Contraloría audita a instituciones marítimas por no gestión de Estrategia Nacional de Residuos

La Contraloría General de la República (CGR) auditó la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos, aprobada en 2021 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para coordinar la acción de distintos organismos públicos en esta materia.

El objetivo principal de la estrategia es articular la política pública nacional en torno a la gestión de los residuos marinos y microplásticos, proporcionando los lineamientos nacionales para enfocar la gestión, fomentar la coordinación y coherencia de las acciones de los diferentes sectores con competencia.

La fiscalización, contenida en el Informe Final N° 129 de 2026, examinó la ejecución del plan de acción asociado a la estrategia, incluyendo contrataciones, pagos, viáticos, coordinación interinstitucional y cumplimiento de las actividades comprometidas para el período 2021-2030.

Entre los principales hallazgos, la CGR advirtió que la Subsecretaría del Medio Ambiente no acreditó contar con procedimientos, lineamientos o directrices para monitorear el avance de las acciones comprometidas. Como consecuencia, a marzo de 2026 no disponía de información sistematizada sobre el cumplimiento de los objetivos, situación que podría afectar la planificación, el control y la toma de decisiones en esta materia.

“La auditoría constató que la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) no acreditaron gestiones para promover programas de prevención, recolección, valorización y disposición adecuada de residuos marinos, ni para difundir experiencias desarrolladas por el sector privado y la sociedad civil. Tampoco se verificó la definición de acciones concretas para cumplir este objetivo, cuyo plazo de implementación comenzó en 2022”, señala un comunicado de Contraloría.

“La revisión, desarrollada por el Departamento de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación CGR, también detectó escasos avances en la identificación de productos del sector pesquero y acuícola que podrían incorporarse al régimen de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), establecido en la Ley N° 20.920. Del mismo modo, se observó la ausencia de acciones concretas orientadas a impulsar la economía circular en caletas pesqueras y reducir la generación de residuos plásticos marino”, agregaron desde contraloría.

Otra observación apunta a que la Subsecretaría del Medio Ambiente no realizó las capacitaciones semestrales comprometidas para servicios públicos, municipios, docentes y estudiantes sobre prevención e impactos de los residuos marinos, ni contaba con una planificación que permitiera implementar esta medida, prevista desde 2022.

Desde el Ministerio de Medioambiente indicaron: “Efectivamente el informe N° 129-2026 llegó al ministerio, se hizo una revisión en profundidad con las áreas respectivas para dar la respuesta correspondiente en el plazo entregado por contraloría”.

La Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Medio Ambiente elaborar y remitir, en un plazo de 60 días hábiles, procedimientos y directrices que permitan fortalecer la planificación, supervisión y seguimiento de las actividades contempladas en el Plan de Acción de la Estrategia. Además, deberá informar las coordinaciones realizadas y la planificación para ejecutar las actividades pendientes.

Por su parte, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberá acreditar la elaboración del informe técnico comprometido y reportar los avances asociados al cumplimiento de las acciones programadas para 2026.

En tanto, Directemar tendrá que identificar brechas, evaluar las actividades ejecutadas y reportar las medidas adoptadas para avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos por la estrategia.

La auditoría también detectó observaciones en procesos de pago relacionados con actividades de difusión y capacitación. Por ello, la Subsecretaría del Medio Ambiente deberá ajustar sus procedimientos, fortalecer los mecanismos de control y acreditar la incorporación de los antecedentes faltantes en los expedientes respectivos.