Día de las Personas con Discapacidad: Chile entre la solidaridad masiva y las barreras cotidianas

Mientras el país aún celebra el histórico monto recaudado por la Teletón —más de $44.253 millones, superando ampliamente la meta— persiste una contradicción que vuelve a ponerse sobre la mesa en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad: la brecha entre la solidaridad de un fin de semana y la realidad diaria de miles de personas que siguen enfrentando barreras básicas para ejercer sus derechos.

Este mismo fin de semana se dio a conocer la agresión sufrida por una mujer en silla de ruedas por parte de una guardia de Biotren en la estación Intermodal de Coronel. El episodio —registrado en video y viralizado en redes sociales— reveló falencias graves en el trato hacia personas con movilidad reducida.

La funcionaria encaró a la usuaria por no portar la tarjeta que acredita gratuidad en el transporte y terminó empujándola violentamente al suelo. EFE Sur, empresa a cargo del servicio, anunció una investigación interna y el refuerzo de capacitaciones.

De hecho la diputada Marlene Pérez (IND-UDI), integrante de la Comisión de Personas Mayores y de Discapacidad, anunció que solicitará una sesión especial para abordar el funcionamiento de los protocolos en empresas estatales de transporte.
“Tenemos leyes que protegen a las personas con discapacidad, incluso con sanciones penales. Estos hechos no pueden quedar impunes”,subrayó.

Para Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), el caso evidencia fallas de formación que deben abordarse con urgencia: “Nos preocupa que ocurran hechos de violencia hacia personas en situación de discapacidad. Es fundamental conocer las políticas de prevención y los mecanismos de respuesta de las empresas de transporte”, afirmó.

Por eso organizaciones y especialistas coinciden en que la inclusión real no se mide solo por la recaudación o por la emotividad de una campaña, sino por la experiencia diaria de quienes deben desplazarse, trabajar, usar servicios públicos o simplemente vivir sin obstáculos injustificados.

Estacionamientos reservados: una infracción normalizada

De hecho la FCHD junto a las diputadas Catalina del Real (Partido Republicano) y Carla Morales (Renovación Nacional), alertaron esta semana sobre la creciente normalización del mal uso de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad en todo el país.

En centros comerciales, supermercados o calles altamente transitadas, la escena es tan habitual como frustrante: autos sin credencial ocupando estos espacios mientras sus conductores aseguran que “solo serán dos minutos”. Para quienes viven con movilidad reducida, ese “minuto” significa perder independencia, tiempo y, muchas veces, seguridad.

Matías Poblete, denunció la contradicción entre la empatía que se exhibe durante campañas solidarias y la indiferencia cotidiana. “Nos emocionamos con la Teletón, pero al día siguiente esas mismas personas encuentran barreras tan básicas como no poder estacionar en un lugar que les reconoce un derecho mínimo. La accesibilidad no es una causa de un fin de semana: es una obligación permanente del Estado y de toda la sociedad”, señaló.

Para la diputada Catalina del Real, esta mala práctica se ha convertido en un símbolo de impunidad. “Usar indebidamente un estacionamiento reservado vulnera un derecho esencial. Y la falta de fiscalización real instala la idea de que la ley solo rige cuando conviene. Si somos capaces de una movilización solidaria monumental, también deberíamos ser capaces de asegurar accesibilidad real los 365 días del año”, afirmó.

Carla Morales agregó que el problema ya es estructural, no anecdótico, y denunció la falta de coordinación entre municipios, Carabineros y recintos privados. “La infracción se integró al paisaje urbano. Sin fiscalización ni protocolos claros, esta vulneración se repite día a día”, sostuvo.

Los episodios recientes —desde la ocupación indebida de estacionamientos hasta agresiones en el transporte público— dan cuenta que la inclusión no es solo una causa pública, sino una práctica cotidiana que depende de la conducta ciudadana, de la acción estatal y del compromiso real de instituciones públicas y privadas.

El llamado de las organizaciones es a convertir la solidaridad puntual en accesibilidad permanente, asegurar protocolos claros, reforzar la fiscalización y transformar la empatía en derechos garantizados.