BRAGA
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Tras la revelación que el 84% de las pensiones de alimentos en nuestro país, se encuentran impagas y el escándalo relacionado a un candidato presidencial que adeudaba pensión de alimentos desde hace años, se presentó una moción con el fin de marginar a los condenados por delitos intrafamiliares y quienes se encuentren dentro del Registro de Deudores de Alimentos de cargos electorales.
En medio del debate por la creación de un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y tras la revelación de que el postulante presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, tendría deudas impagas por concepto de pensión alimenticia a sus hijos, desde el 2016 a la fecha, nació la idea de prohibir las candidaturas a cargos de elección popular a quienes tengan deudas alimenticias.
En esa misma línea, se argumentó en la sesión ordinaria que el 84% de las pensiones de alimentos en nuestro país, se encuentran impagas, afectando con ello a 72 mil niños y niñas. Es más, según una encuesta del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el 46% de las madres no vive con el padre de sus hijos, y de los que viven separados, solo el 35% contribuye a la mantención de los hijos.
La moción fue presentada por las senadoras Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes y Yasna Provoste. El objetivo de dicha iniciativa es marginar a los condenados por delitos intrafamiliares y quienes se encuentren dentro del Registro de Deudores de Alimentos de cargos electorales, de esta forma ser deudor pasa a ser un requisito formal para este tipo de instancias.
Ahora quienes integren la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deberán analizar las ideas matrices del proyecto y someterlo a votación dentro de las próximas semanas.
Sumado a las iniciativas anteriores, se presentó una moción para establecer como requisito para ser candidato a Presidente de la República, Senador y Diputado, el no haber sido condenado por delitos de Violencia Intrafamiliar (VIF), ni estar considerado en el Registro de Deudores de Alimentos.
El proyecto fue presentado por las y los senadores Marcela Sabat, Isabel Allende, Ximena Rincón, Rodrigo Galilea y Francisco Huenchumilla, quienes argumentaron que “hay otros delitos más allá de los que merecen pena aflictiva -con penas menores- que por su gravedad y connotación social debieran impedir que los condenados puedan de todas formas ser candidatos: nos referimos a los delitos relativos a la Violencia Intrafamiliar (VIF). Son tan graves, crudos y, en algunos casos, tristemente emblemáticos, que no es aceptable que un condenado por VIF intente llegar al Congreso Nacional, o para peor, a la Presidencia de la República”.
