El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, suscribió este lunes un convenio con la consultora estadounidense Altegrity Risk International (ARI) para tener un diagnóstico claro de la situación carcelaria del país.
Con ello, posteriormente, la cartera elaborará un plan maestro que permita mejorar la gestión en cuanto a diseño de infraestructura, administración de los internos y seguridad al interior de los penales.
Al respecto, el ministro Bulnes explicó que «hace algunas semanas lanzamos un plan de 11 medidas con el Presidente de la República, pero esas 11 medidas eran para atender la situación más urgentes (…) porque creemos que las personas que cometen crímenes tienen que pagar sus delitos pero otra cosa es que aparte de perder su libertad pierdan su dignidad».
En ese sentido, el secretario de Estado expresó que ahora la cartera está pensando en el mediano y largo plazo. Para ello, el ministerio estimó necesario «revisar cómo estamos gastando la plata de todos los chilenos (…) y a través de esta asesoría vamos a tener, finalmente, una evaluación que nos diga hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, cómo tenemos que gastar la plata, cómo tenemos que clasificar nuestros internos, cómo tenemos que desarrollar las cárceles futuras que tenemos por delante», explicó Bulnes.
La empresa que realizará esta asesoría es una firma experta en el análisis de administración, seguridad, planificación y construcción penitenciaria, con reconocido trabajo en 33 establecimientos carcelarios en EE.UU y operaciones en todo el mundo.
Según informó Justicia, la consultora trabajará en cuatro etapas, que incluyen el diagnóstico el diagnóstico de la población penal actual en Chile; la evaluación de la infraestructura penitenciaria; una completa revisión de los planes de operación y explotación de cada unidad penal (tanto tradicionales y concesionadas); además de elaboración de propuestas tendientes a normalizar un sobrepoblados sistema.
Este análisis implicará definiciones de largo plazo en el mejoramiento de las condiciones de reclusión de 53 mil internos así como en el trabajo de los funcionarios de Gendarmería a cargo de su custodia.
El diagnóstico final estará terminado en un plazo de cinco a seis meses y la inversión para la realización de este estudio bordea los US$300 mil.
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