Ante las modificaciones a la justicia militar y la Ley Antiterrorista que planteó el gobierno, el fiscal nacional Sabas Chahuán afirmó que resulta imposible para el Ministerio Público recalificar las acusaciones por delitos de carácter terrorista en las causas mapuche.
Con estas palabras, la cabeza del organismo de persecución penal contestó de paso a los diez comuneros que permanecen en huelga de hambre en Angol, quienes entre sus demandas exigen dialogar con la fiscalía.
Al respecto, la autoridad explicó que «estamos (como fiscalía) obligados a aplicar la ley (…) Ir más allá, solucionar un tema que excede el ámbito del proceso penal, incluso podría llevar a los fiscales a incurrir en conductas ilegales».
Según Chahuán, desde el punto de vista de la fiscalía, el núcleo del conflicto de los huelguistas apunta a siete causas, seis radicadas en La Araucanía y una séptima relacionada con el atentado a un fiscal en el Bio-Bío.
Pero, en estos procesos, la fiscalía ya presentó acusación y lo que corresponde es que el tribunal oral decida, dijo la autoridad.
Sobre el traspaso de causas desde la justicia militar a sede civil, Chahuán advirtió de los riesgos que implica el trasvasije. «Si se traspasan los procedimientos de la justicia militar tal como están, hay muchas pruebas que en el nuevo sistema pueden ser declaradas ilícitas y eso puede devenir en que haya una cantidad importante de absoluciones porque los sistemas son distintos», sentenció.
El fiscal nacional dijo que ambos temas «preocupan» y se están «siguiendo con atención» desde el Ministerio Público.
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