Reporte sobre actos de violencia contra la diversidad sexual: crímenes aumentaron un 79.6% antes de la pandemia

Desde una reforma profunda a la Ley N°20.609 o ‘Ley Antidiscriminación’, pasando por el desarrollo y aplicación real de una política nacional e institucionalidad especializada en la prevención, investigación, reparación, sanción contra los crímenes de odio y un plan de monitoreo, prevención  y respuesta ante estos hechos en el país, son solo algunas de las recomendaciones que entregó el Reporte de Política Pública sobre Crímenes de Odio Contra Personas del LGBTIQA+ presentado por Fundación Iguales.

La entidad que trabaja en la inclusión y reivindicación de los derechos de la comunidad de la diversidad realizó un análisis del marco legislativo vigente y entregó recomendaciones para disminuir la cantidad de casos.

“Estos actos de violencia a la comunidad de la diversidad deben ser estudiados desde un marco complejo con todos los factores sociales que inciden. Con este informe, intentamos dar luces de lo que ocurre en nuestra sociedad para que sean tan comunes los hechos de violencia. Somos enfáticos en esto: una persona que agrede a alguien de la diversidad es tan delincuente como cualquier otra persona que cometa ilícito”, afirmó la directora ejecutiva de Iguales, Isabel Amor.

Este estudio resulta de suma relevancia, sobre todo considerando que el reporte de crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ ha aumentado un 79.6% entre el 2015 y 2019, época prepandemia, lo que podría estar indicando un recrudecimiento de la violencia contra las personas LGBTIQ+ en el país.

Entre las principales recomendaciones que se encuentran en este informe, destacan:

1. Reforma a la Ley Antidiscriminación: el objetivo es cambiar el articulado que hace referencia a los crímenes de odio como una «circunstancia que agrava la responsabilidad criminal de quien los comete» (art. 17 de la ley N°20.609) para incluir el deber del Estado de prevenir y monitorear estos delitos, así como dar respuesta a su comisión, además de diversificar los mecanismos sancionatorios y reparatorios.

2. Política nacional e institucionalidad especializada contra los crímenes de odio: el objetivo es diseñar e implementar una política nacional que se posicione como una nueva institucionalidad que se enfoque en la prevención, investigación, reparación y sanción.

3. Plan de monitoreo, prevención  y respuesta ante los crímenes de odio en Chile: la recomendación es implementar, como parte de la política nacional contra los crímenes de odio, un plan de recopilación, análisis y difusión de datos relacionados con estos delitos, de esta manera, poder desde la evidencia establecer un modelo de prevención. También, coordinar y financiar una red de servicios dirigidos a cubrir las necesidades de las víctimas y testigos para finalmente mejorar la respuesta institucional, incluyendo estrategias para promover la denuncia de estos delitos, así como intervenciones para promover mejoras en la labor de las policías y el Ministerio Público.

Puedes conocer el informe completo aquí.