Gobierno boliviano busca deslegitimar a fiscal chileno por caso de las narcomaderas

¡La Eterna Primavera sigue vigente! Aunque los ariqueños se quejen de que los días están más fríos, la verdad es que por estos días se vive casi un paraíso en esta ciudad fronteriza, con días soleados y algunas ventoleras. El panorama dista mucho de lo que están enfrentando desde Copiapó al sur, donde los temporales y crecidas de los ríos han provocado graves daños en caminos y viviendas.

Justamente ese sol eterno es el que ha atraído a varias delegaciones de adultos mayores del sur a visitar la región y cruzar la frontera para recorrer Tacna, comprar algún regalito y disfrutar de la gastronomía peruana. Ese mismo panorama también lo han repetido familias ariqueñas durante las dos semanas de vacaciones de invierno que finalizan el domingo.

El panorama político se mueve intensamente, con altos y bajos para quienes ejercen el poder. También nuestra economía regional: la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha levantado una alerta sobre la baja inversión de los fondos regionales (18,5%) en la construcción de infraestructura pública y, con ello, su impacto en la caída de la empleabilidad.

Vamos al resumen de la edición de esta semana antes de que nuevos sucesos ameriten cambios de última hora.

• En la primerísima nota destacamos la nueva arremetida comunicacional del Gobierno de Bolivia que, a través de comunicados, puntos de prensa y entrevistas a autoridades, ha desestimado la investigación de la Fiscalía Regional por el hallazgo de madera impregnada con droga en el puerto de Arica.
• Un manto de dudas dejó la intempestiva renuncia del seremi de Hacienda, Marcelo VergaraAlbarracín. La exautoridad negó que el abandono del cargo se deba a un doping positivo en el test de drogas. Sin embargo, ni él ni el Gobierno accedieron a exhibir los resultados del examen capilar que se tomó tras asumir el cargo en marzo pasado.
• Un nuevo capítulo en el proceso judicial que intenta frenar el desalojo de la población Cerro Chuño. Una organización animalista decidió intervenir como “amicus curiae”para exigir a la Corte de Apelaciones el cumplimiento de protocolos de cuidado de los animales que viven junto a las familias que serán erradicadas.
• Y cerramos con el acuerdo sellado en la CUT provincial, que permitió destrabar el conflicto entre dos de las listas que postularon en la elección en mayo del año pasado. Ambos sectores compartirán el periodo de tres años en partes iguales alternando la presidencia.

Antes de comenzar la lectura, bien nos viene un juguito de tunas del poblado de Sahuara en la comuna de Camarones. Y como siempre, les recordamos que pueden invitar a nuevos lectores para que se inscriban gratis y así puedan disfrutar cada martes de nuestras ediciones.

Narcomaderas: Gobierno boliviano blinda a sus exportadores sin pruebas

Crédito imagen: El Mostrador.

Sin esperar los resultados de la investigación penal que realiza la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota por la incautación de tres cargamentos con maderas impregnadas con cocaína y ketamina en el Puerto de Arica, el Gobierno boliviano sorpresivamente decidió ponerle la lápida a este proceso.

En una intensa arremetida comunicacional, el propio Presidente de la República, Rodrigo Paz Pereira, salió a respaldar al influyente sector maderero de su país, anunciando el viernes que ejecutará acciones para resarcir el daño reputacional que se habría originado a esta actividad, al difundirse esta nueva modalidad de tráfico de sustancias ilícitas sin contar –a su juicio– con pruebas suficientes.

• “El daño que se ha hecho es muy grande. Pero lo que más me duele es que algunos aprovecharon políticamente, creyendo que le hacían daño al Gobierno, cuando en realidad le hacían daño a empresarios que llevan tantos años:, 20, 30 años ganando mercados. Primero hay que reflexionar a esos políticos… en el fondo lo que están haciendo es daño a gente que lleva una vida dedicada a la producción y a dejar el buen nombre de Bolivia muy en alto”, declaró Paz.

