El vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Andrés Chadwick, comunicó que el gobierno argentino oficializó a la administración de Sebastián Piñera que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) otorgó refugio político al ex frentista Sergio Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del crimen del fundador del gremialismo, Jaime Guzmán, en abril de 1991.
El legislador definió la noticia como impactante y dolorosa no sólo para la colectividad y para la familia de Guzmán, sino que para la mayoría del país.
«Es tremendamente impactante, tremendamente doloroso no sólo para toda la UDI, ni para la familia de Jaime Guzmán, sino que creemos que para la inmensa mayoría de los chilenos, que se nos impida que exista justicia en nuestro país», aseveró el senador.
Chadwick responsabilizó de esta decisión a la presidenta Cristina Fernández, en lo que consideró una «ofensa, agravio y provocación hacia la institucionalidad chilena», además de asegurar de que esto marca un antes y un después en las relaciones bilaterales.
«Ella (Fernández) sabía perfectamente lo que esto significaba para Chile y las solicitudes que Chile había hecho desde todos sus poderes públicos, institucionalidad y representación política. A ella no le faltaba ningún antecedente y la decisión la tomó ella. Ella es la responsable de que el Gobierno argentino ampare asesinos y terroristas», dijo.
También afirmó que se buscarán maneras de ejercer presión internacional, tanto en la Corte de Derechos Humanos o la Unión de Partidos Latinoamericanos.
«Es una alternativa llevar este caso por infracción al estatuto del refugio político a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) no lo hemos conversado con el Gobierno, lo hemos conversado al interior de la UDI, es una acción que corresponde más a las víctimas particulares que al Estado», explicó.
Además, el legislador celebró el que se haya sometido a proceso a Enrique Villanueva, quien también tendría una eventual participación en el crimen de Guzmán, convirtiéndose éste en el primer proceso judicial en el caso en 17 años.
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