Vibraciones sonoras ponen en riesgo al Morro de Arica

¡La primera edición del año en Pascua de los Negros! Comenzamos un nuevo año con todo el power, y las noticias no paran, especialmente en esta región fronteriza. Ha vuelto la atención mediática a propósito de la caída de Nicolás Maduro y del convencimiento que algunos sectores tienen de que ese hecho político podría generar una estampida de venezolanos regresando al país caribeño.

Por ahora no hay señales de una hégira, pero sí de un anuncio de la Delegación Presidencial respecto de que ya hay planes de contingencia destinados a evitar una nueva crisis humanitaria. Hasta ahora no hay señales de llegadas masivas a Arica, pero las autoridades dicen que están preparadas.

El año, en tanto, cerró algo apagado y con fuertes críticas a la gestión municipal, luego de que no se lograra obtener el permiso de Carabineros para realizar el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo, pese a que había sido ampliamente promocionado, incluso con el respaldo de empresarios del sector turismo. Mientras tanto, a 300 kilómetros al sur, Iquique se lucía con un show de drones que iluminó sitios patrimoniales como la torre de la plaza Prat e incluso proyectó el rostro del fallecido cantante cumbiero Tommy Rey.

Ahora vamos al resumen de la edición de esta semana, porque el tiempo y la pauta noticiosa apremian:

• Partimos con una nota sobre el riesgo que ha decidido correr la Municipalidad de Arica al mantener el recorrido del Carnaval «Con la Fuerza del Sol» en las proximidades de los faldeos del Morro de Arica, pese a la alerta emitida por un estudio de Sernageomin, el cual advierte de la existencia de una amenaza de derrumbes producto de las vibraciones que generan las bandas que acompañan a las comparsas.

• Como ya estamos en los descuentos del mandato gubernamental de Boric, reporteamos la inacción del Gobierno respecto del desalojo de la llamada «megatoma» de Villa Frontera, donde habría unos 300 lotes ocupados en el sector norte, próximo al aeropuerto.

• Nos dimos una vuelta por los tribunales y, el 17 de diciembre, dimos justo con la audiencia judicial por la querella presentada por el diputado electo Jorge Díaz en contra de la directora de Desarrollo Comunitario, Sandra Flores.

• En esta edición publicamos una entrevista a Susana Dreyer, madre del joven recluso Matías Andrade, quien ingresó en estado gravísimo al hospital y falleció con posterioridad, presuntamente a causa de una meningitis, tras haber recibido una golpiza por parte de gendarmes.

• Y nuestra última nota, como siempre, incluye una invitación a participar en el evento ciclístico «Uniendo el Collasuyo», que se realizará el 18 de enero, con circuitos desde Arica, Ilo y Tacna hasta llegar a Boca del Río.

Antes de comenzar la lectura y, a propósito de que es Pascua de los Negros y la celebran los afrodescendientes, tómese un chocolate con canela y clavo de olor. No se olvide de compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis en nuestra comunidad de Aquí Arica y reciban nuestra edición cada martes en sus correos.

Municipio mantiene recorrido del carnaval por el centro desafiando la alerta por derrumbes del Morro

Crédito imagen: El Mostrador.

Comenzó la cuenta regresiva para una de las fiestas multiculturales más importantes del verano a nivel nacional y de Sudamérica. Se trata del Carnaval «Con la Fuerza del Sol», que se efectuará entre el 30 de enero y el 1 de febrero en Arica, organizado por la municipalidad de la ciudad, la Confraternidad de Bailes Andinos y la Federación de Artes Indígenas «Kimsa Suyu».

La última versión de 2025 congregó a unas 300 mil personas, convocó a unos 20 mil bailarines y copó toda la capacidad hotelera de la ciudad, además de desbordar la demanda para alojamientos informales y generar 450 toneladas de basura.

• Como nunca, el evento está bajo tensión, dado que existe un estudio encargado por el Gobierno Regional (Gore) al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que sugirió aplicar medidas urgentes en el perímetro cercano al Morro de Arica, evitando estruendos y concentraciones de público masivas por la posibilidad de derrumbes que presenta el histórico peñón (ver nota).

Durante el último trimestre, la Municipalidad de Arica fue emplazada por diversos sectores para que presentara el Plan de Seguridad para el evento y exhibiera el video promocional. Recién el pasado 22 de diciembre, el alcalde Orlando Vargas Pizarro entregó su propuesta a la Delegación Presidencial Regional. ¿La sorpresa? Mantuvo el casco céntrico para el recorrido de las comparsas, pese a haber anunciado durante su campaña electoral que evaluaría el cambio del sitio del evento, atendiendo a los reclamos de los vecinos del sector por la basura y la congestión que se presenta, así como por la necesidad de proteger el Morro.