La reacción del Presidente, sin esperar las conclusiones de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, surgió tras las declaraciones del fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, quien el jueves dio un punto de prensa en el que desconoció la validez de las pericias realizadas en Chile, declarando que no habían antecedentes suficientes para dar soporte a la investigación por narcotráfico en la exportación de maderas.

En un giro inesperado, Mariaca dio un tinte político a su vocería, haciendo una defensa de la probidad del sector maderero que es objeto de una investigación de su propio organismo, a propósito de los hallazgos de droga en puertos de Chile y Brasil. “No se ha podido determinar, tanto en nuestro país como en otras diligencias que se están realizando en otros países, para poder determinar que sí, efectivamente, hubo lo que es el tráfico de sustancias controladas en las maderas. No queremos ser irresponsables con aquellas personas que ponen el hombro al país, aquellos empresarios madereros que tienen tradición de más de 30 o 20 años. No podemos ir y destruir todo eso que han construido, con ciertos indicios o con presupuestos que a la fecha no existen”, afirmó.

También insistió en que el proceso estaba en etapa investigativa y que estaba llamando a declarar a personas que residen en Cochabamba y Santa Cruz, y agregó: “Tengan la seguridad de que vamos a ser responsables para determinar si hubo o no tráfico. Por el momento hemos mandado diferentes pericias tanto al IDIF como a organismos internacionales que nos están colaborando. Lo que digan los chilenos, lo que digan los brasileros, ellos son independientes de lo que ellos puedan resolver o manifestar como Ministerio Público. Nosotros respetamos la independencia que tiene cada ministerio público”.

Declaración de Gobierno

El caso de las narcomaderas también movilizó al Ministerio de Gobierno de Bolivia, entidad que sin especificar fuentes fidedignas emitió una declaración oficial el 16 de julio, confirmando que laboratorios especializados de Chile y Brasil, sin precisar cuáles eran y en qué cantidad, habían descartado la presencia de sustancias ilícitas en maderas de exportación.

“Fiscal en campaña”

La deslegitimación de la investigación penal de Arica no se detuvo en el Presidente Paz. Con un tono más “incendiario” y frontal arremetió también el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes Muñoz. La autoridad acusó al fiscal Carrera de generar este caso para pavimentar una eventual candidatura a fiscal nacional.

“El fiscal de Arica estaba o sigue para una campaña para ser fiscal general en Chile y ha tratado de utilizar Bolivia para, digamos, destacarse y mostrarse como una persona que busca la justicia, la eficiencia, lo cual es falso”, afirmó la autoridad al programa “Otra Noche” del diario El Deber de Santa Cruz.

Y para ratificar esta impresión se escudó en un encuentro que habría sostenido con representantes de la Dirección de Fronteras y Límites, de Carabineros de Chile y del Ejército de Chile en La Paz el 15 de julio, oportunidad en la que aseguró que esas autoridades le habían corroborado la parcialidad de Carrera.

“Hay algunos elementos importantes. Ayer tuvimos la visita de Carabineros de Chile, del director de Fronteras, de un teniente coronel y de un agregado militar del Consulado de Chile en Bolivia. Ellos nos decían varias cosas. Coinciden con nosotros en que el comportamiento de ese fiscal ha sido absolutamente ilegal, insostenible, jurídica y técnicamente. Esos fueron los términos que se usó en esa reunión”, expresó.

Según trascendió, esa declaración inquietó al Alto Mando de la policía uniformada chilena. Sigilosamente, la institución habría solicitado que se hicieran indagaciones sobre ese supuesto encuentro, que pudo darse en el marco de la XVIII Reunión del Comité de Frontera e Integración Bolivia-Chile que se efectuó el 14 y 15 de julio en La Paz.

