BRAGA
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La iniciativa propone que aquellos que pertenezcan al listado se les retenga el sueldo con su empleador, se vea dificultado para acceder a créditos, la compraventa de vehículos o de bienes y la adquisición de pasaportes o de una licencia de conducir, entre otros. De esta forma, quienes no han cumplido el pago se verán en la necesidad de realizarlo.
En el marco de los retiros del 10%, en nuestro país se develó una dura realidad, que al menos 70 mil alimentarios -en su mayoría niños, niñas y adolescentes- no reciben la pensión de alimentos. Además, para julio del año 2020, se supo que el 84% de pensiones de alimentos estaban impagas. Deuda que a nivel nacional superó los 180 mil millones de pesos.
Fue en ese contexto que se presentó el proyecto de ley que modifica la ley Nº14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y que además crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Iniciativa que actualmente, pasó a su segundo trámite constitucional y fue despachada al Senado.
Durante su última instancia de revisión en la Cámara Baja, la Comisión de Hacienda concluyó la votación de las indicaciones que tiene por objeto facilitar y mejorar el sistema de pago de pensiones alimenticias y promover el principio de corresponsabilidad por el interés superior niñas, niños y adolescentes.
En tal oportunidad, se revisó una serie de observaciones e indicaciones con el fin de precisar aspectos como la preferencia del pago de las pensiones alimenticias por sobre otras deudas y solicitó una opinión de la Dirección de Presupuestos, al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio del Trabajo.
De ser aprobada dicha ley, inmediatamente se establecería una Comisión de Coordinación y Evaluación de este nuevo Sistema de Cumplimiento de Pensiones de Alimentos, para la puesta en marcha de este sistema, se establecería un sistema de incentivo para el pago. En esa línea, la pertenencia al mencionado registro le traería dificultades para acceder a un crédito, la compraventa de vehículos o de bienes, la adquisición de pasaportes o de una licencia de conducir, de modo que exista la necesidad de dar cumplimiento al pago de estas obligaciones.
Sumado a lo anterior, un juez ordenará al empleador del deudor o a quien tenga suscrito algún contrato con dicha persona, que retenga el dinero equivalente a la pensión que debe pagar. Monto que se restará en UTM. Además, se agregaron “pagos extraordinarios”, lo que será en la proporción que determine o apruebe el juez, para hacer frente a gastos médicos de urgencia, odontológicos, giras de estudio, entre otros, estableciendo que estos no sean imputados como el pago mensual de la pensión de alimentos.