La única modificación que ofreció fue el término del recorrido a la altura del letrero icónico «Arica». Lo complejo es que después de ese punto viene justo la zona crítica de posibles deslizamientos de rocas y tierra del Morro. En ese sitio, habitualmente se concentran los bailarines y los músicos, cuando concluye su paso por la gradería oficial donde está el jurado para la evaluación de las comparsas.

El trazado incluyó leves cambios, alejándose solo unos metros de los puntos definidos como críticos dentro del estudio de Sernageomin, en los cuales se recomienda no efectuar vibraciones por el riesgo de deslizamientos de rocas y material hacia el paseo peatonal Carlos Condell.

Justificación municipal

Según el municipio, el ajuste del recorrido «busca reducir riesgos y ordenar el flujo de bailarines y público» y sí consideró las recomendaciones de Senapred, tales como «delimitación de zonas de riesgo y restricción, instalación de barreras de contención y señalética preventiva, refuerzo y demarcación de vías de evacuación, y una campaña de comunicación y difusión de riesgos dirigida a la comunidad, bailarines y dirigentes».

• El Plan de Seguridad consta de 15 páginas y fue elaborado por la ingeniera en Prevención de Riesgos del Departamento de Emergencias de la Municipalidad de Arica, Marión Alvarado Savé. Pero lo más preocupante es el funcionario de confianza responsable para su ejecución. En el documento aparece el encargado del Departamento de Eventos, el sociólogo Andrés Uribe Miranda. Este último fue sindicado como el responsable del fallido espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo, cuya autorización fue denegada por la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros de Chile por su presentación a pocos días del evento. La solicitud registró serios incumplimientos normativos y procedimentales que ponían en riesgo la seguridad de la comunidad y vulneraban la normativa para el uso de explosivos.

En cuanto a la promesa del jefe comunal de trasladar el carnaval a otro sector, el municipio indicó que «existe una línea de trabajo en desarrollo… que apunta a evaluar y proyectar sectores alternativos para futuras versiones del Carnaval, fuera del casco histórico. Este proceso se encuentra en etapa de análisis y diálogo técnico, institucional y con las organizaciones culturales, por lo que no hay aún una definición cerrada, pero sí una voluntad explícita de avanzar en esa discusión».

Preocupación en la mesa evaluadora

Según ha trascendido, existe preocupación en la mesa evaluadora del evento, donde participa la Delegación Presidencial Regional y coordina el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Como dicen por ahí, «el papel aguanta mucho», y lo que preocupa a las autoridades de Gobierno es que el plan municipal presentado no tendría la contundencia que esperaban, considerando que el carnaval es un evento de alto riesgo. Esta crítica se sustenta en hechos como la caída de una pantalla sobre una comparsa donde un músico sufrió una lesión gravísima el 2011, y el atropello de una asistente al Convite del Carnaval el 2023, actividad previa que se realiza tradicionalmente una semana antes.

De hecho, el documento ya presenta una inconsistencia, pues declara que terminará el 1 de febrero a las 6 am, cuando habitualmente el cierre se ha extendido pasadas las 10 de la mañana con la presentación de un grupo musical.

Municipio ignora los derrumbes

Pese a la intensa difusión sobre el estudio de inestabilidad del Morro de Arica realizada por Senapred con el municipio en distintos niveles jerárquicos, en el Plan de Seguridad no hubo ninguna mención al riesgo inminente de derrumbes a causa de las vibraciones sonoras.

Según el documento, solo se consideran seis amenazas: terremoto, tsunami, precipitaciones, accidentes, incendio y marejadas.

Extracto del Plan de Seguridad.

Falta Gerencia Pública

Uno de los más críticos respecto de la organización de este evento y que ha impulsado una línea de discusión al interior del municipio, para mejorar los procedimientos y la gobernanza del carnaval, es el concejal Daniel Manríquez Zúñiga (PDG).

