BRAGA
Se presentó una indicación que busca definir de mejor forma cuales son aquellos delitos donde es aplicable la agravante, entre ellos se encuentran crímenes como; tortura, secuestro, lesiones, asaltos y delitos de connotación sexual. Así pretende dejar fuera las injurias, calumnias y estafa.
Este 30 de agosto el proyecto de ley que pretende modificar el Código Penal para establecer como circunstancia agravante aquellos delitos donde la víctima se encuentre embarazada volvió a discutirse en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
Esto se debe a que el pasado 30 de julio, después de su aprobación en general en la Sala de la Cámara baja -por 123 votos a favor y trece abstenciones-, la diputada Ximena Ossandón (RN) presentó una nueva indicación con el objetivo de especificar qué delitos quedan comprendidos en la norma y cuáles se excluyen.
Según la parlamentaria: “hay circunstancias en la vida en la que no tendría porque ser un agravante ciertos delitos por el hecho de estar embarazada. Por ejemplo, una estafa o injuria. Hay muchos delitos que están tipificados que no tendrían que recibir agravante”, argumentó.
Asimismo, este lunes la comisión de Mujeres y Equidad de Género determinó que delitos como las injurias, calumnias y las estafas quedarán fuera del proyecto, mientras que en crímenes como; tortura, secuestro, lesiones, asaltos y delitos de connotación sexual -como la violación, sí se aplicara la circunstancia agravante si es que la víctima se encuentra embarazada.
Dicho proyecto tiene como fin “proteger el valor de la maternidad y su especial consideración social junto con buscar la responsabilidad de los agresores”. Ya que según argumenta, la violencia hacia una embarazada mucho más grave, por el estado de vulnerabilidad de la persona gestante al no tener la misma fuerza y no poder defenderse como otras personas, entre otros aspectos.
En esa misma línea, la presidenta del grupo parlamentario, Maite Orsini (RD), explicó que la norma no se impartirá como “una agravante general para todos los delitos, sino que una forma de determinación de la pena distinta”. Es decir, que opera como una regla de aplicación de la pena.
Recordemos que la iniciativa ingresó el pasado 24 de marzo de este año por petición de las diputadas Ximena Ossandón, Karin Luck y Francesca Muñoz de Renovación Nacional; Nora Cuevas y María José Hoffmann de UDI; las independientes Érika Olivera y Virginia Troncoso; y la Demócrata Cristiana Joanna Pérez.