• A raíz de los cuestionamientos contra el fiscal Carrera que se tomaron la agenda pública boliviana, desde la Fiscalía Regional emitieron un breve comunicado señalando que el proceso investigativo continuaba y que no emitirían más comentarios.

Aunque la Fiscalía ha guardado silencio sobre las diligencias que está realizando sobre este caso de narcotráfico, lo que ha trascendido es que ha sometido a análisis en el Instituto de Salud Pública (ISP) más de 500 muestras de maderas incautadas, de las cuales un 98% han arrojado presencia de clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina.

• Para disipar dudas sobre el método utilizado, el fiscal regional se trasladó al laboratorio del ISP en Santiago, donde requirió antecedentes del procedimiento, el cual tendría una metodología distinta al del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia. Ese detalle podría explicar las diferencias en los resultados de las pesquisas en el vecino país, donde se ha descartado la presencia de drogas en los aserraderos productores de las maderas y en algunos envíos que ha calificado como “falsos positivos”.

En estas últimas semanas, la Drug Enforcement Administration (DEA) habría solicitado la aplicación de testeos paralelos a la fiscalía chilena, accediendo probablemente a la solicitud del Gobierno boliviano de generar un análisis paralelo que dé mayor confianza al vecino país. Sin embargo, desde la Fiscalía no aceptaron el requerimiento y, a cambio, le ofrecieron visitar las instalaciones del ISP, para conocer la infraestructura y metodología aplicada a las narcomaderas.

Si bien desde Bolivia se ha acusado a la Fiscalía Regional de apresurar conclusiones al dar a conocer los operativos con los hallazgos de droga en las maderas, el órgano persecutor ha insistido en que no se basó en meras conjeturas, sino que decidió informar sobre estos hallazgos luego de haber realizado distintos pasos para pesquisar este sofisticado método de ocultamiento.

Las etapas consideraron un estudio de la documentación de exportación que arrojó inconsistencias. Una vez identificados los contenedores con sospechas, se les aplicó una revisión con perros detectores de drogas, los cuales en todos los casos pesquisados marcaron positivamente la presencia de sustancias ilícitas. Tras esta diligencia, los cargamentos fueron sometidos a pruebas de campo con tests rápidos y luego se extrajeron muestras que fueron sometidas al análisis del ISP.

Pese a ello, el Gobierno boliviano ha desarrollado una campaña de descrédito de esta investigación penal, lo que, además, alentó a gremios de transportistas y de exportadores a pedir “compensaciones” a Chile por el daño reputacional causado en los mercados compradores de estos productos.

Renuncia seremi de Hacienda en medio de resistencia a exhibir su test de drogas

Era la carta que más defendió la diputada republicana Stephanie Jéldrez Ortiz para que fuese incorporada al Gabinete Regional. Sin embargo, el ingeniero comercial y su aliado en el movimiento ciudadano “Con mi plata no” en contra de la Reforma de Pensiones, Marcelo Vergara Albarracín, solo duró casi cuatro meses como secretario regional ministerial de Hacienda, ya que sorpresivamente el viernes pasado presentó su renuncia al cargo.

Dado lo escueto del comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Hacienda sobre su dimisión –que recién comenzó a masificarse el sábado, y que los medios pusieron el acento en que era el seremi número 24 que abandonaba un puesto en el Gobierno actual–, Aquí Arica intentó conseguir un pronunciamiento en esa misma cartera, en la Delegación Presidencial Regional (DPR), en la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno y con la misma exautoridad sobre las verdaderas causas de su decisión, pero chocamos contra una verdadera muralla para dilucidar este caso.

Es más, en todas esas instancias hubo una completa negativa y explicaciones evasivas y contradictorias ante la consulta específica sobre el test de drogas al que se había sometido Vergara. Según un reporte de la DPR entregado a este medio el 22 de junio pasado, a esa fecha el exseremi ya se lo había practicado, pero aún no estaban listos los resultados.

