilena esté alineada con las obligaciones de sus tratados. Hacer lo contrario establecería un precedente alarmante y amenazaría la gobernanza internacional. Quedamos a su disposición para ayudar en los esfuerzos por enmendar el Reglamento propuesto, de modo de garantizar la coherencia jurídica internacional».