• Desde que asumió hace un año, el edil ha planteado que debe institucionalizarse una Gerencia Pública del evento, «para lograr que genere un impulso a la actividad económica regional y forme parte de los calendarios de grandes eventos turísticos mundiales. Es hora de elevar el nivel de organización y superar las improvisaciones. El carnaval debe ser un evento de preocupación anual en su promoción y organización, además de sumar los aportes públicos y privados para tener un evento de gran magnitud. El Plan de Seguridad es una de las aristas que debe ser abordada profesionalmente para no tener ningún tropiezo como el que hubo con el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo. Si queremos llegar al nivel de otros carnavales, la gobernanza es un aspecto que hay que abordar con profesionales a la altura de este desafío».

Licitaciones al borde del plazo

Pese a que el «Carnaval con la Fuerza del Sol» fue programado desde febrero del año pasado, recién la Corporación Municipal de Fomento Productivo «Costa Chinchorro» inició el pasado 26 de diciembre la licitación, denominada «Producción de evento Carnaval andino con la fuerza del sol 2026». La apertura de las ofertas técnica y económica está prevista para el 15 de enero y al día siguiente se conocerá el resultado de la adjudicación; es decir, a solo 14 días de su inauguración. Para esta actividad se ha dispuesto de $ 145.200.000.

La propuesta pública considera la contratación de 10 servicios: streaming escenario principal, circuito cerrado de tv escenario principal, circuito cerrado de tv escenario Catedral San Marcos, set de televisión escenario Catedral San Marcos, sistema de votación jurado, sistema de evaluación de comparsas, producción carnaval fest 17 y 18 de enero, producción programa satélite carnaval andino 2026, hightlight carnaval 2026 y espacios fotográficos e intervenciones urbanas.

Lo mismo ocurre con otra propuesta pública para dotar de gradas metálicas para que el público pueda apreciar las comparsas en diversos puntos

La megatoma de Villa Frontera que zafó del plan de desalojos de Bienes Nacionales

Crédito imagen: cedida.

No hubo tiempo ni voluntad desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para impulsar el desalojo de la megatoma de Villa Frontera. La ocupación ha crecido exponencialmente, al punto de que hoy tiene 10 subdivisiones, donde habría unos 300 lotes de 800 m² cada uno, emplazados incluso sobre trincheras que tenía el Ejército en los 10 kilómetros próximos a la frontera con Perú.

Pero eso no es todo, ya que dentro de los ocupantes hay hasta funcionarios públicos y municipales, y eso a nadie parece incomodarle, porque ellos mismos aseguran que tienen «contactos» que nunca los desalojarán. Prueba de ello es que no hubo siquiera un intento de perseguir el delito de usurpación, pese a que la Fiscalía Regional creó un foco investigativo para esta situación en 2022.

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales hubo gestiones ante la Delegación Presidencial Regional y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia para que se evaluara un plan de acogida de los casos sociales en albergues u otras soluciones y así iniciar el «barrido» de la ocupación. Una de las razones para no dar luz verde desde la Seremi de Desarrollo Social sería la presencia en la toma del militante comunista y psicopedagogo del Liceo Politécnico A-2, Hans Neira Maluenda, excandidato a consejero regional en 2024 por esa colectividad, misma en la que milita la seremi de esa cartera, María Cid Figueroa.

Así, la entidad custodia del suelo fiscal tuvo que conformarse solo con desalojar las tres tomas de Cerro Chuño, donde pulularon los miembros de la organización criminal «Los Gallegos» y exhibir una notable cifra de desalojos de casi 240 hectáreas durante esta administración gubernamental, cifra récord de recuperación de suelo fiscal a nivel nacional.

Reclamos de la junta vecinal

La junta de vecinos «Villa Frontera», que agrupa a los pobladores del villorrio al sur de la megatoma, donde hay casas que aún tienen pendiente el alcantarillado y la pavimentación de sus calles, ha dado la pelea, criticando al Gobierno por su inacción, ya que sus dirigentes aseguran que en estos últimos cuatro años la ocupación ilegal aumentó.

Es más, la organización se inquietó con la decisión de la Seremi de Bienes Nacionales de impulsar una mesa de trabajo interinstitucional que incluye a varias tomas de la región, para finiquitar estudios pendientes que darán luces si es posible regularizarlas. Para ellos, esa decisión es el pasaporte para la regularización de dos de las 10 ocupaciones en el límite urbano y próximas al villorrio.

Además, la junta vecinal se queja de que pidieron dos lotes fiscales para equipamiento comunitario. Solo les concedieron uno y -hasta hoy- aseguran que el predio está tomado, por lo que la intención de hacer una plaza en el lugar está trabada. Y junto a ello, han cuestionado la reciente admisibilidad otorgada a un expediente de la Asociación Gremial de Emprendedores La Libanesa para obtener un predio fiscal en el sector, cuyo destino lo ignoran.

