El costo invisible de sostener Chile

Durante los próximos cuatro años Chile definirá si la igualdad de género será un compromiso estable del Estado o si seguirá siendo un apéndice retórico de la agenda política. Las mujeres llegan a este nuevo ciclo con una paradoja incómoda: hay más normas y programas, pero su vida cotidiana continúa marcada por precariedad laboral, sobrecarga de cuidados y violencia, que golpean con más fuerza a las más pobres, las migrantes y otros grupos históricamente excluidos.

El primer desafío es la autonomía económica. Chile mantiene brechas salariales y segregación ocupacional, y el empleo informal se concentra en hogares donde las mujeres asumen la mayor parte del cuidado de niños, personas mayores y dependientes. Sin ingresos propios y con trayectorias laborales interrumpidas, cualquier promesa de igualdad se vuelve frágil. El próximo gobierno tendrá que asumir que reducir brechas, fortalecer la fiscalización y reconocer el impacto de los cuidados en la seguridad social es una condición básica para que las mujeres ejerzan plenamente su ciudadanía.

Al mismo tiempo, los cuidados dejaron de ser un asunto estrictamente privado. Chile envejece, las familias cambian y las redes informales se debilitan, mientras la organización institucional sigue descansando, en la práctica, en la disponibilidad gratuita del tiempo de las mujeres.  Los próximos años exigen avanzar hacia un sistema de cuidados con infraestructura, corresponsabilidad efectiva y marcos laborales que no penalicen la parentalidad, entendiendo el cuidado como inversión social y no solo como gasto.

Un tercer eje es la violencia de género, donde las cifras y la experiencia de las mujeres siguen mostrando un problema persistente que no se resuelve solo con normas penales. Se requiere articular prevención, educación, acceso a justicia y reparación, con presencia territorial suficiente y especial atención a niñas, adolescentes y mujeres mayores. Ninguna mujer debiera seguir enfrentada a la disyuntiva entre su estabilidad económica y su seguridad personal.

También sigue pendiente consolidar los derechos sexuales y reproductivos en la práctica cotidiana. Persisten brechas en acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, en información oportuna y en condiciones para que las decisiones sobre el propio cuerpo sean realmente libres e informadas, especialmente en contextos de pobreza o ruralidad.  En un país con desigualdades territoriales marcadas, hablar de derechos sin asegurar acceso efectivo equivale a aceptar ciudadanas con márgenes de decisión muy distintos.

Por último, los próximos cuatro años serán clave para afirmar la participación equilibrada de mujeres en los espacios de decisión, tanto públicos como privados. Aunque ha habido avances, la presencia femenina en altos cargos políticos, empresariales y gremiales sigue siendo menor, y los techos de cristal persisten.  Fortalecer la paridad y abrir espacios de liderazgo en áreas estratégicas como la transición ecológica, la tecnología o la economía del cuidado es indispensable para que las políticas incorporen de manera estable la experiencia y las prioridades de las mujeres.

Más que en nombres propios, el debate de fondo es si Chile está dispuesto a ajustar su organización económica, institucional y social para que las mujeres no sigan sosteniendo el país con trabajo poco visible y con costos personales desproporcionados. Esa es la conversación que el próximo período de gobierno tendrá la responsabilidad de encarar con datos, con realismo y con voluntad de largo plazo.