CULTURA|MEDIOAMBIENTE
En total, la empresa Antofagasta Railway Company arriesga hasta $19 mil millones en posibles multas. Un cargo se considera gravísimo por responder requerimientos de información a la SMA de manera deficiente, tras un incidente con ácido sulfúrico transportado por el ferrocarril.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio contra Antofagasta Railway Company PLC, titular del proyecto de transporte de ácido sulfúrico por la línea principal del Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), que una la zona de Mejillones y Altonorte, hasta la Minera Spence. En total, puede transportar 2,5 millones de toneladas al año.
En este caso, se le imputan a la empresa 5 cargos: uno leve, tres graves y uno gravísimo. En total, la empresa arriesga una multa de hasta 26.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $19.484 millones, y también la clausura temporal o definitiva, y hasta la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), según la Ley Orgánica de la SMA.
Entre las infracciones destaca la detección fallas en la vía, sin que se realizaran acciones de mantenimiento correctivo con anterioridad a un incidente de descarrilamiento de tren de 31 de marzo de 2020; no realizar la mantención de los carros estanque de ácidos cada 32.000 km; y la respuesta deficiente e incompleta, de requerimientos de información realizados por la SMA a la empresa.
La Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explica que “en este caso, la empresa habría gestionado de manera deficiente su programa de mantenimiento ya que, pese a que contaba con información sobre desperfectos en las vías, no implementó labores correctivas para solucionar los defectos identificados. Lo anterior, es un riesgo, principalmente, debido a la cercanía que tiene la vía férrea con las zonas pobladas de localidades como Baquedano y Sierra Gorda, y por esto se estima que es una infracción de carácter grave”.
Tras la notificación de esta formulación de cargos, la empresa ferroviaria tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) y de 15 días hábiles para formular sus descargos tras la notificación del presente sancionatorio.
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