«No estamos regularizando»

El secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz Bogdanic, desmintió a Aquí Arica que su entidad esté patrocinando un convenio para permitir que los usurpadores de suelo fiscal se queden en Villa Frontera.

Según indicó, la entidad suscribió un protocolo con la Seremi de Vivienda y Urbanismo para impulsar un trabajo interministerial, «el cual propone la administración coordinada del suelo fiscal con potencial urbanístico en la Región de Arica y Parinacota, cuyo propósito central es optimizar la planificación, clasificación y aprovechamiento estratégico de los inmuebles, orientándolos al desarrollo de infraestructura y a la generación de espacios públicos. Este protocolo se firmó en octubre pasado con la presencia de diversos actores sociales».

Pese al desconocimiento que alegó la junta de vecinos de «Villa Frontera», esta cartera asegura que sus dirigentes participaron en el acto en que se firmó este compromiso. El seremi aclaró que el instrumento busca lograr un «crecimiento controlado y con una mirada estratégica de largo plazo, pensando en la infinidad de temas que no están resueltos, que requieren de un trabajo concreto para solucionarlos y que era necesario protocolizar. Lamento que existan denuncias contra el trabajo que se está haciendo, ya que aquí no existen ni transferencias ni arriendos fiscales, ni ninguna otra condición».

Una de las tareas cruciales que impulsará ese protocolo es la reiteración del requerimiento al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) haga el estudio del cauce de la quebrada de Caunire y se determinen las zonas de inundabilidad, lo que permitirá declarar viable o inviable la ocupación que hoy mantiene una porción de las tomas. El protocolo también establecerá las diferencias para las ocupaciones en zonas urbana y rural, ya que se tendrán que aplicar soluciones distintas según sea el caso.

Respecto de la eterna petición de la junta vecinal sobre la urbanización pendiente, Díaz señaló que el protocolo considera la evaluación sobre la construcción de las calles y de espacios públicos.

«El Ministerio, para tomar decisiones, necesita tener en la mano ese tipo de estudios, y había que dar un inicio formal dentro del marco jurídico, y a la vez iniciar las tramitaciones de los respectivos estudios urbanísticos, hidrológicos, de extensiones del área de concesión, etc. También se analizó en este mismo tiempo de diálogo con el Ministerio de Vivienda la situación que converge al Plan Regulador y a sus posibles modificaciones. Estamos haciéndonos cargo de realidades que nadie se ha hecho cargo. Hay que considerar que desde la Quebrada Caunire hacia el sur es una ocupación dentro del territorio urbano y que se necesita urgentemente realizar todos los estudios necesarios para poder determinar con certeza decisiones a futuro de lo que se puede hacer en ese territorio», expuso.

La autoridad dijo que en este plan«no se consideran soluciones habitacionales para quienes ya tienen viviendas o que hacen ocupaciones de terrenos para paseos de fin de semana, uso de bodegas de acopio o subarriendos, como hemos detectado en algunos casos. Nosotros tenemos información actualizada, ya que permanentemente la unidad de fiscalización ha registrado la superficie en ocupación. También se monitorea el sector, dado que colinda con el área protegida del Gaviotín Chico. Además, entendemos que hay personas que están haciendo mal uso de algunos territorios, así como también hay pobladores con necesidades de vivienda».

El seremi confirmó que ha recibido denuncias sobre ventas ilegales de terrenos y esa información ha sido derivada a la Unidad de Fiscalización, para formalizar una denuncia ante el Ministerio Público. Y sobre funcionarios públicos ejerciendo como usurpadores de suelo fiscal, sostuvo que «existe un dictamen de Contraloría donde efectivamente (se dice que) si se detectan funcionarios públicos en esos territorios se debe informar. Por eso es tan importante intervenir estos territorios en conjunto con otros ministerios, ya que aquí tenemos, por un lado, solicitudes en el radio urbano con materias relacionadas a viviendas; mientras que en el radio rural están relacionadas con proyectos productivos, pero donde también debe considerarse una urbanización, como en el caso de los parques industriales».

Asimismo, precisó que las dos solicitudes de la Junta de Vecinos de Villa Frontera han sido acogidas y una está a la espera de un recurso jerárquico que fue presentado por un tercero, respecto de un inmueble que es para una plaza. Sobre el otro, que es para el área de equipamiento, el 27 de noviembre del año pasado fue notificada la organización para el uso de un inmueble de 10 mil m² en el Lote 8 para espacios públicos de esparcimiento.

