En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Copiapó condenó al Servicio de Salud de Atacama a pagar una indemnización por daño moral de $15.000.000 a los familiares de una mujer que murió tras caer de una cama en el Hospital Regional San José del Carmen.
El tribunal de alzada condenó al servicio a reparar económicamente a Gerardo Álvarez Salazar, hijo de Anita Quiroga Araya, quien murió el 13 de julio de 2004.
La mujer sufría leucemia y se internó en el hospital regional por una complicación derivada de su dolencia pero, mientras permanecía en el recinto, cayó de su cama por falta de barandas, lo que provocó su fallecimiento cuatro días más tarde.
La resolución judicial establece el pago considerando los padecimientos del hijo provocados por el fallecimiento de su madre.
En ese sentido, el fallo señala que «que en lo que respecta a la indemnización del daño reflejo, también pretendida por el demandante, para los efectos de establecer el quantum de la misma, es necesario considerar lo expuesto por los testigos del demandante y a que se alude en el motivo noveno de la sentencia que se revisa, debiendo tenerse especialmente en cuenta que si bien la madre del actor padecía de una grave enfermedad terminal, su fallecimiento se produjo por causas absolutamente ajenas a ella y del todo imprevisibles, originadas precisamente el día que iba a ser dada de alta y cuando tanto ella como en su casa esperaban felices su regreso al hogar, todo lo cual produjo que el demandante estuviera muy mal física y mentalmente -según los dichos de Carmen del Rosario Cotaipi Salfate-, y que estuviera muy afectado emocional y sicológicamente, porque siempre hubo mucho afecto por parte de ambos, ya que siempre vivieron juntos, y aún hoy en día se ve afectado por todo lo que pasó con su madre -como sostiene doña Gina Olaya Tabalí Alveras-, circunstancias éstas que necesariamente han de ser tenidas en consideración al momento de avaluar el daño moral sufrido por el actor como consecuencia de la muerte de su madre».
En primera instancia, la jueza Mirta Lagos Pino, del Segundo Juzgado de Letras de Copiapó, había determinado un pago de $8.000.000 (ocho millones de pesos) al establecer la responsabilidad extrapatrimonial del Servicio de Salud de Atacama, al determinar la falta de servicio o cuidado de la paciente, suma que fue elevada por la Corte de Copiapó tras revisar los antecedentes del caso.
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