Australia veta redes a menores de 16 años y abre debate por el impacto en jóvenes más vulnerables

Australia vive un intenso debate tras la entrada en vigencia, a la medianoche del miércoles, de una ley inédita en el mundo que prohíbe a los menores de 16 años usar redes sociales. La medida deja a cientos de miles de adolescentes sin acceso a plataformas como TikTok e Instagram y obliga a las grandes compañías tecnológicas a eliminar las cuentas de usuarios australianos que no alcancen esa edad, bajo amenaza de multas que pueden llegar a los 49,5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses).

Con esta decisión, el país se posiciona entre los primeros en confrontar con firmeza el poder de los gigantes digitales. El Gobierno sostiene que se requieren acciones excepcionales para proteger a los menores de los “algoritmos depredadores” que inundan los teléfonos con acoso, contenido sexual y violencia. “Con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales”, afirmó el primer ministro Anthony Albanese antes de que la ley entrara en vigor.

“En cambio, se utilizan como arma para los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para los estafadores y, lo peor de todo, como herramienta para los depredadores en línea”, agregó.

Mientras cientos de miles de jóvenes despertaban sin poder ingresar a sus aplicaciones habituales, surgieron las primeras voces críticas. “No creo que el gobierno sepa realmente lo que está haciendo y no creo que vaya a tener ningún impacto en los niños de Australia”, dijo Layton Lewis, de 15 años, a la agencia AFP. Para la representante de la juventud australiana ante la ONU, la medida podría “cortar la última cuerda” de apoyo que sostienen muchos adolescentes.

Satara Uthayakumaran, quien encabezó una consulta nacional de ONU Juventud Australia con cerca de 5.000 jóvenes, advierte que la prohibición podría generar efectos adversos, especialmente en quienes pertenecen a comunidades rurales, indígenas, LGTBIQ+, con discapacidad o en el sistema de acogida. Sus testimonios fueron reunidos en un informe que cuestiona la eficacia del veto y subraya la fragilidad de los grupos más expuestos. “Llevamos a cabo el mayor ejercicio de escucha cara a cara con jóvenes en Australia antes de intervenir ante la Asamblea General de la ONU”, explicó. “Este año, el tema que apareció una y otra vez fue la prohibición de las redes sociales y qué significaba realmente para su vida diaria”.

La otra cara del veto: jóvenes sin redes de apoyo y sin comunidad

La ley impide abrir cuentas en grandes plataformas y exige a las empresas tomar “medidas razonables” para bloquear el acceso de los menores, todo con el argumento de resguardar su salud mental. Pero, según el informe, para muchos jóvenes las redes sociales no son un simple pasatiempo, sino una red de contención emocional y social. Uthayakumaran explica que “lo que escuchamos una y otra vez es que, para muchos jóvenes, las redes sociales son una tabla de salvación”.

Uno de los casos citados es el de un adolescente ‘queer’ en una zona remota de Australia Occidental que vive en un entorno conservador. “Nos decía que la única comunidad que le acepta tal como es está en línea. Sin eso, se queda completamente aislado”. Situaciones similares se repiten entre jóvenes con discapacidad que encuentran en internet amistades y apoyo, o en regiones sin centros juveniles ni espacios gratuitos donde reunirse. “Hemos visto cómo cierran centros juveniles y otros espacios seguros; muchos adolescentes ya solo tienen el entorno digital para relacionarse fuera del hogar, la escuela o el trabajo”, señala.

El informe destaca también la relevancia de las redes sociales para adolescentes separados de sus familias o pertenecientes a comunidades aborígenes. “Jóvenes en acogida nos contaban que usan las redes para mantener el contacto con familiares biológicos de los que fueron apartados muy pequeños”, explica Uthayakumaran. “En el caso de jóvenes aborígenes, internet es a veces la única vía para mantener vínculos con su cultura, su tierra y su gente. Retirar esa herramienta no cura el trauma; lo profundiza”, añade.

Si bien Uthayakumaran reconoce que los adolescentes son plenamente conscientes de los riesgos en línea —grooming, acoso, desinformación, radicalización o contenidos misóginos—, muchos cuestionan el enfoque del Gobierno. “Muchos entienden por qué el Gobierno quiere actuar y apoyan que se frene el ciberacoso o los abusos, pero se preguntan por qué se les castiga a ellos en lugar de responsabilizar a los adultos que perpetran el daño o a las plataformas que lo permiten”, señala.

Como alternativas, los jóvenes propusieron reforzar la responsabilidad de las empresas tecnológicas y avanzar en alfabetización digital. “No tiene sentido prohibirles estar ahí y, al mismo tiempo, dejar intactos los algoritmos que impulsan contenido (nocivo) porque genera más clics”, dijo Uthayakumaran. Desde ONU Juventud plantean regular los sistemas de recomendación, limitar el uso de datos para perfilar a menores y obligar a las plataformas a retirar contenido dañino de forma rápida y transparente.