“Hemos hecho grandes gestiones en materia territorial para la junta de vecinos y para los habitantes de Villa Frontera como nunca antes en la historia de ese sector. Comenzamos con un terreno para Bomberos para edificar infraestructura, para un Cesfam, y ahora esta semana entregamos 14 hectáreas para trasladar a Carabineros con la Escuela de Formación. Suena incomprensible que se hable de postergaciones cuando ha sido uno de los territorios que más se ha trabajado, para darle mejor calidad de vida a todos los vecinos desde el Ministerio de Bienes Nacionales», puntualizó.

Funcionarios públicos como usurpadores

La megatoma ha sido objeto de críticas, ya que es vox populi que en ella participan como socios funcionarios públicos y municipales. Una situación similar ocurrió con la extinta “Toma Coraceros”, que contó con un fallido plan del Serviu para la construcción de viviendas sociales en una zona inundable de la quebrada de Acha y con un aporte del Gobierno Regional de $ 3.770 millones al Serviu, recursos que nunca fueron restituidos pese al fracaso del proyecto.

Más aún, persisten interrogantes respecto de cómo la Municipalidad de Arica actuó como ministro de fe y validó la creación de la Junta Vecinal “Quebrada de Caunire”, otorgándole la personalidad jurídica N° 5112 el 23 de enero de 2024, pese a no contar con suelo legalmente constituido.

Extracto de la constitución de la junta vecinal «Quebrada de Caunire».

La megatoma se ha vuelto casi intocable. Todo el mundo ve transitar costosos vehículos 4×4 hacia el sector, pero nadie se ha atrevido a denunciarlos. Y cada vez que Bienes Nacionales ha intentado un empadronamiento, paradójicamente los fiscalizadores se encuentran en el lugar con sitios no habitados o la presencia de adultos mayores en precarias condiciones.

Lo cierto es que el presidente de la Junta de Vecinos «Quebrada de Caunire», Winston Núñez Mundaca, tiene un extraño y reciente vínculo con la Municipalidad de Arica. Justo cuando comenzaba la campaña a senadora de la hija del alcalde Orlando Vargas Pizarro, el dirigente fue fichado como vigilante a honorarios en la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (Dipreseh) el 1 de julio con un sueldo de $ 896.784.

Lo increíble es que en uno de sus informes mensuales para justificar el pago de sus honorarios, Núñez fue enviado a hacer patrullajes en la misma zona donde es usurpador.

Extracto del informe de Winston Núñez para cobro de honorarios al municipio.

También la secretaria de la organización, Cindy Núñez Otaegui, es funcionaria pública, ya que ejerce desde diciembre de 2022 como administrativa del Tercer Juzgado de Policía Local, con un sueldo de $ 1.455.376, según la plataforma de Transparencia de octubre del año pasado.

Se suma a ellos la participación de la funcionaria de la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) y del equipo de confianza del alcalde, Daniela Morales Burdiles. Si bien ella negó ser dirigenta de la llamada «Toma 3 y medio», que se escindió de la «Toma 3», lo que sí admitió fue que ha apoyado a los usurpadores. Lo que ha trascendido es que Morales iba diariamente en su vehículo a la toma y tuvo un meteórico avance en la administración pública. Militante del Partido Comunes, en 2022 se inició como jefa de Gabinete en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, luego salió de allí intempestivamente y fue reclutada como encargada de protocolo, a honorarios, en la Municipalidad de Arica, en 2024.

Sin embargo, tras perder las elecciones, el alcalde Gerardo Espíndola Rojas la despidió porque se enteró con pruebas gráficas que Morales había hecho campaña por Orlando Vargas Pizarro, candidato outsider que le arrebató el sillón edilicio. Para evitar que quedara cesante, la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Gladys Acuña Rosales (PS), la contrató en el período noviembre-diciembre a trabajar a contrata en su gabinete como analista de la demanda habitacional.

En ese período, y de manera coincidente, obtuvo la asignación de un departamento en un conjunto habitacional social, situación que ella descarta esté relacionada con su vínculo laboral con el Serviu, asegurando que llevaba 14 años participando en un comité de vivienda.

Posteriormente, en 2025, regresó al municipio, incorporándose como gestora territorial en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). Desde ese cargo, desarrolló una activa campaña política en apoyo a la candidatura al Senado de la hija del alcalde, Cinthia Vargas Morales, y a la postulación a diputada de su jefa directa, la directora municipal de Desarrollo Comunitario, Sandra Flores Contreras (PS).

