Las aprensiones fueron expresadas por la Asociación de Editores de Chile en una carta a la Presidenta Bachelet, en la que cuestionan su «posición ideológica, contraria a toda política pública en favor del libro» y por el hecho de representar -indican- los intereses de las grandes transnacionales en este ámbito.
A través de una carta, la Asociación de Editores de Chile, que reúne a 47 editoriales independientes, universitarias y autónomas del país, manifestó este lunes a la Presidenta Michelle Bachelet sus aprensiones por el nombramiento de Pablo Dittborn en el directorio del Consejo Nacional de Cultura.
En la misiva, la entidad gremial le señala a la mandataria «nuestra extrañeza y desazón por la designación, aclarando que «no es la persona del señor Dittborn la que nos preocupa, sino su permanente posición ideológica, contraria a toda política pública en favor del libro».
«Ha llegado a afirmar, parafraseando a quien dijera ‘la mejor política de comunicación es no tener política de comunicación’, que ‘la mejor política del libro es no tener política del libro'», indicó la asociación» agregando que él «ha sido en estos años el editor opositor por antonomasia a las políticas públicas en este ámbito, y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes».
La misiva agrega que Dittborn es gerente general en Chile de Random House Mondadori, «la multinacional más grande del mundo en el sector libro» y manifestó que, al hacer un paralelo con la industria del cine, «costaría mucho creer que en un país como Alemania, país de domicilio de los propietarios de la multinacional del libro referida, se designe en el máximo Consejo de generación de políticas en favor del cine europeo o alemán, a un alto ejecutivo de una empresa de Hollywood».
La Asociación de Editores de Chile lamentó que en el país a las transnacionales «se les dé aun más beneficios que los que ya tienen», aludiendo a cómo se gasta en Chile el presupuesto de compra de libros para las bibliotecas escolares en favor de las empresas extranjeras, «y en particular concentrándose en estos mismos grandes grupos».
Al respecto sostiene que «a pesar de la gravedad de esta situación, nuestra Asociación no ha conseguido una respuesta a nuestra petición de ser informados sobre montos y otros detalles de gastos en esta materia, petición formulada a la ministra del ramo que la ley obliga a satisfacer».
Asimismo, señala que «somos muchos los editores que durante años hemos trabajado sostenidamente junto a las instituciones públicas que se vinculan al ámbito cultural en favor de desarrollar nuestro país en este ámbito, articulando la acción de la sociedad civil».
«Hemos jugado un rol relevante en la elaboración de la Política Nacional del Libro y la Lectura, en la política cultural para el Bicentenario, en la demanda de reservas para la cultura en los tratados de libre comercio, en la aprobación y ratificación de la señalada Convención a favor de la Diversidad Cultural, en buscar políticas equilibradas en el ámbito de la propiedad intelectual -recuperando el sentido social del acceso al conocimiento-, en reponer el tema de la comprensión lectora como un elemento central para construir una democracia verdadera con ciudadanos con capacidad crítica, partícipes de su sociedad, y no simples consumidores», expresa la misiva.
Finalmente, la carta a la mandataria concluye que «el libro, más que cualquier otro bien, es instrumento y soporte fundamental para la educación y el desarrollo cultural, intelectual y científico de nuestro país y, por lo tanto, no puede quedar librado a la sola fuerza del mercado» y afirma que «cansa y frustra dedicar tantos esfuerzos desde la sociedad civil, en apoyo del proceso de contribuir al ‘gobierno ciudadano’, porque pareciera que para las autoridades no cuentan las ideas, ni el compromiso y el trabajo realizado, y que pese a todos los esfuerzos vence la complicidad con los grandes poderes del dinero y las transnacionales».
La misiva está firmada por toda la directiva de la Asociación, encabezada por su presidente , Eduardo Castro.
