BRAGA
La moción señala que el Estado reconoce que las personas con capacidad para menstruar son titulares del derecho a una gestión menstrual libre y digna. Por esto, debe apoyar, favorecer y promover políticas públicas que generen su adecuado ejercicio. Quienes se manifestaron en contra, criticaron que no se incluyera el concepto de “mujer” en el proyecto. Aseguraron que esto responde a una “ideología de género”. Paralelamente, solicitaron un informe financiero del costo que implicaría esta normativa.
Por 110 votos a favor, 24 en contra y 8 abstenciones la Sala de la Cámara de Diputadas/os respaldó la idea de legislar el proyecto que garantiza los derechos de las personas menstruantes (boletín 14577). Ahora, la iniciativa volvió a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género por ser objeto de indicaciones, una vez resueltas, continuará su proceso legislativo.
¿De qué trata el proyecto?
La moción señala que el Estado reconoce que las personas con capacidad para menstruar son titulares del derecho a una gestión menstrual libre y digna. Por esto, debe apoyar, favorecer y promover políticas públicas que generen su adecuado ejercicio.
Se detallan como obligaciones estatales: fomentar una buena salud y gestión menstrual, facilitar el derecho al acceso a productos menstruales sometidos a un control de calidad para garantizar su seguridad. Estos productos se deberán incluir dentro de los insumos requeridos para la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Otras obligaciones serán fomentar la implementación de programas para informar, veraz y adecuadamente, sobre la menstruación y sus vínculos con la salud. Además, establece el deber de facilitar la capacitación de profesionales de la educación sobre estos contenidos, entre otras obligaciones.
Durante el debate en la cámara, quienes votaron a favor valoraron que el proyecto se refiera a “personas con capacidad de menstruar”, para incluir de esta manera a los hombres trans y personas no binarias. De igual modo, destacaron el avance en equidad económica, al hacer que el Estado garantice el acceso a productos de gestión menstrual.
Quienes se manifestaron en contra, criticaron que no se incluyera el concepto de “mujer” en el proyecto. Aseguraron que esto responde a una “ideología de género”. Paralelamente, solicitaron un informe financiero del costo que implicaría esta normativa.
