La senadora del Partido Socialista (PS) por Atacama, Isabel Allende, afirmó este viernes que el Gobierno pasó por alto antecedentes que advertían sobre el peligro en la Mina Los Reyes, lugar donde dos perforistas fallecieron manipulando explosivos en el marco de una explotación ilegal del yacimiento.
Allende dio a conocer un documento fechado el 15 de septiembre de este año, donde se daba a conocer que la Mina Los Reyes se encontraba «eventualmente trabajando fuera de toda norma de seguridad minera y laboral» y que se solicitaba la fiscalización del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) «a la brevedad posible, con el objeto de evitar eventos indeseados».
«Tenemos constancia que con fecha 15 de septiembre, un Asesor Jurídico presentó esta situación ante Sernageomin para que se concurriera a fiscalizar y así evitar eventos indeseados. Quedó la constancia respectiva en el libro de denuncias de Sernageomin y lamentablemente tenemos que decir que no pasó absolutamente nada. De haber existido la respectiva fiscalización no tendríamos que lamentar la muerte de dos personas y un trabajador herido», sostuvo la senadora de oposición.
La legisladora socialista cuestionó «todo lo que hasta ahora fueron declaraciones oficiales del Gobierno con absoluta ligereza, señalando que era imposible fiscalizar. Se dio a entender que esta faena era ilegal. Aquí hay un antecedente clarísimo, con fecha 15 de septiembre, presentados por un abogado de que sí había antecedentes suficientes para intervenir la Mina Los Reyes», aseguró.
La senadora Allende dio a conocer estos antecedentes al mismo Director Regional de Sernageomin, Mariano Gajardo, durante una visita que efectuó a la autoridad en su oficina. Como consecuencia de los hechos expuestos, Gajardo habría puesto su cargo a disposición.
«El Director Regional quedó denodado y absolutamente sorprendido, pues no tenía la menor idea de la existencia de esta petición de investigar. La denuncia debió ser atendida por el equipo de seguridad, y la responsabilidad estaría en los profesionales fiscalizadores. Si se hubiera seguido el conducto regular, imagino que se habría tomado cartas en el asunto», aseveró Allende.
Asimismo, la representante de Atacama en el Congreso tomó contacto con el vicepresidente Rodrigo Hinzpeter, a quien expuso la situación y entregó el documento probatorio. Según la oficina de prensa de la legisladora, el jefe de gabinete habría comprometido un sumario para esclarecer las responsabilidades.
upi/jn/cf
