Una reunión para coordinar las acciones contra el robo de cables de cobre se realizó este jueves en dependencias de la Fiscalía Regional del Maule. En la cita, participaron empresas eléctricas que operan en la zona además de las jefaturas de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
El vocero de la Fiscalía maulina, abogado Roberto Navarro, explicó que «se trata de una mesa de trabajo multidisciplinaria de coordinación y la idea es reunirse periódicamente para coordinar diferentes acciones, tanto de investigación como preventiva de este delito. Para la Fiscalía es una preocupación constante por los efectos perniciosos que este delito produce, afectando a personas común y corriente».
También se informó que el fiscal jefe de la zona, Juan Pablo Kinast, hace algunos años designó a un ex fiscal y actual asesor, el abogado Carlos Olivos, para que se dedicara al análisis y coordinación de las acciones a seguir en torno a este ilícito, cuya ocurrencia afecta principalmente a la comunidad al suspenderse el suministro eléctrico.
El hurto de cables está tipificado como con una pena de simple delito, pero el legislador ha previsto el caso que, a propósito de este ilícito, se produzca la interrupción del servicio público ya que ello no sólo afecta a la empresa generadora sino que también a toda la comunidad.
De esta forma, las penas pueden llegar a ser de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, 541 días a 5 años. Y si existe interrupción del servicio, aumenta de tres años y un día a cinco años.
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