El apoyo republicano

Pese a que el discurso del Partido Republicano ha sido contrario a la validación de las tomas de terreno, en la práctica esto ha resultado letra muerta en periodos electorales.

La excandidata a diputada y exconsejera constituyente republicana Pollyana Rivera Bigas sucumbió a la tentación de hacer campaña en la megatoma. En un video que ella misma difundió en sus redes sociales aparece con dos dirigentes de ese grupo.

De manera contradictoria, ocho días después Rivera hizo un guiño también a la junta de vecinos de Villa Frontera, cuyos dirigentes son férreos opositores a la toma, pero que nunca confrontaron a la candidata. Desde el Gobierno han señalado que esta organización mantiene fuertes lazos con el Partido Republicano y que, por esa razón, en su discurso han cuestionado las gestiones que ha venido realizando la seremi de Bienes Nacionales respecto de la ocupación de ese suelo fiscal, pero no el despliegue de políticos de la derecha.

Daños al tren tacneño

Un último detalle, no menor, es el daño que habrían provocado los usurpadores a la línea del Ferrocarril Tacna-Arica, cuyo propietario es el Gobierno Regional de Tacna.

Crédito imagen: El Mostrador.

Según inspecciones realizadas luego de una crecida de la quebrada Caunire en febrero de este año, el cauce habría sido desviado y esto habría ocasionado que el torrente socavara los cimientos del puente ferroviario. Desde esa fecha, el tren suspendió los viajes entre ambas ciudades fronterizas, a raíz de que los rieles quedaron sin apoyos.

Coletazo electoral: se mantiene disputa judicial entre diputado electo y directora de Dideco por injurias

Crédito imagen: cedida.

Dicen que en la política nada es personal y, al final, sus actores siempre terminan dándose abrazos cuando se apagan las luces. Sin embargo, esta máxima no es aplicable al conflicto que llegó a tribunales a principios de noviembre, tras la presentación de una querella por injurias y calumnias que hizo el diputado electo y exgobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz Ibarra (DC), en contra de su compañera de lista parlamentaria y directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Arica, Sandra Flores Contreras (PS).

El pasado 17 de diciembre se realizó la primera audiencia de este caso en el Juzgado de Garantía, luego de que la acción judicial fuera presentada el 3 de noviembre. La querellada se presentó junto a su abogado, el defensor regional Sergio Zenteno Alfaro.

Con una actitud visiblemente incómoda, Flores tuvo que soportar casi una hora de la diligencia judicial. Detrás de ella, entre el público, solo la acompañaba la consejera regional socialista Denisse Morales Flores, respecto de quien el juez de Garantía, Juan Araya Contreras, señaló que la conocía y que esperaba que ello no incomodara a nadie.

Sandra Flores rechazó la propuesta de su querellante, que consistía en ofrecer disculpas públicas y realizar una donación a un organismo de beneficencia. De este modo, la audiencia avanzó a una segunda etapa, en la que el defensor regional expuso los argumentos y el contexto en que la directora de la Dideco publicó un video durante la campaña electoral, negando que en dicha acción hubiera acusado a Díaz de manejos irregulares en la asignación de recursos a la Fundación Valcar.

La explicación no convenció al futuro parlamentario, quien resolvió perseverar en la querella criminal. Ante ello, el magistrado optó por fijar la fecha de un juicio simplificado para el próximo 9 de marzo.

Durante la audiencia, el defensor regional enfatizó que el querellante no había acompañado pruebas ni documentos que respaldaran la acción judicial. El juez acogió este argumento y, en consecuencia, no autorizó que el video ni otros antecedentes fueran exhibidos en la sala.

Así, el próximo 9 de marzo, querellante y querellada se verán las caras. El punto es que en ese face to face solo podrá ser leída la querella, sin la posibilidad de incluir la exhibición del video que dio origen a esta contienda judicial. Este punto fue ganado por el defensor regional durante la audiencia judicial, quien advirtió que el libelo no incluía pruebas para ser presentadas. Esta situación, a juicio de algunos conocedores del procedimiento judicial para acciones penales privadas, podría restarle mérito al querellante para obtener un fallo condenatorio en contra de la excompañera de lista de Díaz durante las elecciones parlamentarias.