Pese a que dijo que estaba dispuesto a hablar con la prensa, Vergara rechazó ser entrevistado por Aquí Arica, evitando contestar su teléfono. Solo nos entregó unos mensajes vía WhatsApp, en los que reafirmó la misma versión que dio a varios militantes de su partido: que dejaba el cargo porque recién se había dado cuenta de que el sueldo que estaba recibiendo no le alcanzaba para mantener su hogar en Arica y a sus hijos en Santiago que cursan estudios superiores en dos universidades.

Es más, a la militancia le aseguró que el salario ya no tenía los bonos trimestrales por metas de gestión institucional. Sin embargo, en la página de Transparencia de la Subsecretaría de Hacienda es posible advertir que el monto fue ajustado de 3.777.020 en febrero de este año a una cifra pareja de $ 5.026.689. Esto, de acuerdo con el artículo 38 bis de la Constitución Política del Estado que fijó sueldos de funcionarios de confianza política bajo el supuesto criterio de aplicar austeridad en la política salarial, dado el complejo panorama económico por la caída del Producto Interno Bruto (PIB).

En breves mensajes que envió a este medio, Vergara descartó ser consumidor de drogas, pero se negó a exhibir el test practicado por su servicio en cumplimiento a la normativa vigente desde febrero de este año, que hizo obligatorios estos exámenes para los delegados presidenciales, seremis y jefes de servicios. Al respecto dijo que no los tenía en su manos.

• La renuncia golpeó al mundo republicano, pese a que Vergara registra una militancia no superior a seis meses en la colectividad. Es más, se sabe que la diputada Jéldrez promocionó con ahínco su nombre para que fuera designado seremi de Economía, Fomento y Turismo. Sin embargo, esa partida no la ganó, ya que la exconsejera regional y también republicana, Romina Cifuentes González, consiguió un patrocinante más fuerte y la nombraron en ese cargo.

No contenta con esa decisión, la parlamentaria logró como compensación que su candidato fuese designado seremi de Hacienda, pero con un propósito que sus cercanos siempre verbalizaban: “que si se cae la Romina, Marcelo asumirá Economía”. Finalmente ocurrió una paradoja. Tras la renuncia y mientras consiguen un reemplazante, quien asumió su subrogancia fue justamente la seremi de Economía, Romina Cifuentes.

• Lo que se conoció de los cuatro meses de gestión de Vergara fue un desempeño errático con escasa vinculación con los servicios claves y dependientes de Hacienda: el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR). Asimismo, la dimitida autoridad no tuvo eco en sus demandas de contar con una secretaria, un chofer, un periodista y un vehículo para la oficina unipersonal que asumió. Y durante las semanas de ejercicio en el cargo intervino en temas de empleabilidad –de competencia de la Seremi de Economía–, se sumó a una entrega de vacunas de una minera que es resistida por un grupo de comunidades indígenas en Camarones y participó en cuentas públicas de otras instituciones.

“Pídalo al Gobierno Regional”

Pese a que el empleador directo del exseremi era el Ministerio de Hacienda, desde ese servicio no quisieron responder a las consultas de Aquí Arica, derivándonos, increíblemente y con total desconocimiento del sistema político administrativo regional, a el “Gobierno Regional”.

Esa respuesta fue entregada por la coordinadora de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda, Marialí Bofill García. Luego, al representarle que estaba en un error porque el Gore era un organismo autónomo y que no tenía relación con el Ejecutivo, dijo: “Ay, parece que me quedé en el pasado. Pida la versión en la Delegación Regional, ellos van a hablar, quedamos en que la región va a hacer la vocería”. Y al solicitarle directamente que exhibiera los resultados del test de drogas aplicados al exseremi, primero señaló: “¿Cómo te voy a dar eso si es privado?” . Sin embargo, al expresarle que había una normativa reciente que obliga a los servicios del Estado a hacer públicos estos antecedentes, manifestó: “Voy a consultar si te los podemos dar”.

