La parlamentaria UDI, Marisol Turres, se mostró satisfecha por la aprobación, en la Sala de la Cámara de Diputados, del proyecto que permite imposibilitar a personas condenadas por delitos sexuales desempeñarse en el ámbito educacional o en los que impliquen un contacto directo y habitual con menores de edad.
La parlamentaria gremialista, miembro de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia donde se discutió el proyecto, agregó que también se contempla la inclusión en el registro general de condenas de una sección especial con el listado de estas inhabilidades por delitos de connotación sexual cometidos contra menores.
«Si se acredita un interés legitimo —por ejemplo, en el caso de un colegio que quiera contratar a alguien— se puede solicitar información al encargado del registro para saber si una persona determinada figura en el listado de inhabilitados», dijo.
Explicó que de esta manera se resguarda la seguridad de los niños, y además resaltó que, para evitar distorsiones, el proyecto contempla sanciones para quienes hagan mal uso de esta información.
«La gravedad del daño que ocasionan los delitos sexuales en la víctima, en su entorno y en la sociedad en general, particularmente cuando se trata de menores de edad, es enorme. Por eso se considera necesario mejorar el sistema de penas con el fin de dar una señal clara a la ciudadanía», expresó.
Finalmente la diputada señaló que espera que en el Senado se replique el consenso transversal logrado en la Cámara Baja.
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