Convivir con los medios antes que prohibirlos

En los últimos años, diversos países han restringido o prohibido el uso de celulares en los establecimientos educacionales, argumentando problemas de aprendizaje vinculados a la distracción, tensiones de convivencia asociadas al ciberacoso y riesgos para la salud mental y la privacidad.

Sin embargo, organismos internacionales como la Unesco y la OCDE han llamado a regular y orientar el uso de dispositivos más que a expulsarlos por completo de la experiencia escolar, poniendo el foco en su integración pedagógica, la reducción de brechas digitales y el desarrollo de competencias para un uso crítico.​

Esta discusión puede leerse a partir de la clásica distinción de Umberto Eco entre “apocalípticos e integrados”, que advierte sobre los riesgos de las posiciones extremas frente a los medios. En la vereda apocalíptica, el llamado “modelo inoculativo” concibe a los medios como una amenaza de la que habría que “proteger” a niños y adolescentes, muchas veces apoyándose en literatura gris y diagnósticos alarmistas, antes que en evidencia robusta.

Las investigaciones muestran que el uso excesivo de pantallas —como cualquier uso excesivo— puede impactar negativamente el bienestar socioemocional de los adolescentes, pero también documentan efectos positivos del celular en términos de autonomía, construcción de identidad e integración social cuando existe mediación adulta y reglas claras. En una posición intermedia, el propio Mineduc ha planteado que su incorporación en enseñanza media puede constituir una oportunidad de aprendizaje, siempre que exista regulación, objetivos pedagógicos definidos y acompañamiento docente.​

La reciente aprobación en el Congreso de la ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas chilenas a partir de 2026 se inscribe en ese debate global, pero opta por una respuesta más cercana a la lógica de prohibición general que a la de regulación inteligente.

El texto legal establece cinco causales de excepción para el uso de dispositivos: necesidades educativas especiales, situaciones de emergencia, enfermedad de un estudiante, solicitud temporal del apoderado por razones fundadas de seguridad y actividades curriculares o extracurriculares donde el dispositivo sea útil para la enseñanza. Dicho de otro modo, solo una de las cinco excepciones tiene un fundamento estrictamente educativo, lo que revela que la ley prioriza el control del riesgo por sobre el potencial pedagógico de estas tecnologías.​

Los legisladores han sostenido que la medida permitirá mejorar la concentración, ordenar el ambiente escolar y reducir los conflictos asociados a estos dispositivos. De esos tres objetivos, el más plausible en el corto plazo es la reducción de episodios de conflicto directamente mediados por el celular; la mejora automática de la concentración y el “orden” es mucho menos evidente.

La desaparición del aparato de la sala no garantiza por sí sola mayor atención ni mejor clima; lo que sí exige es un esfuerzo pedagógico adicional: diseñar experiencias de aprendizaje que sostengan la atención sin recurrir a la mera disciplina represiva, y acompañar a estudiantes que enfrentarán ansiedad o frustración por una prohibición percibida como abrupta.

A ello se suma el riesgo de que el problema simplemente se desplace a los hogares y entornos extraescolares, intensificando el uso fuera de la escuela en ausencia de pautas compartidas con las familias.​

Prohibir los celulares no hará desaparecer ni la tecnología ni los dilemas que trae consigo; más bien puede reforzar su atractivo cuando se está “lejos de los adultos”. De ahí que la educación mediática proponga un camino distinto: enseñar a convivir con los medios, comprender sus lógicas, gestionar la atención, cuidar la privacidad y enfrentar el ciberacoso, en vez de borrar el dispositivo del paisaje escolar.

La propia recomendación del Mineduc va en esa línea: conversar y acordar reglas de uso con las familias, promover usos académicos significativos y desarrollar competencias críticas que acompañen a los estudiantes dentro y fuera de la escuela.

Regular, dialogar y educar para el uso responsable de las tecnologías ofrece una respuesta más compleja, pero también más sostenible, que la promesa de una prohibición que, en la práctica, termina siendo imposible de extender a la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.