Desde ese momento, la asesora nunca más nos contestó los mensajes, pese a que le enviamos la normativa, el instructivo de la Contraloría General de la República en torno a esta materia y el compromiso del propio Presidente José Antonio Kast del 8 de abril pasado de transparentar estos antecedentes, luego de aplicarse voluntariamente el test capilar.

Aunque el delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado comprometió el 22 de junio a este medio que habría total transparencia en la difusión de los exámenes de drogas, su disposición cambió radicalmente luego de conocerse el doping positivo que registró en junio el seremi de Agricultura, el ingeniero agrónomo y su amigo personal, Jorge Heiden Campbell (Evópoli). Este último debió renunciar por la incompatibilidad legal que tiene el ejercicio de un cargo de Gobierno con el consumo de sustancias ilícitas.

La situación de Heiden se tornó bochornosa porque nunca el profesional reconoció que su test dio positivo, y se despidió del Gabinete Regional y de su servicio a través de un mensaje de WhatsApp, anunciando que dejaba el cargo por un empleo en el extranjero. También significó un golpe a uno de los pilares del Gobierno relacionados con la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, al registrar entre sus filas a la primera autoridad consumidora de drogas a nivel nacional.

A diferencia de lo que hizo con Heiden, esta vez el delegado Sayes se comprometió el sábado a hablar con Aquí Arica, pero luego optó por radicar la vocería de este caso en la seremi de Gobierno, la periodista republicana Pollyana Rivera Bigas, quien solo se limitó a repetir la escueta versión del Ministerio de Hacienda: “De acuerdo a información entregada por el Ministerio de Hacienda, informamos que el seremi de Hacienda, Marcelo Vergara, presentó su renuncia voluntaria al cargo, por lo que como Gobierno agradecemos el compromiso y trabajo realizado en nuestra región”.

Si bien hasta hoy en la región solo han sido publicitados tres exámenes de las autoridades del Gabinete Regional, específicamente los de los delegados presidenciales regional y provincial y el de la seremi de Gobierno, el tema está lejos de agotarse. Ello porque la Ley 21.806 estableció que las autoridades deberán someterse a otros dos tests durante cada año para mantener la vigilancia sobre el consumo de drogas.

Es más, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez Cantillana, emitió el Oficio N° 12.759 el pasado 5 de junio, mediante el cual instruyó a todos los servicios gubernamentales, centralizados y descentralizados, la obligatoriedad del sometimiento a control del consumo de sustancias estupefacientes mediante muestra biológica de pelo para autoridades, así como también requirió a las entidades disponer de los recursos necesarios para cumplir con este precepto.

Organización animalista interviene en recurso que intenta paralizar el desalojo de la población Cerro Chuño

Crédito imagen: El Mostrador.

Un sorpresivo actor entró en la contienda judicial del desalojo de la población Cerro Chuño. Mediante un recurso de protección presentado por la exasesora jurídica de la Delegación Presidencial Regional (DPR), Josefina Prado Tejerina, un grupo de ocupantes ilegales de la población pretende detener la medida dispuesta por la Delegación Presidencial Regional para este sábado 25 de julio.

Tras fracasar un segundo intento por lograr la aprobación de la orden de no innovar que pretendía paralizar este proceso, el viernes pasado la Fundación Animalista TN Aricat hizo una presentación en calidad de “amicus curiae”, es decir, como una organización no interviniente, pero digna de ser escuchada, para ofrecer una opinión técnica sobre un aspecto que no estaría abordando la autoridad: el destino de las mascotas que quedarán abandonadas una vez iniciada la erradicación.

• La presidenta de la organización, Victoria Fuenzalida Bugueño, expuso en la acción judicial que su intención –dada la experiencia que tienen en rescate, esterilización, reubicación, bienestar animal y prevención del abandono– apunta a “aportar antecedentes jurídicos, técnicos y de interés público relativos a la protección de mascotas, animales de compañía, perros comunitarios y colonias de gatos en el contexto del desalojo del sector Cerro Chuño, materia directamente vinculada con la legalidad, proporcionalidad y ejecución del acto impugnado”.

