BRAGA
Créditos: Javier Salvo/ Aton Chile
Pese a la existencia del Ordinario 706, el cual explícitamente señala que no se debe exigir documento que acredite la condición VIH y el estado inmunológico, organizaciones comenzaron a recibir denuncias de personas seropositivas que dicen haber sido obligadas a presentar exámenes médicos que acreditaran diagnóstico y tratamiento.
En el marco del proceso de vacunación contra el Covid-19, el 16 de febrero se publicó el Ordinario 706 del Ministerio de Salud, el cual señala textualmente que “no es necesario que, al momento de requerirse la vacuna, se solicite o exija un documento, exámenes o certificado que acredite la condición VIH y el estado inmunológico. Sí debe presentarse cédula de identidad o documento de identificación”. Este documento ministerial vino a modificar el Ordinario 500, el cual fue denunciado por activistas y organizaciones con trabajo en VIH ante el Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud. Esto, producto que dicho documento oficial indicaba que se debía considerar presentar un documento que señalara “diagnóstico GES 18, CD4 mayor a 200 y carga viral menor a 1000”. Este requisito se configuró rápidamente como una barrera limitante para acceder a la vacuna, además de la vulneración al principio de la confidencialidad garantizado por la Ley de SIDA.
Sin embargo, pese a que se explicitó que no se debe acreditar la condición VIH ni el estado inmunológico, desde que se inició la vacunación a personas que viven con VIH/SIDA el 8 de marzo, las organizaciones comenzaron a recibir denuncias de personas seropositivas que dicen haber sido obligadas a presentar documentos y exámenes médicos que acreditaran diagnóstico y tratamiento.
En este sentido, el activista en VIH/SIDA Víctor Hugo Robles o “El Che de los Gays”, señala que él pasó por esa situación, pues debió verbalizar obligatoriamente su condición de VIH positivo frente a diversos funcionarios públicos. Esto, “sin necesidad de hacerlo porque estaba integrado a un listado oficial del Programa VIH del Hospital San José, lugar donde accedí con dificultades y exigencias a la vacunación”, cuenta.
Con el paso de los días, las denuncias se multiplicaron, señalándose como excusa la existencia de una la obligación legal de acreditar el estado serológico de las personas. Ante esto, Víctor Hugo Robles cuenta que “los funcionarios señalaban no haber recibido ni leído el Ordinario 706 del Ministerio de Salud”.
Desde la comunidad, lamentan no haber sido convocados a participar en la elaboración de los protocolos de vacunación a personas viviendo con VIH. Asimismo, se denuncia que el proceso de vacunación “no se efectuó como política pública centralizada ni coordinada por el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud”. Es más, se enfatiza en señalar que “los vacunatorios del todo el país aplicaron criterios diversos y dispares, mientras en algunos no establecían dificultades para vacunar a las personas viviendo con VIH sin la necesidad de certificar ni verbalizar la condición crónica específica, otros muchos insistían en la obligación legal de la acreditación clínica”.
Las denuncias por la vulneración de derechos vienen tanto de vacunatorios privados y públicos, siendo los públicos mayoritariamente administrados por las municipalidades de la Región Metropolitana, “destacando Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Lo Barnechea, Renca, San Miguel, Quilicura, Recoleta, Huechuraba y La Granja”, señalan. Del mismo modo, recibieron denuncias de vacunatorios públicos de las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Talca, Tomé y Concepción. Las denuncias han sido recogidas mediante relatos y testimonios orales, así como también escritas en redes sociales o enviadas y recibidas directamente en el programa “Siempre Viva en Vivo” de Radio Universidad de Chile.
Frente la situación, desde la comunidad se activaron estrategias de “denuncias públicas e incidencia política e institucional para mejorar la vacunación a las personas viviendo con VIH/SIDA”. Una de ellas fue un recurso de protección interpuesto por Robles el 3 de febrero en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Ministerio de Salud.
El activista señala, a través de una carta, que esta acción legal fue desconocida por el ministro de Salud en una entrevista con periodista Ramón Ulloa de Canal 13. “Este recurso de protección se encuentra vigente en el Poder Judicial”, expresa Robles.
Asimismo, se realizó otra acción legal por fallas en la política de vacunación. Esta fue interpuesta en tribunales por otra persona viviendo con VIH en contra de la Municipalidad de Providencia.
En paralelo a las acciones legales, según “El Che de los Gays”, se realizaron consultas, contactos y reuniones con el Programa Nacional de Prevención y Control en VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud. Estos encuentros nacieron con la necesidad de buscar activamente soluciones a esta situación. Sin embargo, pese a los esfuerzos por tener reuniones entre organizaciones sociales con trabajo en VIH/SIDA y la jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Cecilia González, no fue posible. “Fueron rechazada sin razones, ni explicaciones convincentes. Es lamentable que el diálogo directo y el sentido de colaboración mutua entre las autoridades de salud y la ciudadanía no sea parte de la política pública del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud”, expresa Robles.
Asimismo, el activista interpela al ministro de Salud señalando que “resulta lamentable que ni sus palabras, ni la existencia de una instrucción ministerial obligatoria sean suficientes para impedir la violación a los Derechos Humanos de las personas viviendo con VIH/SIDA en Chile”.
Accede a la carta dirigida al ministro de Salud escrita por Víctor Hugo Robles aquí: Carta a Ministro de Salud.