Madre de joven recluso fallecido: «Hasta ahora desde Gendarmería nadie me ha explicado nada»

Crédito imagen: cedida.

Una pizarra dispuesta en la guardia de Gendarmería de Chile, en el Complejo Penitenciario de Acha, alertó el pasado 29 de diciembre a Susana Dreyer, «La Tutti», de que su hijo recluido en ese penal no estaba bien. La mujer llegó hasta el recinto luego de pasar cuatro días sin poder comunicarse telefónicamente con Matías Torres Dreyer (22), algo que realizaba a diario, pese a las restricciones e intervenciones en las comunicaciones que mantiene Gendarmería al interior del penal.

“Matías Torres en UCI”, leyó su nieta, quien la acompañaba en ese momento. A partir de ahí, el trato de los custodios hacia Susana Dreyer cambió abruptamente. Visiblemente inquietos, gendarmes y el comandante de la unidad comenzaron a atenderla y a entregarle explicaciones vagas sobre las razones que habrían llevado a su hijo hasta la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Noé.

Sin perder tiempo, la madre se trasladó hasta el centro asistencial. Allí encontró a Matías conectado a un ventilador mecánico y con una intervención quirúrgica en la cabeza de la que -asegura- nunca fue informada previamente.

Crédito imagen: cedida.

La corta historia de Matías indica que se había vuelto un habitante permanente del penal, dadas las numerosas causas que tenía por la comisión de diversos delitos. Venía de una infancia difícil, pero tenía un apego innegable a su madre. El muchacho resistió hasta 24 de diciembre y luego su vida se apagó. A raíz de que las causas de su deceso no estaban claras, especialmente cómo llegó en estado gravísimo al hospital, la Fiscalía Regional del Ministerio Público dispuso que se realizara una autopsia bajo el Protocolo de Minnesota. El procedimiento es el mismo aplicado en el caso de la muerte del conscripto Franco Vargas Vargas, dado que el fallecimiento se produjo bajo la custodia de agentes del Estado.

En una entrevista con Aquí Arica, Susana Dreyer reveló los últimos pasajes que vivió su hijo y que ya los relató ante la PDI en medio de la investigación que se abrió por su deceso.

-¿Cuándo habló por última vez con Matías?

-Hablamos el 17 de diciembre por última vez y ahí le dije que se portara bien, porque había tenido una pelea con otro interno. Me envió hasta una foto. Lo habían llevado a la posta y, como no tenía nada, lo enviaron a la cárcel de nuevo. Nosotros éramos muy unidos, entonces por eso fue raro que no habláramos más.

-¿Cuánto tiempo le quedaba a su hijo para salir del penal?

-Él estaba por un robo en lugar no habitado y tenía una condena de cuatro años. Como tenía un abono de días de prisión por otra causa y este año ya tenía dos años condenado, le quedaba como un año y medio y saldría.

-¿Cómo se enteró de que su hijo estaba en mal estado?

-Los amigos de mi hijo que están en la cárcel comenzaron a preocuparse y me llamaron, especialmente uno que dormía en el mismo módulo de castigo adonde Gendarmería envió a mi hijo. No lo sintieron desde el jueves, que se lo llevaron a esa celda en deplorables condiciones.

Me empecé a preocupar esa misma semana previa a la Navidad, porque no tenía noticias de él y los internos me mandaban audios o conversaban conmigo diciéndome que ya le habían perdido el rastro.

-¿Y qué dicen esas versiones?

-Muchos coinciden en que mi hijo habría sido golpeado por un capitán de Gendarmería, luego de que él mordiera a un gendarme cuando lo trasladaban de vuelta del hospital. Mire, Matías no era ningún santo, era bien jugoso y tenía conflictos con los gendarmes, pero eso no le daba el derecho a nadie de matarlo.

A mi hijo lo derivaron al módulo de alta seguridad. Cuando me entrevisté con la PDI, allí me enteré que Matías estuvo en una celda donde no veía la luz. Este tipo de castigos está prohibido, pero nos enteramos que lo usan, pese a que no está aprobado por la normativa de Derechos Humanos.

-¿Gendarmería la contactó para decirle que su hijo estaba en la UCI?

-Nunca. Me enteré por casualidad, porque estaba escrito en la pizarra de la guardia el lunes, cuando yo había decidido ir a ver qué pasaba con mi hijo. Al final, mi nieta se dio cuenta de que en la pizarra estaba escrito el nombre de Matías y que decía que estaba en la UCI. El comandante me explicó que no sabía cómo Matías llegó a la UCI, y fue muy raro, porque cuando me entrevisté me dijo: «Pídale a Diosito, pídale por su hijo, por favor, está mal».