Es más, la dirigente expuso que es necesario ilustrar al tribunal de alzada sobre las obligaciones que tienen la Municipalidad de Arica, la Delegación Presidencial Regional, ministerios y otros órganos competentes sobre la prevención del “abandono, extravío, maltrato, sacrificio improcedente o desprotección material de animales de compañía y comunitarios en el marco del desalojo del sector Cerro Chuño“.

• También hace presente que en la sesión del Concejo Municipal realizada el 10 de julio, en la que se aprobó el arriendo por $ 64.260.000 por un mes del Hotel Concorde SpA para 120 mujeres y niños desalojados, se enunció la preocupación por las mascotas, pero nunca se definió la ejecución de un plan para este efecto.

En la presentación del “amicus curiae” se solicita a la Corte que considere en la resolución si los derechos de los animales están debidamente resguardados. Para ello pide que verifique si los organismos a cargo de ejecutar el desalojo realizaron un catastro de los animales; si existe un protocolo específico y operativo de prevención del abandono animal; y si hay una coordinación temprana, reubicación, registro, trazabilidad y mantención temporal adecuada de los animales afectados por desalojos.

Sobre este punto, afirma que “la ausencia de catastro, protocolo, coordinación temprana, reubicación, trazabilidad y mantención temporal de animales puede traducirse no solo en sufrimiento animal y muerte, sino también en una afectación adicional y severa a las familias afectadas, a sus niños, niñas, personas mayores y personas cuidadoras, profundizando el daño humano que el propio recurso de protección denuncia”.

En paralelo, la organización requirió por la vía administrativa que la Contraloría Regional de la República fiscalice los procedimientos que están aplicando las autoridades de Gobierno, en torno a los animales que habitan en la población que será desalojada y demolida.

Presidente nacional de la CUT zanja disputa por asunción de directiva provincial

Crédito imagen: El Mostrador.

Duró un año y dos meses congelado el conflicto y, paradójicamente, tras una reunión de solo 90 minutos, logró destrabarse el martes pasado. Así se puso fin a la disputa por la directiva provincial de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), cuya asunción se encontraba en suspenso desde la elecciones realizadas en mayo de 2025 por desacuerdo en la fórmula de repartición de los cargos (ver nota).

Contrariamente a la autonomía que siempre reclaman las regiones, esta vez el problema debió ser zanjado por el presidente nacional de la CUT, José Díaz Zavala, quien viajó hasta Arica para resolver este problema gremial que mantenía divididos a los gremios asociados a esta multisindical. Al final, el timonel logró una solución salomónica, al repartir el período de tres años entre dos mujeres, cada una representante de las listas que se batieron en este duelo gremial y que reclamaban ejercer el liderazgo de esta organización.

Así, el nuevo directorio estará integrado por nueve dirigentes de gremios del sector público y privado, quienes liderarán la organización durante los próximos tres años. El acuerdo de gobernabilidad estableció una presidencia compartida para garantizar la alternancia y el trabajo coordinado en la región: la tesorera nacional de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (IND), Pamela Núñez Carrasco, asumirá la presidencia durante el primer período de un año y medio, mientras que la representante de los trabajadores de Coca Cola-Embonor, Yarela Zapata Olate, se desempeñará como secretaria general y, al término de los primeros 18 meses, intercambiará su rol con Núñez.

El presidente nacional de la CUT, José Díaz Zavala (PS), señaló que su organización reconoce la autonomía de las regionales, “pero cuando no hay resolución en los actores regionales tenemos que venir a buscar lo que es la centralidad política, es decir, la responsabilidad sindical. En ello creo que los compañeros dieron respuesta al constituirse. Nosotros no vinimos a intervenir, sino que fuimos facilitadores de este encuentro para que los compañeros pudieran conocerse, pudieran conversar, manifestar inquietudes y proyecciones. Nuestro rol fue facilitador. Yo tengo la función de que cuando voy a regiones, me reúno con los directorios y acá teníamos nueve compañeros con los cuales me reuní”.

