CULTURA|OPINIÓN
Luego de finalizado el trabajo de la Convención y si su propuesta es aprobada en el plebiscito de salida, es muy probable los derechos culturales y patrimoniales constituyan un componente cardinal de la nueva Carta Magna que regirá la convivencia nacional. En este escenario, es imprescindible contar un ministerio robusto, con una estructura orgánica claramente definida y con la musculatura necesaria para construir un proyecto cultural, artístico y patrimonial en conjunto con la sociedad civil que sea capaz de hacer realidad los amplios derechos en este ámbito que seguramente serán consagrados en la Constitución del Chile del siglo XXI.
A poco más de un mes del cambio de mando, el actual gobierno afronta los desafíos naturales del proceso de instalación de toda nueva administración: seleccionar y nombrar a las autoridades que tienen el deber de interactuar con la ciudadanía y priorizar las principales acciones y políticas a implementar en un primer momento, lo cual requiere de una adecuada lectura del contexto político, económico y social, considerando que el país atraviesa por un clima de alta efervescencia, grandes expectativas de transformación estructural de la sociedad y un panorama económico complejo.
Como cualquier otra esfera de acción, el sector cultural y patrimonial no está exento de estos retos, enfrentando además algunas particularidades que pudiesen hacer más ardua la puesta en marcha gubernamental. Se trata de debilidades internas de la institucionalidad cultural y patrimonial y también factores contextuales específicos de este campo.
Entre las primeras, hay una situación que llama poderosamente la atención: actualmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio aún no culmina de manera definitiva su propio proceso de instalación, pese a que ya han pasado más de cuatro años desde la promulgación de la ley que creó esta institución, al terminó de la segunda administración de la Presidenta Bachelet. Esta iniciativa unificó en un organismo los ámbitos de la cultura, las artes y el patrimonio, cuestión que representaba un anhelo histórico de estos sectores y que buscaba darles un mayor peso institucional al interior del Estado.
Hoy en día, sin embargo, el nuevo ministerio carece de un reglamento orgánico, instrumento normativo que define las unidades que lo componen y sus respectivas funciones, lo que da cuenta de una desidia inexcusable del gobierno de Sebastián Piñera.
Como explicó la nueva ministra, Julieta Brodsky, en una reciente entrevista en el portal de la radio de la Universidad de Chile, este reglamento indica “cuál va a ser la función que va a tener el gabinete de la Ministra, cuál va a ser la función que cumplirá la Subsecretaría del Patrimonio, la Subsecretaría de las Culturas, el Servicio del Patrimonio y, dentro de estas instituciones, qué divisiones existirán, cuántas serán, dónde se ubicarán, etc. Entonces, obviamente es un documento muy importante”.
Esta debilidad institucional de la principal entidad pública encargada de diseñar y ejecutar las políticas culturales y patrimoniales de Chile se experimenta en medio de una coyuntura de gran complejidad para este sector, unos de los más afectados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID 19. Para enfrentar esta crisis, las nuevas autoridades gubernamentales han anunciado medidas que buscan aumentar los aforos para actividades culturales y artísticas y la implementación de un bono para las y los trabajadores de las artes y la cultura.
Se trata, sin dudas, de acciones concretas que apuntan en la dirección correcta, pero que necesariamente deben ir acompañadas de lineamientos estratégicos que permiten dibujar un relato global del quehacer gubernamental en el campo cultural y patrimonial, que haga sentido a una opinión pública que tiene altas expectativas en torno al rol democratizador y de integración social que juegan la cultura, las artes y el patrimonio.
Lo anterior se hace evidente al observar el protagonismo que han alcanzado las temáticas culturales y patrimoniales en el actual proceso constituyente. Luego de finalizado el trabajo de la Convención y si su propuesta es aprobada en el plebiscito de salida, es muy probable los derechos culturales y patrimoniales constituyan un componente cardinal de la nueva Carta Magna que regirá la convivencia nacional.
En este escenario, es imprescindible contar un ministerio robusto, con una estructura orgánica claramente definida y con la musculatura necesaria para construir un proyecto cultural, artístico y patrimonial en conjunto con la sociedad civil que sea capaz de hacer realidad los amplios derechos en este ámbito que seguramente serán consagrados en la constitución del Chile del siglo XXI.