También una gendarme extrañamente se me acercó y me dijo: «Mamita: haga lo que tenga que hacer, aquí no somos todos iguales». Así es que por las pistas que ellos mismos me han dado, decidí denunciar y hasta hicimos una protesta afuera de la cárcel, para que el caso de mi hijo no quede en la impunidad.

Investigación penal

-¿Se abrió finalmente una investigación sobre la muerte de Matías?

-Sí, la Fiscalía, la PDI y el Instituto Nacional de Derechos Humanos han estado trabajando en la investigación y eso me deja más tranquila. Tuve que declarar como cuatro horas en la PDI, entregando la información que recibí de los internos para que corroboren qué tan cierta es, porque yo no puedo asegurar que todo lo que me dijeron sea cierto. Lo que sí supe es que la PDI estuvo en la celda donde castigaron a mi hijo y realmente ellos quedaron impactados porque no tenía luz y estaba con sangre y fecas. Tremendo, me da mucha pena saber que así tuvieron a mi Mati.

También le hicieron la autopsia a Matías bajo el protocolo de Minnesota. Luego de eso, lo pudimos cremar y hoy sus cenizas descansan en la casa, en un ánfora que le compré. Mi hijo nunca fue un reo abandonado. Pese a que yo trabajo como auxiliar en una minera, siempre lo visitaba semana por medio y nunca le faltaron las encomiendas.

-¿Qué espera ahora?

-Lo único que quiero es justicia y que paguen todos los responsables, desde los oficiales a los suboficiales. Hasta hoy Gendarmería no me ha explicado cómo mi hijo llegó así de mal al hospital y tampoco nadie me ha dicho por qué lo operaron de la cabeza y no nos llamaron. Yo vivo a una cuadra del hospital, tenían mi número telefónico y la dirección de mi casa y no lo hicieron.

La verdad es que no entiendo nada. Estoy aún muy golpeada con todo. Entregué a mi hijo sano y mire cómo me lo devolvieron. Si hasta en el hospital nos discriminó un médico y una enfermera. Esto también fue un golpe para su padre, que está recluido en otro módulo. Él ha sufrido muchísimo con lo que le ocurrió al Matías, así es que esperamos que los gendarmes digan la verdad y se terminen los abusos.

¡Atención ciclistas!: se viene el evento binacional «Uniendo el Collasuyo»

Cerca de 300 ciclistas ya se encuentran inscritos en el evento deportivo Uniendo el Collasuyo, una iniciativa organizada por la agencia de comunicaciones y marketing Sport XV.

La competencia se desarrollará este 18 de enero y contempla tres circuitos simultáneos, con partidas desde Arica (Chile), Tacna e Ilo (Perú). Los recorridos convergerán en la playa Boca del Río, balneario ubicado al poniente de la ciudad de Tacna, donde se realizará el cierre del evento.

• Esta será la sexta versión de esta actividad, que comenzó con un desafío personal de cuatro amigos de Tacna y Arica. Uno de sus organizadores, el ciclista y comunicador radial Rodrigo Morey, señaló que este recorrido tiene un alto sentido patrimonial, «ya que hace referencia al Collasuyo; es decir, uno de los cuatro puntos del Tahuantisuyo, y que considera a Arequipa, Ilo, Arica y hasta el Maule. Nos vamos a juntar en Boca del Río los tres grupos que saldrán de Ilo, Tacna y Arica«.

La actividad es gratuita y, según Morey, «la idea es dejar un legado y que permanezca. Este evento es de integración y pretende revalorizar al imperio inca. Este evento no tiene aportes fiscales, pero bienvenidas son todas las autoridades que quieran participar«.

Y llegó a su fin la primera edición del año. Gracias por leerla completa. Nos vemos a las 19.30 horas en el pasacalle de la «Pascua de Negros» en el centro de Arica. Y seguimos reporteando para la próxima edición…

¡ATINAMOS CON EL NUEVO CONTRALOR! Tal como se lo adelantamos en una reciente edición, a partir del 1 de enero asumió como contralor regional Gonzalo Fuentealba Durán. El exsupervisor de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Magallanes e ingeniero civil industrial retorna a la región, ya que antes se había desempeñado como fiscalizador en Arica. En tanto, el contralor saliente Juan Leone Silva ya se instaló como nuevo contralor regional en Coquimbo.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.