La nueva presidenta de la CUT provincial, Pamela Núñez, valoró el alcance del acuerdo, pese al tiempo perdido por los desacuerdos en la fórmula de repartición de los cargos: “Perdimos un año, pero no por eso dejamos de trabajar en esta intención. Así es que esperamos que trabajaremos en colaboración en apoyar las necesidades de todos los trabajadores de Arica. La idea de este diálogo fue zanjar las dificultades que tuvimos“.

De su lado, la secretaria general del gremio, Yarela Zapata, reconoció que el proceso para arribar a un acuerdo “fue largo, pero hoy podemos dar por terminada esta constitución, que fue dividida en dos períodos. Para nosotros ha sido un año de pausas, pero no de cese del trabajo porque los dirigentes del periodo anterior hemos seguido acompañado a los sindicatos. Ahora a seguir trabajando por los trabajadores, porque lo que se viene necesita de unión; la necesidad de constituirnos como directiva es retomar las mesas de trabajo con la autoridad para resguardar la salud y la integridad de todos los trabajadores”.

La dirigenta afirmó que es necesaria la unidad del gremio, dadas las amenazas que han advertido en las políticas públicas que pretende impulsar el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, tales como el aumento de la jornada laboral hasta 52 horas semanales. “Hoy es la amenaza a las 40 horas de trabajo semanales que se legisló recientemente. Quién quita que mañana pueda ser la libertad sindical, y eso es preocupante”, cuestionó.

Amenazas a dirigente de la ANEF

Tras la constitución de la nueva directiva provincial de la CUT, uno de los integrantes del directorio, el presidente regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Castro Ledesma, denunció que había sido objeto de un seguimiento y amenazas a su integridad, mientras se trasladaba en su vehículo el 12 de julio.

“El lunes fui a colocar la denuncia en el Ministerio Público y ahora está en etapa de investigación. Fue en un auto particular que se estaciona a mi lado, frente a Sodimac. Me toca la bocina para que bajara el vidrio derecho. Cuando lo bajo, empiezo a recibir insultos. Luego lo subo para no seguir escuchando. Al momento de que el semáforo da luz verde, sigo mi marcha y esta persona me tira el auto tres veces para chocarme“, relató el dirigente.

Luego contó que el sujeto continuó con las amenazas en otro semáforo, haciéndole saber que conocía su rol de dirigente sindical y que tenía identificado donde trabajaba y la dirección de su domicilio particular.

“Asumo que esto es parte del riesgo que tiene esta vocación de ser dirigente, es decir, que hay personas que no pueden estar de acuerdo y se manifiestan de manera violenta. Uno espera que quienes no estén de acuerdo, sean tolerantes, pero siempre es así. Es de esperar que la investigación siga su curso y esta persona sea sancionada“, expresó Castro.

EL COSTO QUE PAGÓ LA CORE PS. Era previsible, pero se ha mantenido bajo completa reserva. La consejera regional de militancia socialista, Denisse Flores Morales, pagó ya el primer costo político y personal por denunciar públicamente la contratación directa que propició el alcalde Orlando Vargas Pizarro de un hotel con piscina para niños y mujeres que serán desalojados de la población Cerro Chuño. Al jefe comunal no le gustó que Morales se pusiera al frente y denunciara por redes sociales el acuerdo que él promovió en el Concejo Municipal por destinar $ 64,2 millones para dicha operación (ver video). El novio de la core, el exseremi de Energía, Darío Fernández Serei (PS) fue cesado la semana pasada en el puesto que había conseguido en abril como profesional de apoyo en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio.

Gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima semana con otras noticias.

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