Yo opino
Ante las denuncias investigadas y expuestas por la prensa, relativas a las esterilizaciones no consentidas en hospitales públicos de la Región Metropolitana y de otras regiones, realizadas a mujeres de diversas nacionalidades (chilenas, venezolanas, haitianas, peruanas y colombianas), organizaciones han levantado la voz para pedir que estas denuncias sean llevadas a la justicia. Esta es una realidad soterrada que al parecer ocurre de modo más frecuente de lo que teníamos noticia hasta ahora, a mujeres que tienen en común el pertenecer a los estratos socioeconómico más precarios, y que están expuestas a esta y otras expresiones de la llamada violencia obstétrica e institucional.
Así, una vez más el poder de decisión que cada mujer tiene sobre su cuerpo es vulnerado por el Estado a través de los equipos de salud y médicos de los hospitales públicos donde se han hecho las denuncias. En estas situaciones las mujeres afectadas no han sido consideradas como sujetos con derechos como paciente, a estar informada sobre las consecuencias de las intervenciones que se les plantean, sino reducidas al objeto de intervención del saber/poder médico que decide sobre ellas, sus cuerpos y sus proyectos de maternidad.
Con esta violación de sus derechos pierden sin previo aviso, o dado en condiciones en que no es posible para ellas tomar una decisión informada y voluntaria, la posibilidad de tener más hijos. Especial atención reviste el caso de las mujeres haitianas quienes en su mayoría no entienden el idioma, lo que resulta aún más crítico en una situación de alta tensión y vulnerabilidad, como es el trabajo de parto. Las consecuencias psíquicas de esta violencia institucional en ellas y en sus hijos/as, al enfrentarlas sin mediación a la pérdida abrupta y absoluta de la fertilidad, se pueden prever como duelos abiertos e inconclusos ante esta pérdida, así como tener efectos derivados del corte inesperado en la continuidad de la vida, propias de las experiencias traumáticas.
[cita tipo=»destaque»] El Estado está a tiempo para garantizar que se les devuelva a las mujeres la soberanía sobre sus cuerpos y estas violaciones de sus derechos no sigan sucediendo ni queden en la impunidad [/cita]
¿Pero cuál es el motor de estas intervenciones que deliberadamente transgreden los derechos de estas mujeres? Aún están por investigarse, pero con base en lo que informa la denuncia, de que se trata de mujeres pobres, avizoramos que se las considera como mujeres cuyos cuerpos no importan y a quienes se les puede intervenir para impedir su reproducción sin su consentimiento. Lo anterior, nos remite a las prácticas eugenésicas para la limpieza étnica que se han aplicado a lo largo de la historia en diversos lugares del mundo y de la que nos creíamos librados, pero de las que cada cierto tiempo tenemos noticia, como fue en nuestra región con mujeres indígenas en Perú durante la dictadura de Fujimori.
Además, se trata de mujeres migrantes respecto a quienes, como investigaciones académicas han documentado, circulan discursos que construyen imaginarios sobre su falta de apego durante la maternidad, sostenido en una atribución externa de “su cultura”, que sirve como fundamento de una imagen clasista y racista, con base en el cual se hacen interpretaciones de sus comportamientos, actitudes y acciones, como aquellas que llevaron a la muerte de Joan Florvil.
Ahora el Estado está a tiempo para garantizar que se les devuelva a las mujeres la soberanía sobre sus cuerpos y estas violaciones de sus derechos no sigan sucediendo ni queden en la impunidad. Ojalá no tengamos que esperar largas investigaciones internas y litigios judiciales de años que terminen en gestos simbólicos de reparación por parte del Estado.
