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66 millones de personas viven con discapacidad en América Latina Inclusión Créditos: El Mostrador.

66 millones de personas viven con discapacidad en América Latina

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Cerca de 66 millones de personas viven con discapacidad en América Latina y el Caribe, enfrentando brechas en salud, empleo y acceso a servicios. En el pasado Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organismos internacionales llaman a impulsar una inclusión real y sostenible.


Casi el 12% de la población de América Latina y el Caribe vive con alguna discapacidad. El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) subraya la urgencia de avanzar hacia sociedades donde la inclusión en todos los ámbitos, social, económico, cultural y político, sea efectivamente garantizada, y recuerda que se trata de una “condición indispensable para el desarrollo social sostenible”.

En la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que alrededor de 66 millones de personas, cerca del 12% de la población, viven con al menos una discapacidad. El organismo advierte que este grupo enfrenta brechas significativas en salud en comparación con quienes no tienen discapacidad, por lo que impulsa políticas y modelos de atención que fortalezcan la equidad y la inclusión sanitaria, en línea con los marcos regionales y globales de derechos humanos.

Por qué la inclusión plena es clave para el desarrollo social

La OPS define a las personas con discapacidad como aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con barreras del entorno, limitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. El Informe Mundial sobre la Discapacidad calcula que cerca del 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad, y que las mujeres y las personas mayores son quienes tienen mayor probabilidad de enfrentar estas condiciones.

Según la ONU, la vida cotidiana de las personas con discapacidad continúa marcada por desigualdades estructurales. Persisten mayores riesgos de pobreza, discriminación laboral, incluidos salarios más bajos y una fuerte presencia en el sector informal, y sistemas de protección social insuficientes y desiguales, que a menudo no cubren los costos adicionales asociados a la discapacidad ni alcanzan a quienes trabajan de manera informal. Muchas veces, además, los sistemas de apoyo vulneran de forma reiterada la dignidad, autonomía y capacidad de acción de quienes buscan acceder a ellos.

Los tres pilares del desarrollo social, erradicación de la pobreza, empleo pleno y trabajo decente, e integración social, dependen de condiciones favorables para avanzar de forma simultánea. La ONU insiste en que incluir a las personas con discapacidad como agentes y beneficiarias del desarrollo no es opcional, sino esencial para construir sociedades más justas y equitativas. El lema de 2025, “Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social”, recoge ese compromiso global renovado tras la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social.

El nuevo enfoque global para garantizar participación plena

En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha evolucionado desde una mirada centrada en lo médico hacia un enfoque que incorpora el contexto físico, social y político. Hoy se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre la condición de una persona y las barreras de su entorno. Aunque se han registrado avances en accesibilidad, la OPS enfatiza que aún queda un largo camino para responder a las necesidades de este grupo de manera integral.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sostienen que la inclusión implica integrar a las personas con discapacidad en las actividades cotidianas y promover que puedan asumir los mismos roles que sus pares sin discapacidad. Este proceso exige políticas y prácticas adecuadas, y debe traducirse en una participación plena en roles como estudiante, trabajador, amigo, miembro de la comunidad, paciente, esposo, pareja o padre.

Las actividades socialmente previstas incluyen también el uso de servicios públicos, la movilidad en los entornos comunitarios, el acceso a atención médica o la participación en eventos sociales. Para los CDC, la inclusión garantiza que las personas con discapacidad accedan a las mismas acciones de prevención y promoción de la salud que el resto de la población: desde programas para incentivar la actividad física o mejorar la nutrición hasta mediciones de presión arterial, colesterol y pruebas de detección de enfermedades como cáncer, cardiopatías o diabetes.

Eliminar barreras para garantizar inclusión real y oportunidades equitativas

El primer paso hacia la inclusión, sostienen, es identificar y eliminar las barreras que limitan la participación. Las experiencias de salud, autonomía y vida social de las personas con discapacidad varían según múltiples factores: la magnitud de la deficiencia, las expectativas sociales y culturales, las características del entorno, la disponibilidad de tecnologías de asistencia y el apoyo familiar y comunitario.

Comprender esta interacción y asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar en la vida diaria, según sus capacidades y deseos es, para los CDC, el núcleo de una verdadera inclusión.

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