¿Podría Miguel Ángel postular El David al Fondart?

Así como leer y escribir se asumen hoy como habilidades básicas para vivir en sociedad, comprender una película, un libro, una canción o una obra artística, también requiere ciertas competencias mínimas. Una de ellas es no confundir la realidad con la ficción. Puede parecer obvio, pero se cuenta que los primeros espectadores de la filmación de un tren llegando a una estación creyeron que serían atropellados.

También es preciso, no confundir al interprete con el personaje, aunque de tanto en tanto aun sepamos de algún actor increpado en la vía pública por interpretar al villano de una teleserie. En la misma línea es importante distinguir el tema de una obra con su propósito y no asumir, por ejemplo, que abordar determinados contenidos equivalga a promoverlos.

En 1857, Gustave Flaubert fue llevado a juicio por atentar contra la moral y las buenas costumbres con su novela Madame Bovary. Ni siquiera el hecho de que la protagonista infiel terminara suicidándose con arsénico, disuadió a los acusadores de que la obra era un panfleto a favor del adulterio.

Efectivamente, que el contenido de una obra no es la obra, sino apenas uno de sus componentes y que representar algo no significa necesariamente promoverlo, son parte de las distinciones mínimas necesarias en el campo artístico.

Podría parecer innecesario recordarlas a estas alturas del siglo XXI, pero a la luz del proyecto de ley (boletín 18622-24) presentado por parlamentarios republicanos que se discute actualmente en la comisión de cultura, se vuelve pertinente hacerlo.

La iniciativa busca establecer requisitos de elegibilidad para el acceso al financiamiento estatal de actividades con contenidos relacionados con “la pornografía o explotación comercial de contenido sexual explicito”. Este proyecto de ley es una extensión de lo que el gobierno ya inició en el Ministerio de las Culturas, al incorporar en las bases de los fondos concursables en su convocatoria 2027 la exclusión de proyectos relacionados con “pornografía” y “violencia extrema”.

En ambos casos se cae en el mismo error de base: creer que el contenido hace a la obra. Es decir, si se habla de pornografía la obra ES pornografía y, por lo tanto, se le está promoviendo.

Bajo esa idea una canción como “Sexo” de Los Prisioneros, que habla de desnudez, consumo sexual y comercialización de cuerpos, indicando explícitamente que el sexo es “el mejor gancho comercial”, no podría ni asomarse a los fondos concursables. Claro, la sátira ya requiere un nivel de alfabetización mayor.

Pero los autores del proyecto, los diputados Cristóbal Urruticoechea y Javiera Rodríguez, son más creativos y amplían aún más el concepto de espectáculo pornográfico. La iniciativa lo entiende como “toda actividad que incluya la exhibición explícita de actos sexuales reales o simulados, órganos genitales o conductas de contenido sexual y/o actos individuales o colectivos que representen actos eróticos y/o de connotación sexual”.

Bajo este generoso paraguas, Miguel Ángel quedaría de plano inhabilitado para presentar su David al Fondart, porque -como se recordará- los órganos genitales del personaje bíblico no fueron tapados por ninguna hoja de parra. Lo mismo con La Perla del Mercader de Francisco Valenzuela Puelma, en donde una mujer completamente desnuda es ofrecida al mejor postor (¡genitales y comercio sexual!). Tampoco podríamos asegurar que pasaran la primera etapa de elegibilidad algunos de los poemas de Gonzalo Rojas o de Pablo Neruda.

Chile ha construido parte importante de su sistema de financiamiento cultural sobre mecanismos que buscan establecer una distancia entre la autoridad política y la decisión artística, para evitar que las obras o actividades terminen supeditadas a las preferencias a intereses del gobierno de turno.

El principio conocido como arm’s lenght supone que el Estado define presupuestos, criterios generales y procedimientos, pero evita decidir qué obras merecen existir o cuáles son los contenidos aceptables. La decisión se la entrega a especialistas externos que, entre otros requisitos, cuentan con las competencias necesarias para evaluar una propuesta en sus propios méritos.

La iniciativa, en cambio, pretende que sea el legislador a través de una normal general determine de antemano la valoración de una obra antes de que exista, tomando como único criterio su temática.

La moción justifica esta intervención apelando a que “se han generado debates públicos respecto del financiamiento estatal de determinadas actividades artísticas o espectáculos que incorporan contenidos de naturaleza explícitamente erótica o pornográfica”.

Una rápida revisión de la prensa muestra que las mentadas polémicas fueron principalmente levantadas justamente por los autores del proyecto. Conceptos como “culo” “erotismo” o “disidencias” se arguyeron como pruebas de que estábamos ante la presencia de pornografía financiada con plata de todos los chilenos.

Estamos frente a un proyecto que pretende solucionar un problema cuya existencia y magnitud no logra demostrar; que confunde elementos básicos del campo artístico y que, valga decirlo, exhibe una pacatería digna de aplauso.