Las directivas de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se reunieron este martes a fin de coordinar las acciones que emprenderán para objetar el asilo entregado al ex líder del FPMR Sergio Galvarino Apablaza, requerido por la justicia chilena por su implicancia en el crimen del senador Jaime Guzmán.
El presidente de RN, Carlos Larraín, llegó acompañado de la secretaria general subrogante, Cecilia Pérez, y los vicepresidentes, Juan Pablo Camiruaga, Gonzalo Díaz del Río, Claudio Eguiluz y el senador Francisco Chahuán. Por la UDI estuvieron presentes el secretario general Víctor Pérez, los vicepresidentes Iván Moreira, María Paz Oyarzún, Rodrigo Delgado y el presidente de la tienda gremialista, Juan Antonio Coloma.
Fue este último quien agradeció el gesto de apoyo y amistad de la directiva de RN. Agregó que ha sido «un mes muy difícil y dramático» por lo que «sentirse acompañado es de un tremendo valor. En el espíritu de que la justicia debe imperar en los países, contarán con la ayuda de Renovación Nacional para implementar recursos internacionales».
El presidente de RN, Carlos Larraín, dijo que el respaldo a la UDI se materializó para «reiterar el apoyo incondicional en el difícil trance en el cual se encuentra» la colectividad y calificó la resolución de la mandataria Argentina, Cristina Fernández, como «un acto de enemistad hacia Chile».
Larraín anunció que RN comprometió su ayuda en los trámites de revisión de la resolución emitida por la Conare Argentina, quien finalmente entregó el asilo político al ex frentista chileno.
Paralelamente la directiva de la Fundación Simón Yévenes llegó hasta la Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires a entregarle una carta a la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichner, rechazando el asilo político entregado a Apablaza.
En compañía del Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas Trasandino (CELTYV), los dirigentes chilenos y argentinos se manifestaron en contra del beneficio concedido al otrora subversivo.
«Estimamos que la decisión tomada por el Estado argentino a favor de Sergio Galvarino Apablaza vulnera los principios básicos de reciprocidad entre Estados en materia de extradición sobre delincuentes terroristas que atentan contra los derechos humanos por razones de persecución política», esgrimió Pablo Jofré Rivano, presidente de la fundación.
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