Gane Kast o Jara, se vienen cuatro años malos para la ciencia chilena

La elección presidencial en curso es, posiblemente, la peor para la ciencia chilena desde el retorno a la democracia. Por un lado está un candidato que no ha mostrado el más mínimo interés por el desarrollo científico del país. En rigor, la ciencia se encuentra prácticamente ausente del programa de José Antonio Kast. Hay apenas una mención genérica a la colaboración academia-industria y a la investigación aplicada, que no va acompañada de medidas concretas. La pobreza de su programa en esta materia no debiese extrañarnos: primero, Kast se ha encargado de manifestar con insistencia que su interés está en apenas un puñado de temas —inmigración, seguridad, crecimiento económico— y que todo lo demás se abordará en la medida de lo posible; segundo, líderes que podríamos asociar a cierta derecha, y que se han instalado en el poder en tantos países en los últimos años, no se han caracterizado precisamente por su apego al desarrollo científico. En cualquier caso, cabría esperar que un eventual gobierno de Kast debilite fuertemente la institucionalidad científica, ya sea fusionando la cartera ministerial con otras (por ejemplo, bajo la figura de un bi o triministro) o derechamente eliminando un ministerio cuya creación tomó tantos años de trabajo.

Por otro lado está una candidata que insiste en una visión de la ciencia brutalmente economicista. En el programa de Jara la ciencia vuelve a ser vista como un factor meramente productivo. Basta revisar el lugar que tiene la ciencia en su programa (es parte de sus «bases económicas»), y en especial los dos primeros párrafos de su sección de ciencia: «En un mundo donde los desafíos sociales y económicos son cada vez más complejos, la generación de conocimiento especializado para las necesidades productivas y la aplicación de soluciones innovadoras se convierten en herramientas fundamentales para la transformación estructural de nuestra economía. La Investigación, Desarrollo, Innovación y el Emprendimiento (I+D+i+e) no solo genera nuevos conocimientos y tecnologías, sino que también mejora la eficiencia de los procesos productivos. Como la evidencia internacional lo indica, impulsar decididamente esta agenda es una condición necesaria para elevar la productividad de nuestra economía, creando oportunidades rentables de inversión y, en definitiva, elevando nuestra capacidad de crecimiento de largo plazo y creación de empleos de calidad». Las cursivas son de mi autoría y buscan subrayar el evidente sesgo economicista del programa en este punto. En la visión de Jara —o de su comando, o de algún equipo de investigadores que redactó esta sección—, nuestro interés por investigar no es una manifestación cultural de una nación, ni una expresión de la libertad de indagación, ni un rasgo propio del ser humano. Es, ante todo, un factor productivo que el Estado debe orientar planificadamente, para la soñada «transformación estructural de la economía». La mejor muestra de esta visión la dio la propia Jara en el último debate de ANATEL cuando, viéndose enfrentada a la obligación de elegir entre ciencia y producción, eligió lo segundo, al privilegiar el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde INNA por sobre la protección de los cielos del norte para la astronomía.

Este discurso economicista y utilitarista no es nuevo. Lo escuchamos hasta el agotamiento durante la administración del exministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar, misma que —vale la pena recordar— culminó con más pena que gloria tras apenas un año. Sin embargo, este discurso se arrastra al menos desde hace dos décadas, con la creación del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, y cuya primera sugerencia fue enfocar los esfuerzos nacionales en I+D en los llamados «clusters». En esa época, cabe recordar, una élite de economistas insistía en que la investigación chilena debía tener justificación productiva y en que los científicos debían «orientarse» hacia los «reales problemas» del país. De ahí pasamos a los laboratorios naturales, luego a los retos para el desarrollo, y más recientemente a las misiones y desafíos. ¿El resultado? Una ciencia chilena crecientemente competitiva, cada vez más subfinanciada, con trayectorias profesionales desperdiciadas por la falta de oportunidades, y con un evidente fracaso en el afán de «transformar estructuralmente nuestra economía». 

Desde luego, es valioso que el programa de Jeanette Jara presente una propuesta específica para la ciencia, que incluye 16 medidas, de las cuales al menos nueve tienen una evidente orientación productiva (de las restantes siete, ninguna aborda la ciencia básica, y algunas son reiteraciones de medidas ya impulsadas o discutidas en el ambiente académico). No obstante, en ningún caso se ofrecen planes concretos, lo cual es más evidente en la propuesta de avanzar hacia el anhelado 1% del PIB en I+D: dicho aumento será tanto público como privado, sin detallarse cómo se incentivará al sector privado a aumentar su gasto en investigación, ni cuál es la proporción esperada, ni cómo se financiará la parte del Estado, ni con qué gradualidad. 

¿Cuál de estos dos escenarios es el «menos malo» para la ciencia? ¿El economicismo brutal del programa de Jara, o el abandono del programa de Kast? Tal vez no sea exagerado asegurar que los próximos cuatro años serán los peores que habrá vivido la ciencia chilena desde el retorno a la democracia. Y es que nuestra ciencia vive una crisis estructural y financiera sin precedentes en las últimas décadas: crónicamente subfinanciada pese al aumento sostenido del número de investigadores, con fondos cada vez más competitivos; exigencias delirantes de productividad científica; un negacionismo científico que cada vez gana más fuerza a nivel mundial; y un sector universitario (cabe recordar que la mayor parte de la ciencia en Chile se hace en las universidades) que vive un proceso de transformación acelerado, y que deja cada vez menos tiempo a los investigadores para hacer ciencia de calidad. Ni Kast ni Jara parecen advertir esta crisis, ni menos ofrecen medidas para abordarla siquiera en parte. 

La comunidad científica, en especial, tiene una responsabilidad de mirar más allá del temor de la elección del próximo 16 de diciembre. No podemos caer en el error de firmar un cheque en blanco —por ejemplo mediante cartas de apoyo— ni de esperar que discursos extremistas se vayan a matizar durante un eventual gobierno porque «otra cosa es con guitarra». Debemos exigir un cambio de mirada, pues es insensato insistir en visiones de la ciencia economicistas o negacionistas, que no contribuirán a resolver nuestros problemas políticos, sociales y económicos más apremiantes.