CULTURA
La Corte Suprema revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones y ordenó acoger a tramitación el recurso de protección presentado por ambientalistas tras conocer que Alto Maipo contrató una empresa para que hiciera seguimientos y monitoreos de sus actividades.
Luego que un grupo de constituyentes rechazó el ciberespionaje que habría sufrido un grupo de activistas que cuestionan el proyecto hidroeléctrico de la empresa AES Andes, Alto Maipo deberá dar explicaciones ante la justicia, tras la presentación de un recurso de protección que primero fue rechazado pero que luego fue revocado por la Suprema sobre la base que los hechos descritos podrían estar vulnerando garantías constitucionales.
Recordemos que el grupo Ecoconstituyentes emitió un comunicado donde repudian las acciones de espionaje que tomó la empresa y recordaron la muerte de la activista Macarena Valdés con el fin de dejar en evidencia la falta de protección de defensores de causas ambientales.
Como se sabe, el medio digital Interferencia publicó una serie de informes que dan cuenta de los trabajos de infiltración y de espionaje hechos por Alto Maipo mediante un proveedor, en contra de Francisca María Fernández, María Jesús Martínez Leiva, Anthony Prior Carvajal y Maite Birke Abaroa, así como también, en contra de sus propios trabajadores.
Según la publicación, estos servicios clandestinos e ilegales incluían la presentación de informes semanales de posibles amenazas comunicacionales y operativas añadiendo que «además de recibir reportes sobre lo que pasa en línea, Alto Maipo obtuvo por este servicio direcciones particulares, números telefónicos, el RUT y distinta información de contexto –como ocupación, pareja y antecedentes políticos– de ambientalistas y opositores al proyecto».
En uno de esos informes se afirma que existen grupos ambientalistas que operan bajo el marco legal; otros, fuera del marco legal y una tercera categoría que lo hace en ambas dimensiones y advierte que estos dos últimos grupos deben ser parte del monitoreo y seguimiento constante porque «podrían realizar actos de ecoterrorismo».
A raíz de estas acciones de espionaje las personas afectadas presentaron un recurso de protección que fue rechazado por la Corte de Apelaciones; fallo que luego fue revocado por la Corte Suprema sobre la base que los hechos descritos podrían estar vulnerando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la carta fundamental. Los afectados en su escrito alegaron atropello al derecho de respeto a la vida privada y protección de los datos personales y a su integridad psíquica.
Ésta es la primera vez que se cuenta con evidencia sobre el trabajo de una empresa de Aes Gener Corporation en Chile que da cuenta de operaciones pagadas, clandestinas e ilegales en contra de opositores a uno de sus más cuestionados proyectos, la hidroeléctrica Alto Maipo, que en sus 10 años de construcción ha intervenido la precordillera metropolitana y que, hoy además, se encuentra en quiebra.
